La cruda electoral, ahora con la consulta
Eduardo López Mares
1.- La cruda electoral, ahora con la consulta
Usted lo sabe. Después de cada proceso electoral, intermedio o concurrente, viene un tedioso lapso en el que este se judicializa mediante quejas, denuncias y señalamientos de la más amplia catadura entre los partidos enfrentados.
Se trata de una resaca que viene a culminar todo un periodo de tiros y jalones, que ahora se integra como parte de la consulta de revocación de mandato.
El problema es que atender esta andanada de denuncias cuesta. Claro, todas se deben de atender y eso es aprovechado para levantar polvo innecesario, por el simple hecho de dar pelea y simular una gresca política que poco fondo tiene y mucho trabajo implica para los órganos electorales.
Ahí tiene usted las 33 denuncias que el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, dijo haber presentado en contra de Morena por supuestos abusos en la consulta, de las cuales solo 18 fueron aceptadas por la Junta Local del INE, por tener verdaderos indicios de acarreo, propaganda durante la veda, el proselitismo y la coacción.
Curiosamente, estos actos se acusaron principalmente en municipios como León, Silao e Irapuato y no en otros como Salamanca, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso, Atarjea y Uriangato, donde se registró la participación más alta al ir del 15.41 al 13.72 por ciento.
¿Qué procede después de estas quejas? Muy poco se puede esperar. Se trata de un enfrentamiento entre el PAN y Morena que poco trascenderá en el futuro inmediato.
Y a todo esto… ¿Alguien se acuerda del PRI? El llamado ‘partidazo’ se mantiene pegado a la pared del escenario político, bien acostumbrado a las negociaciones con quien se deje. A ver si le entran al debate aunque sea con su propia cruda.
Ver nota: PAN presenta 33 quejas por consulta de revocación, pero INE batea casi la mitad
Eduardo López Mares
2.- Irapuato: marchas forzadas en seguridad
La intempestiva renuncia de Miguel Ángel Simental, irremediablemente descolocó el gobierno municipal encabezado por Lorena Alfaro García, que mucho apostó por el excomisario de la extinta Policía Federal en Guanajuato.
La complejidad recae en que el programa y estrategia de seguridad, mucho se centraba en el llamado Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato (CERII) de 150 elementos, con el que Simental ofreció abatir los delitos de alto impacto.
Ahora, dicho comando fue borrado del Programa de Seguridad y Prevención del Delito, que al no ser entregado por el exfederal, tuvo que correr a cargo de su sustituto Víctor Armas Zagoya, quien -para colmo de males- todavía tiene pendiente acreditar sus pruebas de control y confianza.
Al irse por la borda los planes del inicio del trienio, el nuevo documento enlista las obviedades de una sociedad con altos grados de marginación, combinadas con la impunidad que ofrecen las instituciones públicas. Nada que no se sepa.
En cuanto a las metas, se enfilan una serie de retos nada fuera de los obligados como frustrar los crímenes patrimoniales al 50 por ciento, pero también otras como disminuir el grafitti 50 por ciento al año y eliminar al 100 por ciento la venta clandestina de alcohol, que sin duda se antoja inalcanzable.
Sin duda Lorena Alfaro enfrenta el reto de recomponer el rumbo por la seguridad, en medio de cambios obligados y de la inseguridad que no para.
Ver nota: Sin metas u objetivos claros, presentan Programa de Seguridad en Irapuato
Eduardo López Mares
3.- Celaya: nadie se salva
Desplegar policías en una zona determinada no garantiza que se convierta en un espacio seguro para quienes ahí concurren, y eso diario lo constatan los locatarios de los mercados Morelos e Hidalgo, en Celaya, que desde hace dos años pagan derecho de piso ya que la presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), no inhiben el asedio de los extorsionadores.
Los comerciantes se preguntan cuál es el beneficio de la presencia policial, si de todos modos los criminales los tienen sometidos al pago de cuotas a cambio de permitirles trabajar.
Aunque algunos han accedido a denunciar, para otros el miedo los paraliza. Aún les acongoja recuerdo de los ataques del 5 de agosto de 2019, cuando tres mujeres en una tortillería y un hombre en un negocio de cemento fueron acribillados por negarse a pagar derecho de piso.
Todos están amenazados: carniceros, polleros, negocios de comida, de ropa, vendedores de frutas y verduras, bisutería, aparatos electrónicos, tortillerías, floristas, abarroteros. Nadie se salva.
En 2021, las denuncias por este delito aumentaron mes a mes, hasta alcanzar su máximo histórico en diciembre, con 14 –antes en Celaya se iniciaban de cuatro a seis expedientes al año—. Se radicaron otras 14 denuncias en el primer bimestre de 2022.
El resurgimiento de las extorsiones y un posible ataque contra los comerciantes es el peor escenario que podría enfrentar el alcalde Javier Mendoza Márquez en su primer año de gobierno.
Por eso será decisivo que logre involucrar al gobierno del estado en la contención del problema, vía la Secretaría de Seguridad Pública, y el esclarecimiento de los casos denunciados que queda en la cancha de la Fiscalía General del Estado.
El mandatario sabe que su inacción dejará a los locatarios a merced del hampa.
Ver nota: Javier Mendoza pide ‘paciencia’ a los celayenses para dar resultados
Eduardo López Mares
4.- Las cuentas en el STJE
Que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) admita que requerirá más infraestructura para hacer frente a la alta demanda de juicios laborales, a seis meses apenas de que se estrenó el nuevo sistema, no hace más que exhibir la inadecuada planeación previo a su implementación.
“Desafortunadamente el presupuesto no alcanzó para abrir más regiones”, admitió la presidenta del STJE, Rosa Medina Rodríguez, tras 237 millones de pesos invertidos en la puesta en marcha el nuevo modelo.
Tras 30 meses de planeación, el pasado 3 de noviembre fueron inaugurados los cuatro centros de justicia laboral –en Celaya, Guanajuato, León e Irapuato—, con los que se dijo se garantizaba la cobertura en los 46 municipios.
La mala noticia es que el presupuesto haya sido insuficiente. Lo peor aún es que aún no se sabe de cuánta inversión adicional estamos hablando…
Ver nota: Urge SJTE más presupuesto para atender Justicia Laboral en Guanajuato
Eduardo López Mares
José González Ojeda
Histórico, así calificó José González Ojeda, alcalde de Jaral del Progreso, el paso que dio su gobierno a favor de los sobrevivientes de la violencia. A partir de la segunda quincena de abril, se entregarán mil pesos cada dos meses, a madres y padres solteros que sufrieron pérdidas por hechos delincuenciales y desaparición.
Aunque González Ojeda reconoce que este apoyo “no les va a solucionar totalmente la vida”, es un incentivo real y Jaral es el primer Municipio en otorgarlo.
También es la primera vez que el tema se aborda con tal empatía al tomar en cuenta el terrible impacto que sufren los menores, la ruptura que se produce en las familias.
Jaral del Progreso vivió hace dos años la masacre del bar ‘La cabaña del toro’, donde siete hombres y cuatro mujeres fueron asesinados. Este episodio les robó la calma para siempre.
José González Ojeda refirió que también se preparan para integrar su célula de búsqueda de personas desaparecidas. Mientras los grandes municipios como León, Irapuato y Celaya presumen toda la parafernalia que pusieron en marcha para responder al convenio con gobierno del Estado, en Jaral del Progreso van por partes.
Motivar a la población a denunciar es prioritario, ya que según el presidente municipal la población no acude a las autoridades si algún familiar desaparece. González Ojeda espera que los ciudadanos colaboren al saber que cuentan con apoyo de su gobierno.
Conocer cuántos casos hay a través de las denuncias, permitirá dimensionar el panorama real y cómo abordarlo.