OSC exigen protección para buscadora agredida por GN y justicia para Rosario
León.- El allanamiento, agresión y amenazas que elementos de la Guardia Nacional cometieron en contra una buscadora de personas desaparecidas, motivó que otras 18 organizaciones entre agrupaciones similares y de defensa de los derechos humanos exigieran nuevamente justicia en el caso y medidas de protección reales.
Se trata de Paula, integrante del colectivo Buscadoras Guanajuato de familias de personas desaparecidas, quien el pasado 3 de septiembre denunció el abuso de elementos federales que irrumpieron en su domicilio, a bordo de unidades con los números ocultos, argumentando un reporte de drogas.
Ante esto, las organizaciones firmantes en una postura pública, advirtieron que mientras Guanajuato vive su peor crisis de violencia y el Gobierno Federal ha asignado más de 80 mil efectivos para contenerla; integrantes de la Guardia Nacional revictimizan y amenazan a integrantes de colectivos de víctimas.
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Alertaron que este nuevo caso se da en el contexto del recién difundido caso de Rosario Zavala, integrante del mismo colectivo que fue asesinada en su propio domicilio, luego de meses de acoso por parte de elementos estatales y federales.
En el caso, de Paula, ella pide justicia por el asesinato de su pareja, quien fue desaparecido por hombres armados minutos después de haber sido liberado de una detención injustificada en el municipio de Silao. Luego de meses de búsqueda, se le confirmó la presencia de sus restos en el Semefo de Celaya.
En el caso de Rosario, ella buscaba a Yatziri su hijo de 16 años de edad, quien fue sustraído de su hogar por hombres armados en noviembre de 2019. Durante su año de búsqueda, fue acosada por elementos del Ejército, Guardia Nacional, así como de policías estatales y municipales; todos ateniendo un supuesto reporte de drogas.
En octubre de 2020 Rosario fue asesinada en su casa. Este es el primero de tres homicidios cometidos contra familiares de víctimas desaparecidas en Guanajuato. En mayo se agregó el de Javier Barajas, hermano de Guadalupe Barajas desparecida en Salvatierra, así como el de Arturo N, hermano de Norma Alicia N, desaparecida y asesinada en Pénjamo.
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En ese marco, las organizaciones exigieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emita una recomendación en el caso de Rosario Zavala, pues en julio de 2020 esta instancia lo canalizó a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
“La CNDH está incumpliendo su Reglamento interno ya que ha tardado más de 6 meses en concluir su investigación de los hechos. También se solicita que inicie una investigación de la actuación de estos oficiales y de los superiores jerárquicos en su línea de mando”.
En el caso de Paula, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que deslinde responsabilidades por los delitos cometidos el 3 de septiembre contra la buscadora y su familia. Además de que dé seguimiento a las medidas de protección dictadas en la denuncia iniciada ante FGR.
“A la Guardia Nacional a que CESE EL HOSTIGAMIENTO contra buscadoras de personas desaparecidas, y a que inicie una investigación de los elementos y su cadena de mando. Adicionalmente debe cumplir las medidas cautelares solicitadas en el caso, repare el daño y a que TOME como medida inmediata, la suspensión de estos elementos considerándolos un riesgo para los derechos humanos”.
Señalaron que es necesario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en coordinación con el organismo estatal que ya interviene en el caso, supervise las medidas de protección, la atención de la familia y garantice la participación en las búsquedas para todas las integrantes de los Colectivos de Búsqueda.
“A la Secretaría de Gobernación a que establezca URGENTEMENTE un Plan Emergente de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato, además de atender el caso particular; en diálogo con las autoridades estatales y municipales”.
Allanamiento, agresión y amenaza
La tarde del 3 de septiembre alrededor de 20 elementos de la Guardia Nacional ingresaron con violencia y sin orden de aprehensión al domicilio de Paula, integrante de uno de los 15 Colectivos de familias de personas desaparecidas, ubicado en la colonia Villas de San Juan, en el oriente de León, Guanajuato.
Ese mismo día, la buscadora indicó que a partir de una supuesta denuncia anónima, los elementos ingresaron por la fuerza al domicilio, pese a que integrantes de la familia se encontraban dentro, causando daños materiales.
Según su testimonio, al ingresar tiraron al piso a su padre adulto mayor y, al tratar de defenderlo, un niño de 14 años y una mujer fueron golpeados por dos elementos de la Guardia Nacional.
“Dónde te veamos, te vamos a levantar”, amenazaron a uno de los familiares al retirarse del lugar.
“Responsabilizo a la Guardia Nacional de cualquier ataque a la integridad física de mi familia o de mi persona”, señaló la buscadora frente a integrantes de la Coordinación Estatal de la GN en Guanajuato, con quienes tuvo un encuentro el mismo 03 de septiembre en Irapuato.
“A las Organizaciones y Colectivos firmantes, nos preocupa particularmente el clima de inseguridad y hostilidad en el que las buscadoras guanajuatenses desarrollan sus actividades de búsqueda y en las que viven cotidianamente. Los asesinatos de Rosario Zavala y de Francisco Javier Barajas dan cuenta de ello”, expresaron en su postura.
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