Avanzan en Congreso propuestas de Libia García para magistrados del Poder Judicial

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión de la Comisión de Justicia, se aprobó el dictamen de la propuesta en terna formulada por la gobernadora del estado, relativa a la designación de un magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por Christian Javier Cruz Villegas, Benjamín Gallo Carrillo y José Manuel Sánchez Acosta, aunque la aprobación no estuvo exenta de polémica.

La diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, se refirió al procedimiento y comentó que, después de conocer la terna, su grupo parlamentario y, desde su calidad de presidenta, no estaban de acuerdo en que el Poder Judicial esté influenciado por el Poder Ejecutivo, ya que se repetían los mismos vicios de siempre.

Abundó que se había vuelto costumbre premiar a personajes políticos con magistraturas sin que cumplieran con el perfil o carrera judicial, lo que contaminaba el actuar del Poder Judicial. Esto, además, era una muestra de por qué la población no confiaba en ellos y de la necesidad de reformar el Poder Judicial.

García Oliveros se pronunció por poner fin a este tipo de nombramientos de magistrados y al compadrazgo político que tanto daño ha hecho a la justicia, y anunció que presentarán una iniciativa de reforma en la materia.

Por el contrario, la congresista del PAN, Karol Jared González Márquez, indicó que siempre estarán apegados a la ley y se refirió a los requisitos establecidos en la Constitución, puntualizando que quienes integran la terna los cumplen.

Se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Al ser sometido a votación el dictamen, la diputada del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, señaló que solo se trataba de la viabilidad si las personas propuestas cumplían con los requisitos constitucionales, lo cual se desprendía de la documentación, ya que contaban con el perfil. Agregó que actuaban en cumplimiento del requisito de legalidad y con la normativa vigente en la materia. El dictamen fue aprobado por mayoría.

En la reunión se radicaron tres iniciativas de reforma al Código Penal. La primera, con el objeto de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas de gestación; la segunda, en materia de interrupción legal del embarazo, y la tercera, para incluir como delito la confabulación para delinquir.

Se propuso estudiar las dos primeras bajo la misma mecánica. La propuesta original consistía en remitirla al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Instituto de Investigaciones Legislativas, al Poder Judicial de la Federación, al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, perteneciente a la División de Derecho, Política y Gobierno del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y al Instituto Nacional de Salud Pública, con un plazo de 15 días hábiles para remitir sus comentarios.

De igual manera, a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Redefine, Verde Aquelarre, Sororas y Rebeldes, y Las Libres, con el mismo tiempo que los anteriores para enviar sus observaciones.

Se estableció que las diputadas y los diputados tendrían hasta el lunes 28 de octubre para proponer y hacer llegar a la Secretaría Técnica a otras colectivas feministas u organizaciones de la sociedad civil para solicitarles su opinión, y se llevarían a cabo mesas de trabajo con los entes consultados.

La diputada Karol Jared González Márquez planteó modificaciones a la metodología de análisis original. Pidió que se ampliaran los términos de consulta de 15 a 30 días hábiles, por la complejidad del tema, ya que comprende implicaciones no solo de naturaleza jurídica, sino también criterios que permitan valorar la orientación del derecho penal vigente.

De igual manera, solicitó al Instituto de Investigaciones que presente un protocolo de investigación o índice temático de su estudio teórico-conceptual de antecedentes legislativos, instrumentos jurídicos internacionales, jurisprudencia y opiniones especializadas, en el cual precise la regulación jurídica respecto al tema en toda la legislación del país, no solo su regulación en el Código Penal, sino también en aquellas normas vinculadas, e indique el tiempo necesario para llevar a cabo ese trabajo de investigación.

También pidió que se llevaran a cabo las mesas internas de trabajo necesarias entre asesores y diputadas de los grupos parlamentarios para obtener un proceso legislativo sólido; y que se hiciera un análisis riguroso de las competencias de los entes públicos a consultar, para evitar errores respecto de a quiénes dirigen sus consultas, como era el caso del Poder Judicial de la Federación.

Al someter a votación lo propuesto por la congresista Karol Jared González Márquez, fue aprobado.

Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas propuso eliminar el término del lunes 28 de octubre, sin establecer una fecha puntual por ahora. La propuesta fue avalada.

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