Aprueba Congreso Ley de Justicia Cívica

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En el estado de Guanajuato se aplicará la justicia cívica para la resolución de conflictos vecinales menores con la finalidad de evitar que estos deriven en conductas violentas o delictivas, por lo que los municipios deberán implementar juzgados cívicos, esto luego de que el pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley presentada por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

La Ley de Justicia Cívica del Estado fue aprobada por unanimidad y establece las acciones que deberán llevar a cabo tanto el gobierno estatal como los municipios para acercar mecanismos de resolución de conflictos, así como trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas.

En el dictamen aprobado se señala que a través de los Juzgados Cívicos que se implementarán en los municipios se llevará a cabo la solución de conflictos sin formalismos procedimentales, promoviendo la oralidad y la justicia expedita; estos juzgados estarán integrados por jueces civiles, secretarios, defensores de oficio, médicos, policías y personal auxiliar.

A través de este mecanismo, se establecerán sanciones a quienes hayan cometido alguna infracción, esto en favor de la comunidad, además se implementará un registro de infractores y se crea la figura de justicia itinerante para acerca estos servicios a las comunidades a través de una serie de jornada de justicia. 

La diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá quien preside la Comisión de Justicia señaló que a través de esta ley, se atenderán de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivados de la convivencia ciudadana y tiene como objeto la prevención del delito.

“Es necesario contar con un modelo de implementación de Justicia Cívica homologado para todos los municipios del estado, debemos recordar que la Justicia Cívica es un componente fundamental para la implementación del nuevo Sistema de Justicia en el que se deben privilegiar otra forma de solución de conflictos pues ello permite atender de manera rápida y ágil los conflictos entre ciudadanos derivado de la convivencia cotidiana”.

Expuso que la Justicia Cívica procura que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad para que el infractor reconozca el daño social que causa y lo restituya, y permite atender e identificar a la población en riesgo y monitorear su reincidencia, con ello “se evita que dicha población escale a la realización de conductas con un mayor reproche social”.

En materia de multas, se estableció que si el infractor es jornalero o trabajador no será sancionado con multa mayor del importe de su jornal salario de un día cuando y aquello trabajadores que no sean asalariados, la multa no excederá el equivalente a un día de ingreso.

Además se aprobó establecer un plazo que no exceda de 18 meses para que los municipios adecúen o implementen los juzgados cívicos.

EZM