Domingo, 12 Enero, 2025

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Carga de trabajo no es justificación para retraso en juicios familiares, reclama IDH

El líder de ‘Por los hijos’ aseguró que debido a la lentitud se violentan los derechos de los menores
Vida Pública

Editor Web

Carga de trabajo no es justificación para retraso en juicios familiares, reclama IDH

Óscar Jiménez

León.- El hecho de asegurar que no se avanza en la emisión de sentencias desde los poderes por la carga de trabajo en los tribunales, no es una razón válida.

Desde la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (IDH) se ha anunciado con anterioridad que en el caso de menores no se puede “poner como pretexto la carga de trabajo y la falta de infraestructura porque los niños son una cuestión prioritaria porque están ellos en un grado importante de vulnerabilidad”.

Ante ello, Luis Miguel Fernández, quien recientemente obtuvo una sentencia a favor por la guarda y custodia de su hijo, y que ante la necesidad ha estudiado la carrera de derecho, para a la postre, liderar junto a otros padres la causa ‘Por los hijos’ que se encarga de brindar asesoría a personas que atraviesan por un proceso similar, aseguró que cuando los procesos legales avanzan de una manera lenta se llega a la violación de los derechos de los hijos involucrados, e inclusive, a la revictimización.

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lentitud de procesos

“El sistema de oralidad se presume como muy rápido, pero lo cierto es que parece que no se ha reducido tanto el tiempo porque al final del día para recabar algún documento o investigar o ejecutar algo, se requiere de diligencias que van más allá de las audiencias, y en eso los juzgados siguen siendo extremadamente lentos”.

“Si a los niños se les priva de alguno de los padres, éste crece sin ellos y repercute en el sano desarrollo, sobre todo cuando al final se verifica que el padre o la madre no eran peligrosos, sino que era negligencia en el avance del proceso. O al revés, cuando realmente sí se requiere que se resuelva algo rápido porque alguno pueda resultar peligroso”, comentó Luis Miguel.

Además, al extenderse, los juicios conllevan gastos económicos mayores que se traducen en viajes, peritos, procesos y otras condiciones que llevan al desgaste físico y emocional de los involucrados en el proceso legal; “También genera mucho estrés y esto puede hasta perjudicar en un futuro la salud de la persona”.

“También le cuesta a la sociedad, porque un conflicto largo se vuelve caro, y todos nosotros pagamos el sueldo de los jueces y todos los funcionarios que están ahí en el proceso”, aseguró.

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Sanciones a abogados

Hasta el pasado 30 de septiembre de 2021, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato había registrado 288 quejas, denuncias e inconformidades contra las juezas y jueces del poder ante el cumplimiento de su labor. De ellas, quedan solo 34 quejas en trámites a partir de denuncias por distintos hechos legales que se han trabajado en el organismo, aunque en algunos casos, involucra -también- la presencia de menores.

Para mejorar, Luis Miguel Fernández asegura que se debe poner principal interés en las sanciones a abogados que utilicen ‘chicanas procesales’, así como a los jueces que no prioricen la impartición de justicia, y por supuesto, la modificación de la legislación estatal que permita un código de familia específico para tratar los casos relacionados. “No voy a decir que todos, pero muchas veces los jueces hacen los procesos casi en automático. Y eso depende de la capacitación y la escuela del Poder Judicial”, finalizó.

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