Por orden de un juez, una pequeña se quedará con su PAPÁ VIOLADOR

Luz Zárate

Celaya.- Beatriz no solo ha tenido que enfrentar el separarse de su expareja tras descubrir que él abusó sexualmente de su hija, cuando ella tenía cuatro años de edad, sino que ahora debe lidiar con el juez de Oralidad Familiar que no ha dado validez a las pruebas e incluso ordenó que la menor debe convivir con su padre tres días a la semana.

Para empeorar el panorama, Marco, el padre de la menor, ya la contrademandó y ahora exige la patria potestad de la niña y además quiere una pensión para él, la cual debe ser acorde al nivel de vida que tiene la pequeña.

Ella ha mostrado pruebas en contra de su expareja, estudios psicológicos que se han aplicado a la menor y que determinan que fue violentada sexualmente. Ha presentado testigos, peritajes, además del testimonio de la niña que reconoce que no quiere ir con su padre, a quien señala de manera directa como su agresor.

A pesar de todas las evidencias, el juez de los Familiar, José Jesús Aguilar Ortiz, determinó que la menor debe estar con su padre los fines de semana, con todos los riesgos que eso significa.

Una disputa interminable

Beatriz es psicóloga, tiene dos maestrías, estudia un doctorado, lleva más de 20 años siendo docente en varias instituciones de la ciudad. Trabaja en una asociación civil de apoyo a personas vulnerables, y no ha vuelto a tener una pareja para dedicarse de lleno a su hija.

Ella vive en una colonia residencial de clase media alta, mientras que él también es psicólogo, percibe menos ingresos que ella y vive en una colonia popular considerada una de las más violentas en Celaya. 

Además del expediente 2615/2019 abierto en Juzgado Civil Familiar con sede en Celaya, existe una denuncia en el Ministerio Público –se radicó en la carpeta 113121/2019—, pero en esa instancia concluyeron que “sí hubo tocamientos, pero que no ponen en peligro a la niña”, relató Beatriz.

Tanto en materia civil como penal, Beatriz no ha tenido éxito, aun cuando existen pruebas psicológicas y peritos que establecen que existió abuso sexual en contra de la menor.

“El padre de mi hija abusó sexualmente de ella cuando tenía alrededor de cuatro años. Hubo tocamientos, la lastimaba en el baño y en el cuarto. Esta demanda ha sido muy larga, en la que a través de la escucha del menor, del estudio socioeconómico, los testigos, los dibujos de mi niña y las fotos, se había podido demostrar que efectivamente fue violentada”.

Sin embargo, en los dictámenes psicológicos que ha aplicado el Juzgado de Oralidad Familiar han arrojado que no hay abuso, aunque sí que exista un riesgo de que la niña conviva con su progenitor.

“Él en las demandas pide la custodia completa, quiere una pensión, quiere la pensión al nivel de vida que yo le doy, y quiere la suspensión de la patria potestad. Yo también estoy peleando esto, por protegerla, estoy buscando la seguridad para mi hija”, reiteró Beatriz.

“Este juez, sin haber desahogado los dictámenes, sin dar oportunidad a que se acaben de actualizar ha dictado convivencias con su padre. En este último acuerdo del 22 de febrero, el juez dice que se la puede llevar de viernes a domingo, sin ningún tipo de restricción, y esto ha sido algo muy desgarrador para mí porque he tratado de proteger a mi hija”.

La madre de la niña, se siente impotente porque el juez Aguilar Ortiz, no ha tomado en cuenta las pruebas que ella ha aportado, e incluso la ha amenazado.

“El juez me mandó amenazar con mi abogado, me mandó decir que no me fuera a pasar de lista, que iba a tomar mi conducta procesal en cuenta, que iba a cambiar toda la sentencia”.

El mayor temor de Beatriz es perder la patria potestad y que se la lleve el agresor de su hija, quien presuntamente la  violentó hace tres años, cuando ella la encargaba con él porque ella tenía que ir a trabajar. 

Hay antecedentes de malas decisiones del mismo juez

No es la primera vez que se denuncian anomalías en la actuación del juez José Jesús Aguilar Ortiz: en 2017 fue acusado por una familia de dictar sentencia a favor del padre de un menor de nombre Julián, a cuyo progenitor se le acusaba de violencia en contra de su esposa y madre del niño.

Aunque la familia es de Celaya, los hechos sucedieron en Canadá, en donde el hombre golpeaba a la mujer y ella con apoyo del gobierno canadiense se regresó a México. Fue justamente el juez Aguilar Ortiz quien dictó sentencia a favor del esposo, por lo que a ella le quitaron al niño y desde entonces no volvieron a saber de él.   

El caso fue documentado en diferentes medios de comunicación, e incluso existe una petición en change.org donde se acusa directamente a Aguilar Ortiz.

“Un hombre norteamericano con antecedentes de violencia sustrajo a mi hermano Julián Urella Domínguez para llevárselo del país con la ayuda de un juez mexicano”, se titula la petición.

Tras la pista de Julián

Fue el 7 de junio del 2017 que la familia de un niño llamado Julián hicieron un llamado a la sociedad para poder encontrar al pequeño de tres años quien al parecer fue llevado por su padre.

Con el hashatg #RegresenaJulián, Beatriz Domínguez, madre del niño, lanzó el llamado que explicaba que el papá Demetri Pompei Urella, y el pequeño Julián, viajaron a Canadá por decisión del padre para que él tomara unos cursos respecto a su trabajo.

Sin embargo, unos meses después, Demetri se volvió violento lo que finalmente orilló a la madre a buscar el apoyo de la policía canadiense para salir de ese país y regresar a México.

“Solicita ayuda a la policía canadiense, quien la resguarda y le otorga una orden de protección evitando así que el marido pueda acercarse a ella y a su menor. A la vez se le otorga una orden que decreta que la madre es la única guardia y custodia de Julián para poder regresar a México y empezar los trámites de divorcio”, se difundió en aquel entonces en Facebook.

Sin embargo, el 23 de mayo que Julián fue sacado de su casa y entregado al DIF, con el argumento de traer una orden de restitución internacional promovida por su padre.

En aquella ocasión se acusó al juez José Jesús Aguilar de no revisar el expediente; no leer la ley internacional ni conocer sus artículos; no aceptó pruebas que otros organismos y dependencias de gobierno si las aceptaron.

Tampoco aceptó la confesión del papá, que había reconocido que el niño vivía en México y la mamá tenía la custodia; ni realizó pruebas psicológicas al padre antes de entregar al niño, aún cuando se mostró su inestabilidad psicológica y antecedentes de violencia.

Además,  Demetri se negó a proporcionar un domicilio o siquiera país donde estaría el niño, “obligando a la mamá a salir del juzgado y bloqueando la puerta con dos policías”, se lee en la petición de change.org.

En esa publicación acusan al juez José Jesús Aguilar Ortiz que presuntamente abusó de su facultad emitiendo una sentencia en el mismo día sin que publique, sin surtir efectos y sin correr un término.