Suman 200 mdp en multas a ejecutivos en Guanajuato; devuelven el 16% por apelaciones
Mediante una impugnación es que los choferes de un taxi ejecutivo logran recuperar la mayor parte de su dinero y sus vehículos
Ian Martínez
León.- Más de 208 millones de pesos han ingresado a las arcas estatales por concepto de infracciones a la Ley de Movilidad por prestar servicio de taxi ejecutivo sin el correspondiente permiso.
Sin embargo, hasta julio del 2021 se habrían regresado al menos 33 millones de pesos a los infractores. Esto luego de procesos de apelación mediante un Juicio Administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso. Otras más estaban por regresarse, pero no fueron informadas por la autoridad del Poder Ejecutivo del estado mediante una solicitud de información.
Los ciudadanos de taxi ejecutivo que han sido multados recuperan su vehículo en un lapso promedio de un mes. Otros hasta tres mes después de apelar. Por lo general también les son devueltos los más de 63 mil pesos de la multa.
Lo que no recuperan es el costo de grúa y pensión, servicios concesionados a particulares. Son éstos los únicos ganadores por cada auto que detienen los inspectores estatales de Transporte.
Caer en la pensión cuesta al dueño del vehículo entre los mil 650 pesos hasta los cuatro mil 950 pesos por concepto de pensión, más los casi mil quinientos pesos del arrastre de la grúa dependiendo si se retrasó en el arrastre o se realizaron maniobras de remolque.
Podría interesarle: Exigen Ubers en Irapuato frenar abusos y sobornos de Movilidad y Transporte
Transporte ejecutivo necesita permiso
En Guanajuato, prestar servicio sin el debido permiso es violación a los artículos 15, 19 fracción II, 248, 249 fracción I, 250,251 y 252 que establece que para brindar servicios de transporte ejecutivo y especiales se requiere de una concesión o de un permiso para ello.
Tal fue el caso de Armando Castillo a quien le quitaron el auto sobre el bulevar Timoteo Lozano esquina con el bulevar Francisco Villa en la colonia Cementos. Días después de recibir su infracción recurrió a un abogado quien le ayudó a recuperar 49 mil 800 pesos de la multa pero los casi 9 mil pesos que gastó en el arrastre y la pensión, no volvieron.
Él trabajaba para la plataforma Uber con la que era el sustento para mantener a su familia.
Las cifras oficiales
La Dirección de Transporte, antes Movilidad, ha informado de la detención de 2 mil 235 unidades, principalmente en los municipios de Guanajuato, León, Salamanca en Irapuato, siendo en 2016 y 2017 multados y retenidos 747 vehículos, mientras que en 2018 fueron 424 autos.
Para 2019 se reportaron 450 carros y para 2020 se documentaron 400 infracciones. Finalmente, en el corte proporcionado por la autoridad hasta julio del 2021, fueron 225 vehículos ese año.
Desde el periodo del Noviembre-Diciembre del año 2015 al mes de julio del 2021 iniciaron 663 procesos de los cuales únicamente 135 la autoridad administrativa le dió el fallo en favor del estado.
¿Qué contempla la nueva Ley de Movilidad?
El pasado 28 de octubre el gobernador Diego Sinhue presentó al Congreso del Estado una iniciativa con la que se pretende establecer en la entidad un modelo libre de mercado en materia de transporte privado.
Con esta propuesta, los que quieran trabajar en Uber u otras plataformas ya no requerirían permiso, sino que bastaría con que estén registrados en alguna de dichas plataformas digitales.
Además, el gobernador señaló que con la iniciativa que pretende establecer un modelo libre de mercado para taxis ejecutivos, el ejecutivo estatal tendrá lanzará su propia plataforma digital y en esta se podrán registrar quienes lo deseen.
Reforma incluye sanciones
La iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado respecto al servicio de transporte privado incluirá sanciones como el retiro del registro a aquellos conductores que acumulen infracciones o cometan algún ilícito.
Lo anterior destacó en la última mesa de análisis de la propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para abrir el servicio al libre mercado. Se llevó a cabo por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado.
En ella instruyeron un dictamen en sentido positivo que discutirán en la próxima sesión de la comisión.
Descartan propuestas
Sin embargo, algunas peticiones hechas por usuarios y concesionarios no fueron atendibles. Señalaron que no eran de la competencia del Legislativo o podrían caer en una inconstitucionalidad.
Una de estas fue que se solicitara a los choferes una carta de antecedentes no penales. Sin embargo, el diputado Rolando Alcántar se pronunció porque sí quedara estipulado al señalar que no se trataba de un tema laboral.
En entrevista, Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, reconoció que por parte del ejecutivo estatal, hubo una respuesta positiva respecto a algunas de las peticiones hechas en las mesas de trabajo anteriores.
