FGE: omisiones que son agravios acumulados

1.- FGE: omisiones que son agravios acumulados

Alertas Amber por adolescentes que tardaron dos años en activarse; entrevistas básicas que no se hicieron; celulares que no se rastrearon; procedimientos básicos de apoyo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no se pidieron; videos que no se revisaron; búsquedas hechas seis meses después de conocer lugares de posibles hallazgos.

Los señalamientos anteriores son sólo algunas de las omisiones de la Fiscalía General del Estado detectadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), en tres expedientes que aglomeran 47 casos de personas desaparecidas. Lo que Correo publica hoy, es sólo un botón de muestra.

La FGE que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre arrastra con diversos agravios que acumulan una realidad, que rebasa los señalamientos o críticas que prefiere dejar en “las entrañas del eterno olvido”; las víctimas se cuentan por centenas y estas han dejado constancia documentada del actuar negligente frente a la tragedia de la violencia.

Más allá de la promulgación de la ley en materia de desaparición de personas, en la que el fiscal se excusó para no reconocer el delito hasta 2020, se trata de omisiones básicas de la investigación ministerial que revelan un saldo incalculable que ahora se acumula al que la legislación le obliga.

Ya no sólo el protocolo básico de investigación es necesario. La ley vigente prevé crear Unidades de Análisis de Contexto en la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda, pero hoy sabemos que en Guanajuato eso es tarea pendiente desde hace cuatro y dos años respectivamente.

La ausencia de un trabajo serio y verdaderamente comprometido empobrece las líneas de investigación, sin tener a la fecha una lectura fehaciente del fenómeno de la desaparición de personas en Guanajuato.

En su último informe, Carlos Zamarripa presumió que durante el año pasado se atendieron “solo cinco recomendaciones”. Tal vez habría que recordarle que ante estos casos documentados y confirmados, el número es lo de menos cuando lo que esconden es indolencia y negligencia.

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2.- SSC de Irapuato: mucho más que una crisis interna

La crisis de violencia que persiste en Guanajuato ya invadió las esferas del gobierno municipal. Entre la inestabilidad de las cabezas principales y los ataques directos, el temor ya es el argumento con el que se abandona el encargo o se protege a cargo del erario.

Cuando se fue Miguel Ángel Simental, el cambio en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Irapuato fue planteado como necesario. La alcaldesa Lorena Alfaro García lo confirmó como un viraje que se requirió a sólo cinco meses de iniciar, mientras la violencia y la criminalidad persistían.

Sobrevino una crisis policial que pasó, del reclamo por prestaciones desiguales, a los excesos de violencia en la protesta pública del 1 de mayo; Rubén Omar Jaramillo fue despedido como director de la corporación, mientras Víctor Armas Zagoya fungió como el interino en la SSC.

Pero estos vaivenes no terminaron con la designación de Ricardo Benavides Hernández como el titular de la SSC de Irapuato, quien venía más respaldado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, que por su trayectoria en San Miguel de Allende.

Dos días después de la presentación pública de Benavides, se suscitó el ataque armado contra el jefe de la escolta de J. Reyes Méndez Jiménez, quien quedó al mando de la policía municipal.

Fue entonces que dos hechos se precipitaron: Irapuato se quedó nuevamente sin director de la policía municipal –incluso desde el día siguiente al ataque- y Ricardo Benavides ahora pide operar con la friolera de 20 escoltas y al menos cuatro vehículos para su seguridad personal.

La salida del director de policía fue maquillada como una solicitud de jubilación, además de una “reestructura logística”, pero de la petición del titular de la SSC que equivale a dos terceras parte de toda la generación que recién se integró a la policía, no se ha aclarado nada.

Irapuato preocupaba, pero ya alarma con esta crisis que supera las esferas internas.

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3.- El PRI en León y el puro polvo de viejos lodos

Ya no queda nada de aquel salón repleto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en León con porras y gritos que enarbolaban su poder político o, al menos, la persistente oposición ante la hegemonía ocupada por el PAN en el gobierno local y estatal.

Desde la fugaz experiencia en que se convirtió aquella alcaldía ganada por Bárbara Botello Santibañez en 2012, la huestes tricolores no han vuelto a llenar el recinto que este fin de semana llegó a uno de sus momentos más raquíticos con la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Municipal.

Acudieron 65 militantes y se tuvieron que ir a extraordinaria porque la primera convocatoria no logró el quórum requerido. Pero uno de los motivos que los reunía comparte un nexo importante con la pobre asistencia.

La dirigencia estatal otorgada a Ruth Tisacareño Agoitia en el último proceso interno, resultó en uno de los movimientos que han terminado por degradar al PRI de Guanajuato. De la mano de Alejandro Árias Ávila, los agravios se multiplicaron junto al desinterés de la militancia.

Cabe recordar que la actual regidora Blanca Araceli Escobar Chávez, renunció como secretaria general del PRI en León, lo que les ha llevado a convocar a un nuevo proceso interno cuyo resultado no entusiasma ni a los organizadores que buscan una “planilla de unidad”.

Con demasiada tardanza, los llamados a “trabajar desde la base” de Tiscareño poco eco encontraron. Se puso a la órdenes de un priismo leonés apenas seguido por figuras testimoniales como Primo Quiroz, Denny Méndez, Alfonso Orozco, Alejandro Mares y Luis Gerardo Gutiérrez Chico.

La asamblea del PRI en León fue una clara muestra del polvo que quedó del partido que alguna vez dominó los destinos políticos del país, del estado y de la ciudad zapatera. Su presente es sin duda el de figuras políticas que administran lo que queda y como se pueda.

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JRP