Activista critica ‘privilegios’ de Zamarripa para jubilación en la FGE: “ya no queremos que se quede”
León, Guanajuato.- El académico y defensor de derechos humanos en Guanajuato, Raymundo Sandoval Bautista, vio una medida de protección hacia el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre al realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes que le garantizarán una jubilación de su sueldo actual, en lugar de proceder por la remoción establecida en el artículo 95 de la constitución.
Desde el 2 de abril, el reglamento interior de la Fiscalía General Estatal (FGE) entró en vigor un capítulo VIII denominado sistema complementario de seguridad social, que concede a quienes lleven más de 15 años de servicio en el organismo y tramiten su jubilación por parte de la FGE, apoyos para gastos médicos, educativos y funerarios, además recibir apoyos económicos adicionales a la pensión, que en el caso de Zamarripa Aguirre sería el equivalente a su salario mensual, por 147 mil 423 pesos.
“No se optó por esta figura de remoción y pareciera que se está optando por la de jubilación, que si de por sí era fácil para el fiscal, ahora con la aprobación de este añadido al reglamento interior de la Fiscalía, es la salida idónea para que se vaya sin ser removido, por su propia cuenta y tenga las prestaciones” expresó el integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia.
Sandoval Bautista, quien en 2018 formó parte del movimiento Fiscalía que sirva, donde promovieron un juicio de amparo solicitando la reposición de la selección de Zamarripa como fiscal al considerar que éste carecía de independencia y podría tener vínculos con grupos criminales, consideró positiva su salida bajo la circunstancia que sea, aunque con la preocupación de sus siguientes pasos una vez fuera de la institución.
“Ya no queremos que se quede Zamarripa y sea por despido, por jubilación o alguna otra modalidad, queremos que ya se vaya. La preocupación será qué sigue después(...) Yo quisiera saber es qué va a hacer, si va a abandonar el país con esta persecución que el gobierno federal ha iniciado de forma anticipada o se va a mantener en Guanajuato” dijo.
Una jubilación alimentada con fondos de apoyo a víctimas
Raymundo Sandoval también consideró cuestionable el financiamiento que permitirá las prestaciones sociales del fiscal y sus allegados, el cual podría provenir del Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas que la FGR opera con total discrecionalidad y que en enero se estimaba en 120 millones de pesos.
“Hace falta evidenciar el financiamiento, el fondo de atención y apoyo a la víctima y al ofendido fue defendido por la Fiscalía cuando se discutió la ley de víctimas de una manera férrea, no quiso pasarlo a la Comisión de Víctimas, tiene 120 millones e incluso un presupuesto mucho mayor que el de la comisión, y se usa de manera discrecional por la Fiscalía. Es decir, el fiscal no tendría ningún empacho en que tiene suficiente presupuesto para financiar su jubilación y la de sus cercanos” puntualizó.
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