Club Rotario: negocios riesgosos
1.- Club Rotario: negocios riesgosos
La inacción sobre estos predios tolerada de forma histórica, la falta de vigilancia en su destino, además de operaciones autorizadas para lucrar con esta propiedad de interés público, componen un verdadero escándalo. Hablamos de una de las más connotadas organizaciones de beneficencia, integrada por empresarios, profesionistas y políticos, cuya relación con el gobierno municipal llega a ser tan íntima, que exalcaldes entran en sus filas como cuchillo en mantequilla.
Es precisamente ese perfil de organización, el que le da sentido a las donaciones que el municipio les confiere. Sin este, el ceder un predio propiedad pública a un privado no tiene razón de ser. La denuncia que recientemente la dirección de control patrimonial de la tesorería de León es particularmente grave por tratarse de tres lotes en una ubicación de plusvalía. Estos se mantuvieron ociosos durante 24 años, sin que el municipio verificara que su disposición se hizo conforme al convenio de donación.
Pero en 2021 esa inactividad se acabó. Fue durante la presidencia del Club Rotario en manos de Raúl Treviño Alcántara (2020-2021), cuando su antecesora, Verónica Domínguez Vallejo (2017-2018), solicitó fraccionar los lotes para su posterior venta el 21 de abril de 2021 con la autorización de Desarrollo Urbano a cargo de Teresita Gallardo Arroyo. Y lo hicieron. Una primera venta fue para Rubén Ignacio Domínguez Vallejo, arquitecto, exintegrante del Consejo Consultivo para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, durante la gestión de Gallardo Arroyo.
Otra venta fue para Irving Alejandro Urbina García, contratista del municipio de León con historial de seis contratos de obra pública entre 2020 y 2022 con una suma adjudicada por 37 millones 343 mil 683 pesos. En todos fungió como aliado de OLMACE, S.A. DE C.V., cuyo representante legal es Abraham Palos Domínguez, quien compró el tercer predio.
Las operaciones se realizaron justo antes de que el expresidente del Consejo de la Contraloría Social, Luis Antonio Alanís Villarreal, tomara la presidencia del Club Rotario (2021-2022), en un extraño movimiento que ahora es la nueva papa caliente en el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos. Por lo pronto, tenemos tres predios públicos sin oficio ni beneficio por más de dos décadas, una organización cuestionada y una administración que apura las investigaciones. Todo un entramado.
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2.- Ley de búsqueda: retórica sin iniciativa
El año se termina y las urgentes reformas en materia de búsqueda de personas desaparecidas simplemente no encuentran luz. Con una comisión de derechos humanos y atención a grupos vulnerables sumida en la retórica, la última reunión de los colectivos de búsqueda en el Congreso del Estado no contará, al menos, con un borrador.
El tema llegó a la mesa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política desde febrero. Las agrupaciones de buscadoras y buscadores, además de las organizaciones que los acompañan, lograron que el tema se inscribiera en una agenda común pero que no sirvió para darle prioridad. El borrador se quedó guardado. Las demandas van desde los protocolos y la seguridad para las búsquedas, hasta las obligaciones del estado en la materia. Se incluye una reforma constitucional para la creación del Instituto de Ciencias Forenses, que no se ha retomado ni de soslayo.
El tema se complicó hace más de un mes, cuando el presidente de la junta, el panista Luis Ernesto Ayala Torres, decidió que este órgano no era el que debería procesar la iniciativa. Aprovechó los afanes del diputado morenista, David Martínez Mendizábal, quien, tras reprocesar innecesariamente las mesas de trabajo, ahora convoca a compartir avances.
De manera que el 14 de diciembre en el Congreso de Guanajuato, colectivos de búsqueda están emplazados para escuchar resultados de mesas de trabajo para crear una iniciativa que ya estaba en la mesa de la Junta de Gobierno desde febrero. Dilatar el proceso para esta reforma únicamente ha favorecido al fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien mañana sostendrá su última reunión con los colectivos para presentarles su Plataforma para la Localización de Personas Desaparecidas, publicitada ampliamente sin ser socializada con los primeros interesados.
Así se va otro año sin las reformas que actualicen una ley hecha sobre la premura de una tragedia como la desaparición de personas que, dicho sea de paso, ya ha rebasado las 3 mil víctimas vigentes en Guanajuato.
3.- Una IP incluyente LGBTQ+
El informe EQUIDAD MX 2022, elaborado por el Programa Global de Equidad Laboral de la Fundación Human Rights Campaign, revela un rezago general sobre la certificación de las em-presas que han entendido la función social de la inclusión de los miembros de la comunidad LGB-TQ+ en sus filas. No se trata de una distinción especial, sino de una integración que contribuya al cambio de paradigmas que han persistido en la discriminación. A nivel nacional están los claroscuros, mientras en Guanajuato cuatro empresas integradas demuestran que el tema ya no es ajeno.
De entrada, a nivel nacional se registró un crecimiento efectivo del 33 por ciento, al pasar de 197 empresas en el índice 2021 a 262 empresas en este del 2022. Además, ahora cuentan con la participación de 77 empresas nuevas. En Guanajuato, los primeros esbozos de una ley de inclusión se dieron en junio de 2020, cuan-do la entonces diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, presentaron una iniciativa para crear la Ley para la Diversidad Sexual del Estado de Guanajuato y sus Municipios. No prosperó.
En julio de 2022, la diputada local de Movimiento Ciudadano Dessiré Ángel y la regidora de León, Lucía Verdín, acusaron poca apertura y falta de voluntad política cuando se trata de poner en marcha iniciativas a favor de las 227 mil 957 personas que forman parte de la comunidad LGBT en Guanajuato. La progresividad de los derechos no está garantizada y no está en la ley. En Guanajuato temas como el matrimonio igualitario o la identidad de género, navegan en la contradicción de su aplicación sin su debida legislación. Es por lo anterior que promover una certificación laboral para empresas incluyentes con la comunidad LGBTQ+, parecieran palabras mayores e un estado que aún se encuentra en el proceso de visibilizar y valorar a este sector de la población.
CONTRA RETRATO
Roberto Castañeda Tejeda
Como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Cona-gua) promovió hasta lo más alto obras como la presa El Zapotillo, por la que todavía abogó tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificarla y dedicarla únicamente a Jalisco. Hoy aboga por el plan Agua Sí como una alternativa sin sobresaltos.
El presidente del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, Roberto Castañeda Tejeda, ayer dio su respaldo al Plan Agua Sí, pues este implica el ahorro de hasta 200 millones de metros cúbicos sin afectar a los agricultores del Distrito de Riego 011.
Para el también director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, no hay fallas en un proyecto que aún deberá tener certeza legal el próximo febrero 2023, cuando se protocolicen las modificaciones a las concesiones de agua en la zona, sobre todo, de los 25 mil productores que dependen de la presa Solís. Aunque las aseveraciones de Roberto Castañeda parecer rayar en el exceso del optimismo, no se puede dejar de lado su conocimiento en el tema.
Además, como un involucrado en los temas agropecuarios, prevé que los primeros recursos que lleguen sean para tecnificar a las hectáreas de superficie que tiene el Distrito de Riego 011.Es con base a los ahorros que se puede liberar volúmenes que se podrán utilizar para el uso público urbano en diferentes ciudades, al menos a eso apela el especialista y funcionario. Sin duda las palabras de Castañeda son de un panorama positivo, en el que al menos se espera obtener la certidumbre de un recurso como el agua, que ya es el foco de disputas territoriales.
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