La crisis estalla en Abasolo

1.- La crisis estalla en Abasolo

Vaya jornada para la alcaldesa de Abasolo, Rocío Cervantes Barba. En un sólo día tuvo que despedir a su director de policía, Franklin Ramírez Hernández, y soportar la noticia del asesinato de su contralor municipal Erick Canto Crivelli.

Abasolo es un municipio con una ubicación estratégica, conexión directa a la conflictiva zona suroeste del estado, hacia Pénjamo y La Piedad, Michoacán, y al norte con la convulsa ciudad de Irapuato. Esta vez, la sombra de la violencia demostró que esta sigue latente fuera del corredor industrial.

Canto Crivelli fue asesinado a balazos en un ataque armado apenas a dos cuadras de la presidencia municipal de Abasolo. Se encontraba acompañado de otro trabajador de la misma dependencia que resultó herido de gravedad. Todo a plena luz del día.

Con este hecho, en Guanajuato suman 51 actos de violencia contra funcionarios en 2022, incluyendo a policías municipales y familiares allegados. De manera particular los ataques se han concentrado en el área de seguridad, por lo que el asesinato del contralor abasolense es uno de los 20 ataques dirigidos a ediles, directores de área y colaboradores.

Esta circunstancia sobrevino en un momento crucial para el gobierno de Abasolo, pues horas antes se confirmó el despido de Ramírez Hernández por reprobar la evaluación de control y confianza, luego de cuatro años al frente de la Policía Municipal de Abasolo.

El director policiaco procedía de la administración de Samuel Cruz Chesanni (2018-2021), se mantuvo durante ese trienio y todavía con el cambio de gobierno, Rocío Cervantes lo ratificó y ahora se vio obligada a darle de baja.

La circunstancia de Abasolo, atípica por coincidir despido y asesinato de contralor en un solo día, es también la de diversos municipios que no gozan de la misma atención pública que las cinco ciudades principales de Guanajuato.

Municipios como Pueblo Nuevo y Santa Catarina mantienen a directores de policía que no reúnen las capacidades, aunque sí cumplieron con su examen. En contraparte, Silao, Valle de Santiago y Jerécuaro se mantienen con mandos acéfalos, ante la falta de su acreditación, mostrando la misma vulnerabilidad.

Así pues, la coyuntura tanto de política como de seguridad en Abasolo, cimbró por primera vez a su gobierno priista, mostrando que la paz, es apenas una etapa transitoria en los municipios de Guanajuato.

2.- PJ y TJA, el oficialismo latente

Las hegemonías políticas se imponen en todo los puestos. No importan los tiempos de democratización cuando se trata de ubicar a funcionarios leales en posiciones clave de equilibrio, que se suponen autónomas ante la ley.

El Poder Judicial de Guanajuato está por designar una magistratura en el último suspiro del año. Pronto los rumores adelantan de donde saldrá la terna pero, sobre todo, quien será el beneficiado de esta.

Resulta que se ha nombrado a Arturo Razo Tapia como el perfil más cercano a la presidenta del Poder Judicial, Rosa Medina Rodríguez, con quien coincidió como trabajador en el Bufete Jurídico y Notaría Pública numero 27 a cargo Luis Mariano Hernández Aguado.

Razo Tapia es consejero designado para el Poder Judicial desde diciembre de 2020. Aunque le faltaba un año de gestión, ha trascendido su posible postulación para dar dos saltos monumentales; de abogado a consejero, de consejero a magistrado, sin haber pasado por la labor de juez.

De manera que se trata de otra inminente decisión discrecional a las que se ha sometido históricamente al poder público encargado de impartir justicia. De cumplirse el affaire con Arturo Razo, estaríamos ante un integrante del órgano evaluador de los magistrados, que aspira a ser uno.

Mientras lo del Poder Judicial se dirime, hoy se presentará ante el Congreso de Guanajuato la propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para renovar dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), cargos para los que varios nombres han saltado a la palestra con un común denominador: la burocracia estatal.

Se barajearon los nombres de la Secretaria General del PAN, Rosario Corona Amador, y de la subjefa jurídica de la jefatura del gabinete, Soledad Aguayo Aguilar, pero ahora cobran fuerza las versiones que apuntan a otras dos mujeres, por lo que Guillermina Valdovinos y Cuauhtémoc Chávez terminarían su gestión este jueves de forma definitiva.

Ante la discrecionalidad de las propuestas que llegaron al Poder Legislativo el pasado 13 de diciembre, por ahora trasciende que las propuestas son la directora general de asuntos jurídicos y expresidenta del Poder Judicial, Raquel Barajas Monjarás y de la directora del Instituto de la Justicia Administrativa, Miriam Ramírez Sevilla.

Al final, el tema de fondo son las persistentes concesiones que permiten al Poder Ejecutivo dominar sobre la autonomía de los órganos autónomos que supuestamente le deben de equilibrar. Tareas no resueltas cuyas repercusiones se verán en estos últimos 15 días del año.

3.- Salida para una orden judicial

Luego de una seguidilla de sainetes incomprensibles, en torno a una orden judicial que obliga al Congreso del Estado modificar la ley de egresos de 2022, para hacer efectivos recursos específicos para promover los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, los acuerdos llegaron.

Aunque este año ya no se podrá destinar los recursos dispuestos en la orden judicial, la organización Amicus, autora del litigio que hizo posible esta nueva especificación en la ley, logró que se considerara un nuevo instrumento tangible al pactar la contratación de un despacho externo para que elabore un diagnóstico sobre el tema.

Incluso, se asignó la tarea al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) a cargo de Graciela Amaro Hernández, lo que sin duda cumple con una función fundamental de este pleito legal: visibilizar las necesidades y rezagos de la diversidad sexual en Guanajuato.

Para lograrlo, el representante de Amicus y militante de Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado, ya no tuvo un a reunión petit con el presidente de la Mesa Directiva, Martín López Camacho, que al final sólo avivó las inquietudes. Esta vez el acuerdo fue definitivo con diputados y funcionarios estatales.

Ante estos, se dejó en claro que el fondo de la sentencia es establecer los lineamientos para que el próximo año se pueda ejecutar dicho presupuesto. De ello también fue partícipe el presidente de la Junta de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres quien garantizó que después del diagnóstico vendrán las acciones, programas o proyectos.

Es así que se da un paso fundamental, a contrapelo del PAN, pero fundamental al fin.

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