Freno a la militarización desde Irapuato

1.- Freno a la militarización desde Irapuato

El decreto que dictó el presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar la militarización que ya opera la Guardia Nacional, fue frenado por decisión de la jueza Karla Macías Lovera en Irapuato, al considerar que la demanda de amparo que presentó una organización civil, plantea elementos suficientes para juzgar el acto oficial.

La jurista encargada del Juzgado Noveno de Distrito admitió a trámite el juicio, concedió la suspensión provisional a la organización Uniendo Caminos México y programó para este viernes la audiencia incidental, en la que resolverá si concede la suspensión definitiva.

Macías Lovera ha forjado una trayectoria en la que, entre otros casos, detectó las anomalías en el primer caso documentado en el estado de desaparición forzada, ordenó la investigación a la Ciudad de los Niños por abuso y violencia infantil y ahora ha sido de las primeras en fallar contra la militarización de la seguridad.

Apenas en enero de 2020, determinó que es inconstitucional el acuerdo presidencial que faculta a las Fuerzas Armadas para ejercer labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, acorde al acuerdo publicado el 11 de mayo del 2020 por López Obrador; amparó a siete activistas que promovieron una demanda.

Ahora, la demanda de garantías fue interpuesta el pasado 26 de septiembre por Ángel Castro Gómez, representante de Uniendo Caminos. Tanto la demanda como la primera resolución exhiben las reformas que pretende el presidente en forma de decreto, al afectar cuatro leyes en materia de seguridad y defensa nacional.

Por eso mientras las negociaciones en el Congreso de la Unión se intensifican por la vía de la reforma constitucional, en juzgados federales se dirimen otras cuatro demandas de amparo. Dependerá de su argumentación que sus resoluciones contengan consideraciones del mismo o mayor nivel que el de la jueza Karla.

Pero ya en el terreno de la realidad, el debate sobre la Guardia Nacional se mantiene junto a las carencias que esta corporación federal enfrenta, debido a esa anormalidad con las que opera administrativamente.

Ayer, el delegado federal Mauricio Hernández Núñez, no sólo defendió la participación del Ejército en la seguridad, también en el despliegue de programas sociales.

El problema es que no se refleja en su infraestructura, como lo denuncio Francisco Escobar Osornio de la UCD al señalar que ya no caben en el cuartel de Salvatierra, o bien, las condiciones de obra negra que persisten en el cuartel ubicado en la colonia Villas de San Juan, en León.

Sin duda la situación de la Guardia Nacional, tiene diferentes caras que van desde lo legal, lo político y una realidad en la que los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la inseguridad.

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Freno a la militarización desde Irapuato

2.- Caso Pedro Francisco: reacciones sobre el escándalo

Pedro Francisco Rodríguez Vázquez ya sumaba un mes encarcelado antes de que su caso se hiciera público. Ahora el tiempo sigue corriendo ante la estéril condolencia oficial.

Y es que el escándalo por las irregularidades de las que fue víctima al ser acusado de un homicidio culposo que ocurrió en Tlaxcala, mientras este trabajaba entre San Miguel de Allende y León, ya son materia de reacciones de la clase política guanajuatense que rayan entre el oportunismo y la lenidad.

Desde el Congreso del Estado el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González, se dijo preocupado por la detención ilegal del muchacho y criticó que el gobierno estatal decidió intervenir hasta que se hizo mediático. Esto luego de difundir una foto suya en su encuentro con familiares de Pedro.

Por supuesto, la bancada del PAN no se iba a quedar quieta. Fue la diputada Angélica Casillas Martínez, la que tomó la voz para señalar que el gobierno ya ha mantenido comunicación con el Secretario de Gobierno de Tlaxcala, Sergio González, quien se comprometió a “presentar un reporte”.

Quien de plano envió a un subordinado para atender el tema, fue el alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García. Su secretario de Ayuntamiento, Miguel Gerardo Jaramillo, pidió apoyo al gobierno de Tlaxcala a cargo de Lorena Cuellar Cisneros, y dijo recibir atenciones e interés en el caso.

En tanto, la Secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, afirmó que ya se acompaña con asesoría legal a la familia, además de ya “estar en contacto” con ellos.

En medio de todo esto, ni siquiera se ha reparado en la probable negligencia en la que habría incurrido la propio Fiscalía General del Estado (FGE), al ejecutar la detención solicitada por la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala con datos de identificación erróneos o incompletos.

Si bien el papel de la FGE es de apoyo en la diligencia, al ejecutarla se contó con oportunidades no sólo para evitar esta detención, sino para advertir las irregularidades del caso.

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Freno a la militarización desde Irapuato

3.- Diputadas del PAN: pena ajena

En los debates esenciales, se esperan posturas argumentadas sobre lo fundamental. Pero tal parece que esta es una expectativa destinada a la basura, con diputadas locales que no entienden ni de soslayo la necesidad de discutir con altura un tema como la despenalización de la interrupción del embarazo.

Ayer, al final de la sesión del pleno del Congreso de Guanajuato, en los asuntos generales la legisladora Martha Ortega Roque del PVEM anunció que presentará una iniciativa relacionada con mejorar las atenciones psicológicas a mujeres y hombres, que han sufrido la muerte fetal o perinatal de sus hijos; la llamada “iniciativa cunas vacías”.

El asunto es que mientras se exponían los avances de la iniciativa, algunas diputadas del PAN se estaban riendo e incluso una de ellas, lanzó una frase fuera de toda lógica: “…o sea que primero los matan en el vientre y luego les lloran cuando no nacen”.

Los comentarios desagradables no se midieron. Incluso de forma socarrona afirmaron que ‘por eso nosotras si estamos a favor de la vida’.

La diputada de Morena, Irma Leticia González, se percató del cuchicheo en la bancada del PAN y junto a la priista Yulma Rocha Aguilar exigieron orden a Martín López Camacho. El momento fue tan bochornoso que diputados del PAN fueron a disculparse con Martha por el comportamiento de sus compañeras.

¿En qué legisladora debe pesar la vergüenza de estas expresiones? La primera responsable es la diputada Cristina Márquez Alcalá como presidenta de la Comisión de Justicia y la primera opositora a la despenalización.

Basta recordar su afirmación que fue más bien una sentencia sin mayores argumentos: “Nunca va a estar en agenda la despenalización del aborto, nosotros somos provida”… descartó que esto signifique que se impone una ideología pues “votaron por nosotros porque creen en la doctrina de Acción Nacional”.

Es así que dando muestras de una ignorancia supina, la diputadas del PAN son capaces de mezclar dos temas completamente diferentes, con tal de aferrarse a una posición que, les guste o no, cada vez es colocada cada vez más contra la pared.

Freno a la militarización desde Irapuato

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JRP