Agua Sí: zozobra en el campo
1.- Agua Sí: zozobra en el campo
La apuesta por la Presa Solís para surtir de agua a las ciudades del corredor industrial, surgió como una propuesta alternativa, no sólo por la decisión presidencial de redirigir la presa El Zapotillo, también para sortear el conflicto social que esa obra provocó en Jalisco y que motivó precisamente esa modificación.
Sin embargo, el llamado plan “Agua Sí”, también tiene implicaciones sociales que ahora deberán salvarse dentro del territorio estatal.
Se tiene más claro el panorama. Tras el paso de los meses y de las revelaciones que hizo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su visita del pasado 17 de noviembre, se sabe que el proyecto se centra en modificar los títulos de concesión del agua de 25 mil productores agrícolas, tecnificando y aprovechando sus excedentes.
Se escucha fácil, pero en palabras del funcionario federal, en un primer momento el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo planteó el proyecto en 12 mil millones de pesos con la participación federal y estatal, para financiar la infraestructura que se requiere para que el agua fluya para la agricultura local y el uso de las ciudades.
“Para que se pudiese, primero, hacer un acuerdo con los productores de distritos de riego, creo que son más de 25 mil productores, 24 mil productores que mantienen las concesiones para la explotación de agua. Pero que desafortunadamente, pues no han tecnificado su uso y más de la mitad de esa agua o se evapora o no se utiliza”.
En esa misma ocasión, el Secretario de Gobernación elogió al gobernador resaltando que ya ha realizado la gestión legal con los agricultores que se dotan de agua de la Presa Solís y la cuenca del río Lerma, pues es a ellos a los que se deberá modificar la concesión para aprovecharla sin afectar su producción.
Por supuesto, esto ya ha inquietado a los alcaldes de la zona. Especialmente Claudia Silva Campos de Acámbaro y Luis Alberto Mondragón Vega, quienes respaldaron el plan, pero con reservas. Ambos han dejado en claro la necesidad de no descobijar a los agricultores, quienes son los beneficiarios primordiales de la Presa Solís.
“Es preciso voltear a ver los temas ambientales y sustentables, pues no puede ser solamente una acción vertical sobre estos temas”, señaló con razón de sobra el edil jeracuarense.
La preocupación es fundada. Si bien el gobierno estatal puede tener una gestión resuelta con productores y ejidatarios, la claridad, certeza y cuidado político deben ser extremas. Cualquier descuido o desplante, sin duda provocaría un problema social mucho mayor al que se padeció con la Presa el Zapotillo en Jalisco, pues esta vez, sería en casa.
Entérate de: Ahora Acámbaro respalda proyecto ‘Agua sí’ bajo condición de cuidar el campo
2.- Violencia de género: la cifras dudosas del caos
Los datos oficiales, son apenas un primer motivante que pone en Guanajuato en la mira de organizaciones y partidos opositores.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de enero a septiembre 696 mujeres fueron asesinadas, pero solo en 15 casos se persiguió el delito como feminicidio, en 300 fueron clasificadas como homicidio doloso y nada más y nada menos que 381 fueron tomadas como homicidio culposo, es decir, accidental.
Esa es la lógica que ha seguido la persecución de la violencia mortal contra las mujeres en Guanajuato, prácticamente desde la última modificación al tipo penal; de cada diez mujeres asesinadas, sólo dos son clasificadas como víctimas de feminicidio.
Esa situación inverosímil, es atípica a nivel nacional y por lo tanto, materia de suspicacias y sospechas sobre la correcta investigación de los delitos de género, en el contexto de crítica y combatividad que se vive a nivel nacional.
Pero además de las cifras, están las apreciaciones al detalle. La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido López, estima que siete de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia, mientras la activista Yndira Sandoval Sánchez ayer demandó cambios legislativos en los que el estado ha quedado rezagado.
Todo esto se da en el contexto del análisis de una tercera solicitud para decretar la Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres en Guanajuato (AVGM), que vino desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que justamente retomó estos y otros índices para justificarla.
El tema es que Guanajuato ofrece bastante tela de donde cortar y el análisis ya se encuentra en manos del Grupo de Trabajo compuesto por especialistas como María Consuelo Cruz Armenta, Abraham Sánchez Ruiz, Guadalupe Fernández Aguilera y lovana de los Ángeles Rocha Cano.
Por ahora la alerta por la violencia feminicida y las desapariciones de mujeres y niñas en varios municipios, ya avanzó con el proceso de entrevistas a colectivos, asociaciones civiles, además del requerimiento de información a dependencias y organismos involucrados.
Con las cifras a la vista y el reconocimiento tácito de la problemática, los resultados del análisis necesariamente deberán estar encaminados a la instauración de políticas públicas efectivas. Ya no queda margen de error.
3.- El IMUVI en Irapuato vuelve a fallar
La situación del Instituto Municipal de la Vivienda de Irapuato (IMUVII) se mantiene en tensión. La fallida subasta del predio San Luis, vuelve a poner en entredicho su eficiencia, pero además la viabilidad para desarrollar los programas que son su deber ser. Sin estos, confirmaría el planteamiento de su inutilidad.
Dicho terreno ya cumple 13 años en manos del municipio. Ocioso y conflictuado con los parámetros mínimos para desarrollar vivienda, los 91 millones 600 mil 600 pesos ya son inaccesibles para los eventuales interesados. Ni siquiera se completó el proceso de subasta por falta de propuestas.
Es la directora del IMUVII, Diana Patricia Alanís Barroso, la que carga con la responsabilidad de recuperar los recursos que representa este predio, para continuar con los proyectos de vivienda económica. Como ella misma lo asumió ayer, este paso es crucial.
Aunque sostuvo que el instituto trabaja en otros programas, las limitaciones presupuestales que padece el gobierno municipal que encabeza Lorena Alfaro García hacen que los recursos requeridos por el predio San Luis, sean vitales para darle seguimiento a otras dos reservas las del Guayabo II y del predio La Palma.
Por todo lo anterior, este tema es por mucho la piedra en el zapato de la administración municipal actual. Un predio adquirido en su momento con deuda interna, cuya selección no contaba con la desclasificación como área de atención prioritaria, obligó a una venta no lograda desde hace ocho años.
Con un intento de disolución en 2019, sus cuentas pendientes hacen del IMUVII un problema mayor que sin duda requerirá de toda la creatividad posible, entre los avatares que ya enfrenta el municipio de Irapuato.
CONTRA RETRATO
Jesús Rivera Peralta
Tras lo hechos de San Juan de la Vega y San Isidro de la Concepción, mantuvo un hermetismo inusual. Ocho personas civiles habían muerto pero decidió reservarse los datos, arguyendo que el tema ya estaba en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Lo que vino después, fue testimonio de la violencia descontrolada, incluso, a manos de la policía.
El Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC), Jesús Rivera Peralta, decidió plantarse en su postura frente a las denuncias que describen auténticas ejecuciones extrajudiciales, no solo de los presuntos hampones que atacaron instalaciones oficiales, también de ciudadanos que circunstancialmente se vieron envueltos en esa vorágine.
“Todo el respaldo completo a la institución y a mis oficiales”, fue la frase concluyente de un Rivera Peralta que ni siquiera admite el fracaso que representa un operativo de reacción con fallecidos civiles.
Vaya, incluso justificó los hechos al recordar que en una semana han recibido dos ataques directos, en donde un policía falleció y seis elementos fueron lesionados. Según afirma, esto comenzó cuando reforzaron presencia en las comunidades rurales que eran “territorios gobernados por ellos”
Rivera Peralta además ha hablado de un antes y un después. Dejando de lado que se trata de una realidad en la que los excesos policiales también son parte del problema que, por ahora, habrán de investigar instancias como Derechos Humanos y propio Ayuntamiento.
Todo un cuadro en el que tomar parte del conflicto, si dar pie al esclarecimiento, no contribuye en nada al estado de derecho.
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