Vales a discreción

1. Vales a discreción

El hecho de que los programas sociales del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se estén financiando con deuda, pareciera que los convierte en propiedad para uso y disposición de la burocracia, sin el menor parámetro amén de las endebles y abstractas reglas de operación.

Al menos así fue con el caso de los llamados Vales Grandeza, una estrategia que motivó discusión y controversia en el proceso electoral intermedio de 2021, por su posible uso con fines electorales.

Ahora sabemos que lo que encerraron es un uso injustificado y completamente arbitrario, tanto así, que entre sus beneficiarios hay funcionarios y proveedores.

Primero habría que destacar que, el hecho de que esta información se dé a conocer hasta estas alturas del año, obedece al retraso en la liberación de las revisiones ordinarias que carga la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a cargo de Javier Pérez Salazar, que precisamente provocaría que estos hallazgos adquieran un cariz político partidista.

En primera instancia, es de destacar el número de funcionarios y proveedores de gobierno beneficiarios de los Vales Grandeza. Se trata de 799 nombres que simplemente se volvieron injustificables cuando la propia ASEG solicitó su información al Secretario de Finanzas Inversión y Administración (SFIA), Héctor Salgado Banda.

Ojos con los patrones. El hecho de que se hayan detectado 28 proveedores y 771 funcionarios públicos de la administración estatal y diversos gobiernos municipales, habla de un esquema de uso que simplemente no se pueden encuadrar en la regla.

“Las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar, cuenten con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias”, reza la premisa del programa.

No obstante, aún hay datos por investigar para la ASEG, pues en la misma revisión que Correo hizo de los beneficiarios, no empatan los salarios declarados y los que se detectan en la Plataforma Nacional de Transparencia, de ahí que extrañe la otra respuesta oficial a la auditoría, en la que se adujo que no se exhibirán recibos de nómina por respeto.

Un verdadero enredo que esconde discrecionalidad manifiesta. Un caso inoportuno que hace cuestionar el uso que ahora se le dará a la tarjeta Mujer es Grandeza, que precisamente fue lanzada este año con recursos de libre disposición.

 

 

2. Se prende sucesión rectoral en la UG

El intervencionismo del rector de la Universidad de Guanajuato (UG) Luis Felipe Guerrero Agripino en el proceso para elegir a su sucesora o sucesor, ya ha motivado una manifestación inédita de tres de los cinco aspirantes registrados, justo a días de que el Consejo General Universitario dicte o no la procedencia de sus perfiles.

Se trata de sendas cartas firmadas y entregadas ayer por la rectora del campus Guanajuato, Teresita Rendón Huerta, el rector del campus Irapuato-Salamanca, Armando Gallegos Muñoz, y el rector del campus León, Carlos Hidalgo Valadez, que tienen efectos concretos que van directamente a la médula del conflictuado proceso.

En el contenido textual de la primera misiva, se acusa directamente a la secretaria general de la UG, Cecilia Ramos Estrada, de “operar políticamente” a favor de Claudia Susana Gómez López, quien es señalada como la aspirante que cuenta con el beneplácito del rector.

La segunda carta hace el mismo señalamiento a Guerrero Agripino, pero agregaron el apoyo institucional mediante la dirección de comunicación a cargo de Rodrigo Nájera Trujillo, de la propia Ramos Estrada, del director del Colegio Medio superior, Merced Rizo Carmona “y de algunos otros funcionarios que en su momento daremos a conocer”.

El efecto de denuncia es la exigencia para pedir una medida correctiva y por tanto necesaria para dar certidumbre al proceso: la recusación del rector y de la secretaria general del proceso.

Estos oficios también otorgan un ágora de protección de los aspirantes, sobre todo de cara a la sesión del Consejo General Universitario –al que dirigieron las posturas con copia para la Junta Directiva- en la que se deliberará la procedencia de sus registros como participantes. Si se pretende descalificarlos con alguna argucia, tendrán que repensarlo.

De manera que finalmente la burbuja estalló y el proceso de sucesión de la rectoría general ha entrado oficialmente en crisis, sin duda provocada por los excesos de una cúpula universitaria que se ha negado vehementemente a abandonar sus posiciones y prebendas de privilegio.

 

 

3. Irapuato: persecución innecesaria

¿Cuál es el costo político que el gobierno de Lorena Alfaro García está dispuesto a cubrir por perseguir penalmente a feministas?

No se trata de un cálculo cualquiera, pues se trata de aquilatar los daños materiales pasajeros en la presidencia municipal, frente al escándalo nacional que provocaron los abusos policiales cometidos aquel 1 de mayo de 2022.

Ya pasó un año de aquella intervención descontrolada que terminó con 30 mujeres detenidas, cuyos casos quedaron en nada pues las acusaciones no tuvieron fundamente, frente a la actuación desproporcionada de las y los policías que, como quedó asentado, cometieron abusos, tortura y amenazas en su contra.

Por eso llama la atención que el síndico del Ayuntamiento, Alfredo Méndez Montes, haya confirmado que sigue abierta la causa penal por los daños, incluso que presentaron las pruebas ante el Ministerio Público, pero aún no resuelve ni judicializa el caso.

¿No convendría cerrar el capítulo? Con tantos fierros en la lumbre, el gobierno de Lorena Alfaro bien podría repensar un asunto que mucho ruido hace y muy poco resuelve.

 

 

4. Derecho de réplica

A esta redacción llegó una solicitud de derecho de réplica de parte del gobierno municipal de San José Iturbide que encabeza la panista Cindy Arvizu Hernández, relacionado con el comentario realizado en este espacio el pasado 20 de julio, sobre la solicitud expresa a funcionarios de la administración para reportar sus cuentas personales de redes sociales.

El director de Comunicación Social, Juan Osvaldo Hernández Morales, precisó que dicha solicitud de las cuentas personales de Facebook de los funcionarios públicos para ser fiscalizadas, fue emitida en autonomía por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Nunca se giró instrucción ni verbal ni por escrito para tal solicitud por parte de la dirección de Comunicación Social, ni del titular señalado, Juan Osvaldo Hernández Morales”.

Aseveró que la solicitud emitida por el Secretario de Seguridad Pública Municipal fue únicamente para trabajadores de su corporación.

“La función de la dirección de Comunicación Social es únicamente emitir y comunicar puntualmente las acciones que el Gobierno Municipal ejecuta en favor de la ciudadanía, así como anuncios, convocatorias, planes y programas dirigidos a la población; iría en contra de la ley promocionar únicamente la imagen de la Alcaldesa”, apuntó.

Así que de acuerdo con esta versión, fue Edgar Martínez Méndez quien solicitó las cuentas de sus subordinados que, de acuerdo con el oficio girado, las entregaría “ya que se está revisando nuestra participación en la difusión de notas informativas sobre el trabajo y los logros que está teniendo esta administración”. Aclarado el punto.

 

 

CONTRA RETRATO

Gerardo Fernández González

De acuerdo a la tradición política del Partido Verde en Guanajuato, él es el próximo a tomar la alternativa para representarlos. A veces es en la dirección del partido, otras en posiciones clave como diputado o regidor, está vez será como su posible candidato a la gubernatura.

Gerardo Fernández González es quien perfila el Verde como su candidato de no afianzarse la alianza electoral con Morena, una posibilidad abierta a decir de su Secretaria de la Mujer del Comité Estatal, Norma López, que sin duda alguna ratificó la postura expresa de su dirigente estatal Sergio Contreras Guerrero.

¿Qué pretenden al destaparlo públicamente con tal anticipación? Sin duda alguna buscan presionar a Morena, cuyos liderazgos saben que hay una previsión para coaligarse pero que apenas inician el trabajo político para asentar un método confiable para todos. Así que mientras Morena está en su mundo, los verdes se previenen.

Esa característica es la que distingue a Gerardo del caso nacional, en el que Manuel Velasco se apuntó como aspirante presidencial para realizar un papel que quedará en lo testimonial; acá el verde quiere hacer sentir su peso específico.

Es así que el Partido Verde pretende adelantar pasos que, incluso en un escenario de alianza, le servirían para elevar su negociación. Una jugada que en cuestión de meses veremos si les resulta efectiva.