Abusos de menores: la caja de pandora

1.- Abusos de menores: la caja de pandora

Los deleznables delitos de abuso y violación de niñas, niños y adolescentes al interior de instituciones educativas, están presentes en Guanajuato. Se trata de uno de los agravios más grandes contra la niñez de un estado, donde la impunidad se mantiene como un lastre frente a la violencia de cada día.

Los diez casos casos acumulados en el Prescolar Alternativo “José Joaquín Fernández de Lizardi”, que ahora son investigados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), abrieron una caja de pandora.

De este último caso vale resaltar que la cadena de protección e impunidad, es la misma que se ha señalado recurrentemente en este tipo de casos; perpetradores que se ven solapados por las estructuras de la misma escuela que, en el caso particular, obligó a al titular de la SEG, Jorge Hernández Meza, a ordenar sendos despidos.

Estos casos requieren la intervención de las dependencia que que son parte del sistema de protección, por lo que será clave la actuación de María Teresa Palomino Ramos, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (PEPNNA), responsable del restablecimiento de los derechos de los menores.

Pero otra responsable es Marcela Caballero Ruiz, directora general del DIF Silao, quien se toma su tiempo para atender a las madres de familia y ni esperanzas de una actuación preventiva.

Ayer mismo Hernández Meza reveló que hay dos nuevos casos de presunta violencia sexual en dos planteles de educación básica, que ya se investigan y que hoy Correo ratifica con nuevos testimonios.

Aunque el funcionario estatal señaló que estos casos fueron reportados hace aproximadamente un mes en escuelas de los municipios de Silao y Celaya, se trata de casos que muestran una cifra negra que podría comenzar a revelarse, pues mientras 2021 registró 11 casos, este ya lleva 17 a los que se sumarían más en el corto plazo.

¿Cuál será el panorama real en violencia sexual contra menores en Guanajuato? El tema amerita una actuación mucho más directa en las escuelas, una que visibilice a las víctimas y detecte signos de alerta. No es necesario esperar los escándalos mediáticos. La niñez de Guanajuato lo merece.

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Abusos de menores: la caja de pandora

2.- La resaca del martes negro

Para nadie es un secreto que lo sucesos del pasado 9 de agosto dejaron cimbrada la vida cotidiana de Guanajuato. Los ataques a comercios, vehículos y de más propiedades de civiles, dejaron en claro el estado de vulnerabilidad que padecen, de entrada, todos los municipios del corredor industrial.

Por eso era de esperarse el eco desde el sector empresarial, que comienza a prever efectos negativos en los ingresos, sobre todo, del sector turístico. En tanto, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace esfuerzos para enviar señales de acciones directas e indirectas para recobrar la confianza.

Pero el daño está hecho. Los gobiernos de Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí, y de Mauricio Kuri González en Querétaro, de plano anunciaron operativos específicos en la zona limítrofe con Guanajuato, ante los hechos de violencia. Un apostura no muy lejana tienen los gobiernos de Aguascalientes y Michoacán.

Para colmo de males, la Embajada de Estados Unidos en México que encabeza Ken Salazar, quien hace unos meses expresó su buena voluntad, se vio obligada a emitir una alerta de viaje por la violencia ocurrida en Guanajuato.

“Reconsideren los viajes al estado de Guanajuato debido a la delincuencia (…) hasta nuevo aviso, a los empleados del Gobierno de Estados Unidos se les ha restringido viajar por la autopista 45 desde Irapuato a las ciudades de Silao y León en el estado de Guanajuato”.

Por eso no deja de llamar la atención la simpleza y mezquindad con la que los diputados locales Armando Rangel Hernández del PAN y Ernesto Millán Soberanes de Morena, trataron el tema ayer en la sesión del pleno de Congreso del Estado.

Con acusaciones mutuas de negligencia sobre los “abrazos y los balazos” de Andrés Manuel López Obrador y el aclamado despido del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, abordaron un tema cuyos efectos son mucho más serios y profundos que cualquier partidización.

Así la resaca de una jornada infausta, que faltaba más, sólo se agregó para enrarecer aún más la crisis de violencia en Guanajuato que, dicho sea de paso, sigue promediando las diez víctimas diarias mientras sus políticos lucen un criterio reducido a las descalificaciones mutuas.

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Abusos de menores: la caja de pandora

3.- Desaparecidos: entre reformas y fallos históricos

Mientras se sientan las bases para la primera reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó un importante fallo sobre desaparición forzada y derechos de las víctimas.

Partiendo de la base que dejó el análisis de colectivos y defensores de derechos humanos, secundados por la Unidad de Seguimiento, Análisis e Impacto Legislativo, la necesidad de mayor participación de familiares de personas desaparecidas, además de la creación del Banco Estatal Forense y del Registro Estatal de Fosas, el proceso habrá de caminar sí o sí.

Dicha reforma no sólo debe apuntar al fortalecimiento de la búsqueda institucional y ciudadana de las víctimas de desaparición, también a la creación –en un segundo momento- del Instituto Estatal de Identificación Humana mediante la reforma constitucional, lo que sin duda será todo un reto.

En lo nacional los magistrados de la SCJN el miércoles pasado dieron un paso fundamental para hacer patente en lo legal los derechos de las víctimas, acordes a la declaratorias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De entrada reconoce la gravedad de los actos de desaparición forzada, su enorme impacto, y la necesidad de fortalecer mecanismos para combatir esta práctica, retomando la normativa internacional y estándares ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

También reitera el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas con vida y bajo enfoque diferencial y su derecho a la verdad, además de que precisa criterios de actuación de jueces de amparo con base en un estándar de prueba atenuado, en la definición de las desapariciones forzadas.

Para defensores, activistas y organizaciones como la Plataforma por la Paz, esta resolución de la SCJN dio una sacudida a los jueces del país. Pero también se interpreta como un mensaje dirigido a los Ministerios Públicos y fiscalías sobre cómo actuar para la mejor defensa de los derechos de las víctimas directas e indirectas de las desapariciones.

Por todo lo anterior, advirtieron que serían aplicables a los casos de desapariciones cometidas por particulares y delitos relacionados, o cuando haya casos ambiguos con actuación de grupos armados de tipo paramilitar, ya advertidos en Guanajuato.

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JRP