El bloqueo al nuevo sindicato de la UG

1.- El bloqueo al nuevo sindicato de la UG

En una decisión que tiene todo el tufo de una consigna, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, que preside José Arturo Hernández Rico, negó el registro sindical a la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato (UITUG).

Hernández Rico es catedrático de la propia Universidad de Guanajuato (UG). Asalariado directo de la entidad que representa, en este caso, al patrón laboral. Es sin duda, una circunstancia producida por la mal entendida autonomía universitaria.

Queda claro que la rectoría general de Luis Felipe Guerrero Agripino, no desea en estos momentos una voz obrera con organización y peso gremial. ¿Cómo asegurar que dicho repudio no bajó como solicitud a la Junta Especial?

No se puede pensar de otra manera cuando los argumentos sostienen que un actuario dejó asentado el 19 de agosto de 2020, que no se acreditó la calidad de que los solicitantes fueran trabajadores de la UG, pues el patrón –la misma UG- sólo se los confirmó de palabra.

El registro también fue negado arguyendo omisiones en documentos básicos de identificación, por lo que se desacredita la autenticidad de un expediente que ya pasó por un Juzgado de Distrito.

Rubén Tapia Ruiz y Fidel Berrones son parte de esta organización de trabajadores de la UG, que ya han puesto cara al bloqueo recibido para sus objetivos, por muy legítimos que sean. Han tomado la batalla legal, donde la cancha definitivamente no está pareja,

En su resolución, Hernández Rico ordena el archivo definitivo del expediente como asunto concluido, sin embargo, se enciende un nuevo frente para Guerrero Agripino, innecesario con tantos otros abiertos, pero esperable de un rector resuelto a mantener los mecanismos rancios de cooptación o bloqueo sindical.

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2.- El sistema de salud ‘diferenciado’

En busca de diferenciarse –léase tomar distancia- del modelo adoptado por el gobierno federal para prestar los servicios de salud pública, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lanzó ayer un nuevo membrete para el cierre de sexenio.

‘Sistema de Salud GTO’ es ahora el nombre de un sector del gobierno defendido hasta con los dientes frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando éste anunció el fin del llamado Seguro Popular instaurado por Vicente Fox Quesada, sostenido durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Al cancelar el Seguro Popular, el gobierno de la 4T dispuso centralizar los servicios, pero sobre todo los recursos que se destinaban para su funcionamiento a través de los sistemas estatales. Con ello, Guanajuato dejaría de recibir al menos 8 mil millones de pesos que al final se le respetaron.

Al paso de dos años y medio con una pandemia global, los servicios de salud mostraron sus contrastes entre las capacidades de los hospitales generales, el IMSS, el ISSSTE y demás instituciones del orden federal.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, se convirtió en vocero de esos contrastes en medio de la emergencia sanitaria.

Hoy, el gobierno de Guanajuato busca marcar esa diferencia. La duda quedaría en lo tardío de recurrir a esa estrategia a estas alturas, todo como parte de un concepto superior que busca relanzar estos temas, como lo fue el eje de desarrollo social y educación.

Ayer, como secuela de los eventos anteriores, Rodríguez Vallejo rindió un informe de lo que se ha realizado en materia de salud, para enmarcar un anuncio enfocado en el reconocimiento social de un sistema que quedó bajo un régimen de excepción, frente al gobierno federal.

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3.- ¿De qué tamaño es la crisis notarial?

La intervención de la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, junto con su subsecretario de Servicios a la Comunidad, José Luis Manrique Hernández, en el sistema de notarías públicas del estado, tiene implicaciones que aún no se pueden dimensionar en su profundidad.

Tan sólo el año pasado prescribieron 400 investigaciones en contra de notarías de la entidad, que se venían arrastrando desde hace tiempo. Por eso llama poderosamente la atención que desde el 2010 a la fecha se han realizado 11 revocaciones del fiat, de las cuales cuatro terminaron en poder de los notarios implicados.

Aunque los esfuerzos del gobierno es no hacer olas de una posible crisis notarial, la verdad es que se trata de un problema sistémico del que se desconocen sus alcances, debido a la opacidad y a la histórica relación del gobierno con el Colegio Estatal de Notarios.

Por ahora, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez Cano, manifestó la necesidad de llevar a cabo una revisión respecto al proceso para determinar el retiro del fiat notarial ante irregularidades. Es decir, conocer primero el problema para buscarle una solución.

Mientras tanto, el presidente del Colegio de Notarios de Guanajuato, y titular de la Notaria No. 21, Francisco Alejandro Lara Rodríguez, admitió como preocupante que ocurra cualquier tipo de irregularidades en el ejercicio profesional. No obstante, mantienen una postura de protección para sus agremiados.

Nuevamente, es el colegio el que tiene parte en las mesas de análisis para la modificación legal a la Ley del Notariado. Sus opiniones han sido de peso para establecer los marcos que, ahora sabemos, algunos han tomado como espacio de oportunidad para malversar su calidad de fedatarios públicos.

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JRP