UG: las furias del apego al poder
Solo aquí donde el gobierno ha llegado a grados de decadencia escandalosos, se pueden observar escenas que podrían ser materia de sesudos análisis de la psiquiatría del poder: por un lado, Diego Sinhué Rodríguez, quien no ha movido un solo dedo para combatir la corrupción en su sexenio y que luego de heredar de Miguel Márquez un estado agobiado por un cartel delincuencial local; al final de su mandato, lo entregará bajo el control de otro cartel delincuencial, pero transnacional, este gobernador (que sostengo, llegó inmaduro y a destiempo a esa responsabilidad) envuelto en la nostalgia por irse, derrama lágrimas de sensiblería en un acto público mientras llena su boca de floridos elogios para un Fiscal, que a su vez, destina recursos humanos y materiales para secundar las furias de su amigo, un ex rector universitario, cuyas caminatas tempranas junto a su escolta en las inmediaciones del nuevo acceso Diego Rivera, tal parece que no le han oxigenado las turbulencias internas desatadas por su apego al poder y por terminar su rectorado en el naufragio irreversible de su imagen pública. Al grado de entregar el cargo -a la sucesora que impuso- a hurtadillas y blindados por guardias privados. Desprovisto el cierre formal de su ciclo del glamour y algodones en los que se solaza la élite universitaria.
Aunque formalmente jubilado, en los corrillos universitarios se describe cómo Luis Felipe Guerrero Agripino, está convertido en los hechos en un rector de facto, con tanto margen de maniobra y tantas redes de incondicionales como en su tiempo las tuvo Juan Carlos Romero Hicks. Y no se requiere mucha sapiencia periodística para dilucidar cómo su enojo por los sucesos al final de su rectorado ha sido transmutado en tema judicial “de alto impacto” por Carlos Zamarripa, quien en ese tablero político ya ha mostrado traer cartas marcadas.
Cual escena del Chile pinochetista o de los delirios autoritarios de Díaz Ordaz en 1968, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, ha notificado a los estudiantes Rodrigo Rivera Beltrán, Ignacio Antonio Morales Castillo, Desiree Vázquez Pellón, Frida Lucia Trejo Estrada, Alonso Charbl Díaz Herrera, Varelia Yirel López Olmos y Armando Herrera Navarrete, que deberán comparecer a audiencia pues son acusados del delito de daños a edificio públicos y bienes con valor artístico e histórico en agravio de la Universidad de Guanajuato, todo esto derivado de una carpeta de investigación.
Los hechos que les imputan habrían sucedido el pasado septiembre, en el contexto de la designación de la nueva persona titular de la rectoría general, cuando un pequeño grupo de estudiantes se instaló durante 22 días en el vestíbulo, así como en las oficinas del rector Guerrero Agripino y de la entonces secretaria particular Ma. Dolores Gallegos, ubicadas en el edifico central de la universidad. Ha trascendido que se les acusa de daños a objetos que forman parte de la decoración del sitio, todo esto suscitado en el marco de una protesta que, aun siendo minoritaria y no exenta de las sombras de algunos actores políticos, se sustentaba en el derecho a la libre manifestación y en argumentos legítimos respecto a la manipulación unipersonal de la designación del nuevo titular.
La vocación autoritaria de la derecha…
Por meras circunstancias coyunturales, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez y la candidata de su partido, Libia García, por estos días no están en sintonía con los mandones actuales de la universidad, pero este affaire judicial remite al ADN represor y autoritario de la derecha guanajuatense que, incluso, ya en otras situaciones ha recurrido al estigma legal de tipificar como “terroristas” a quienes contravienen el establishment. Solo que, a esa paranoia clasista, de por sí enfermiza, en este caso se agrega un ingrediente de encono y perversidad personal con cargo al erario público,
pues se sabe que este afán de dar un escarmiento, por haber aguado la fiesta, que se puede leer entre líneas en la acusación a los jóvenes, es representado por la firma legal “González. Sierra. Arredondo y Sujo”, los mismos que facturan en causas tan diversas como la ofensiva contra los Villarreal lanzada por el gobierno del alcalde priista de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, como igualmente cobran en la Universidad de Guanajuato por defender el indefendible allanamiento de Correo, o se sacan de la chistera acusar a este mismo medio de secuestro en esa irrupción furibunda a sus oficinas.
Una figura clave de este entramado de marrullerías legales es Carlos Zamarripa. Solo por su conocida amistad con el ex rector Luis Felipe Guerrero Agripino, puede entenderse esa contaminación de la ley con bilis personales, y que se eleven a rango delincuencial saldos de una razonable inconformidad estudiantil.
Sin menoscabar la importancia del patrimonio cultural e histórico, pero todo puesto en su justa dimensión, en este caso, los extremos son muy reveladores de la perversidad que entraña esta intentona autoritaria: mientras al estado de Guanajuato lo devora la delincuencia, la impunidad, el consumo de drogas, (estamos en el top de homicidios dolosos, de desapariciones y de las ciudades más violentas), atendiendo a sus afectos íntimos el Fiscal despliega personal especializado en “delitos de alto impacto” para librar una épica batalla por defender la dignidad de un cuadro religioso del siglo XVII que decora las oficinas de la rectoría universitaria.