Las luchas obreras de Guanajuato
1.- Las luchas obreras de Guanajuato
La lucha obrera llegó a Guanajuato. Un estado que se preciaba de mantener una ‘estabilidad laboral’, apetitosa para la atracción de inversiones, vive días donde la exigencia obrera se manifiesta en diferentes medidas y causas, pero con el común denominador de romper con el status quo mantenido por décadas con sindicatos domesticados o testimoniales.
Sin duda alguna el hito lo marcó el caso de General Motors en Silao. Un movimiento sindical que rompió con el charrismo de la CTM, ha logrado un incremento sustancial de hasta el 8.5 por ciento directo a sus salarios a través del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia) una nueva organización que promete abandonar la displicencia tradicional.
De ahí tenemos en ciernes el caso de Mazda en Salamanca, donde apenas el 5.5 por ciento negociado con el sindicato oficial, ha comenzado a incubar las inconformidades al interior de su planta productiva, luego de una cuestionada consulta sindical que, a diferencia de GM, no mereció el mismo cuidado y custodia de parte de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
Ahora los focos encendidos se encuentran en diferentes fábricas de Guanajuato.
Trabajadores de la empresa Condumex en los municipios de San Felipe y Ocampo realizaron paro laboral al considerase inconformes con el reparto de utilidades. Mismo caso en San José Iturbide, con los de la empresa Nedec, donde negociaron la propuesta de 500 pesos a los 1 mil pesos y cuatro trabajadores fueron despedidos.
En Silao, los trabajadores de Hitachi Astemo reprocharon que sólo se les fuera a dar un bono de 3 mil pesos, cuando años atrás llegaba hasta los 6 mil pesos. En Pénjamo, trabajadores de la empresa maquiladora Carhartt, hicieron paro de labores. Mismo caso de los empleados de la empresa THK Rhythm Mexicana S.A. de C.V., instalada en el municipio de Silao.
El problema es la coyuntura. Después de dos años de pandemia, la emergencia sanitaria asestó duros golpes financieros sobre todo al sector de la manufactura, donde las utilidades cuando menos eran sostenibles año con año. Hoy enfrentan su mayor reto, ante una reactivación apenas en ascenso y una inflación galopante.
La lucha obrera
Ver nota: Trabajadores de GM Silao dan el ‘sí’ a contrato colectivo; aumentarán salarios 8.5%
2.- El CPC se hunde en su propio galimatías
En una postura que evidencia su propia necedad -además de una ignorancia supina-, Katya Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak y Giovanni Appendini Andrade, decidieron impugnar el amparo que confirmó su obligación como funcionarios públicos al integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por el que cada uno cobra 1.2 millones de pesos al año.
No hay crédito para los argumentos que han expuesto al juzgador, para evadir su capacidad de denuncia mediante la proactividad que les requiere su encargo. Ellos no se asumen como funcionarios con todo y el recurso del erario que consumen mediante la creación de un área que pertenece a la estructura de gobierno.
Por risible que parezca, decidieron apuntalar su defensa desconociéndose como funcionarios; para ellos, son ciudadanos con derecho a participar en las decisiones públicas, pero sin la calidad de funcionarios.
Según la comodidad que defienden, sus atribuciones “se limitan a una comisión o representación ciudadana”, pero no definen para qué o ante quiénes; asumen que su condición de ciudadanía “es un elemento reiterado tanto a nivel Constitucional federal y estatal”, cuando esa no se ha cuestionado ni retirado.
Se dicen ajenos a la administración pública, pero reciben un salario mensual integrado en un Sistema Estatal Anticorrupción articulado en un presupuesto anual. Habrá que decir que este argumento pareciera una confesión, pues aún con lo pomposo de su nombre, efectivamente, se han mantenido ajenos ante los casos que suponen corrupción, de ahí la razón de este embrollo.
El recurso fue presentado sólo por tres de los cinco integrantes, ya que entre ellos existe voto dividido. Si bien lo firman cuatro integrantes, uno de los disidentes es el actual presidente, Julio César Rodríguez Fonseca, quien se vio obligado a firmarlo al ser una postura colegiada, pero su criterio es coincidente con su compañero Alejandro Armando Ramírez Zamarripa y con el del Juez de Distrito.
El tiempo estimado para la sentencia definitiva es de tres a cuatro meses, pero desde ahora el bochornoso papel de este organismo ya quedó asentado en su defensa legal, misma que pintan una necedad e ignorancia incomprensibles.
La lucha obrera
Ver nota: “No somos servidores públicos”, reprocha CPC tras amparo por falta de participación
3.- Distrito León MX: la sospecha y la duda
Ayer fue presentada la cartelera de eventos para junio en los diferentes recintos que integran el polígono de entretenimiento, al que se la ha impuesto llamar ‘Distrito León MX’.
Se trata de un concepto acuñado por el gobierno estatal desde la gestión de Miguel Márquez Márquez y cristalizado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La idea fue integrar -cueste lo que cueste- los predios ubicados entre las instalaciones de la Feria de León, el Estadio León y el Poliforum, con el parque Explora y el complejo del Forum Cultural Guanajuato.
Difícilmente el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos se opondría a esta idea que nació al margen de toda planeación.
Así que bajo la misma lógica el director de Poliforum, Alejandro Gutiérrez de Velasco, el director del Forum Cultural, Ramón Lemus Muñoz Ledo, el director de Explora, Gerardo Ibarra Aranda y David Ayala, subdirector comercial del Patronato de la Feria, presentaron sus eventos con la única novedad del ‘empaque’.
El momento incómodo vino cuando les cuestionaron cuándo se presentaría al director del ‘Distrito León MX’. Ninguno supo qué decir.
Por supuesto, se trata de una figura que adelantó el expresidente del Patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, el día de su despedida ante los medios de comunicación tras acreditarse la gestión para integrar dos predios faltantes: los terrenos de Munpic y la Expoganadera.
Evidentemente Muñoz Márquez aspira a esa posición, sabedor del apoyo del gobernador quien lo integra en sus eventos aún sin ostentar actualmente algún cargo público. Su figura ronda nuevamente el polígono de entretenimiento y cultura más preciado de la ciudad, a pesar de la resistencia de la alcaldesa de León, quien sigue la línea, pero se mantiene al margen.
Por lo pronto, la renovación en la presidencia y dirección de la feria local ya borró la expectativa de la Feria de Verano, mientras la duda y las sospechas cunden en el desarrollo de un distrito que nació de la nada pero ha impactado en todo.
La lucha obrera
Ver nota: Música, deporte y ciencia: Distrito León MX presenta su agenda de eventos para junio
Contra retrato
Anabel Pulido López
Desde el mes de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que se emitiera una declaratoria de Alerta de Género en Guanajuato.
Aunque se ha implementado en 22 estados del país, en el nuestro fue rechazada en 2009, 2013 y 2015. Sin embargo, en esta ocasión, el ‘desinterés’ parece provenir de las autoridades federales, no estatales.
De acuerdo con Anabel Pulido López, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), hace una semana se venció el plazo para conformar el grupo de trabajo que analizaría el tema, “ya debieron haber sesionado”.
“Todavía no tenemos una notificación de manera oficial”, resaltó Pulido. Detalló que la Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) deben elegir a las académicas que levantarán en territorio guanajuatense las entrevistas, análisis y estudios, con las estancias municipales pertinentes.
Mientras se postergan trámites que demorarían por lo menos otros seis meses, las cifras se acumulan. Anabel Pulido resaltó que el IMUG atiende junto con la Secretaría de Salud del Estado los 92 mil casos de mujeres violentadas detectados en 2021. Este dato se traduce en una de cuatro guanajuatenses.
Recientemente, Edith Moreno Valencia, diputada local de Morena, reveló que entre enero y marzo 92 mujeres murieron de forma violenta en el estado, y sólo cinco de estos crímenes se tipificaron como feminicidio. La legisladora propuso una modificación a la Alerta de Género que implicaría mayor interacción entre los tres niveles de gobierno.
Mucho se cuestiona la eficacia de este mecanismo en comparación con las políticas públicas locales. Mucho tiempo se pierde en mera burocracia. Mientras la CNDH y Conavim parecen haber dejado el tema en ‘stand by’, las autoridades estatales están dispuestas a dialogar, tal como dejó en claro Anabel Pulido.