Congreso aprueba la nueva Ley del Patrimonio Inmobiliario para Guanajuato
La nueva ley establece la integración de un órgano colegiado para las enajenaciones, a fin de abonar a la transparencia.
Lourdes Vázquez
Guanajuato.- El Congreso de Guanajuato aprobó la nueva Ley del Patrimonio Inmobiliario para el Estado de Guanajuato. Con ella se regularán las operaciones de venta, compra, conservación de todos los bienes o propiedades inmobiliarias de la administración pública estatal, de los poderes y organismos autónomos, y se crea el proceso de subasta a fin de obtener las mejores condiciones para el Estado al momento de adquisición de bienes.
A través de la nueva ley, por primera vez, se considera a la reserva territorial y a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como bienes del dominio público. Con esto se apoya a la sustentabilidad, destacó el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Víctor Zanella Huerta.
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Además, que, para toda adquisición onerosa, el propio estado o los organismos autónomos deberán cumplir con todos los permisos municipales de uso de suelo y deberán estar apegados a toda legislación en materia de desarrollo urbano.
La nueva ley establece la integración de un órgano colegiado para que se puedan realizar las enajenaciones. Ello a fin de abonar a la transparencia.
Regularán disposiciones y enajenaciones en Guanajuato
Entre otras disposiciones, con esta norma se regulan las enajenaciones a título oneroso a favor de personas físicas y morales. Esto para la creación, fomento y conservación de empleos.
“Donación a favor de organizaciones o instituciones que realicen actividades de interés social, además de las enajenaciones para fines educativos, de asistencia social y de servicios públicos, regula las posibilidades del arrendamiento total o parcial para cumplir fines sociales y de índole privado”, explicó el diputado.
Y para fortalecer la fiscalización, se deja en claro que todo decreto deberá contener el destino de los bienes. En ellos también se tendrá la obligación de mantener los valores actualizados. Y para mantener el control y la vigilancia del uso de los mencionados bienes, se crea un programa para dar seguimiento por parte de la Auditoría Superior del Estado, explicó Zanella.
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“Con la nueva Ley refrendamos nuestro compromiso para fortalecer a nuestras instituciones. Esto a fin de que sea manejado con total transparencia y que represente un auténtico beneficio social”, concluyó.
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JRP