Litio en Guanajuato: más dudas que certezas
1.- Litio en Guanajuato: más dudas que certezas
La iniciativa de nacionalización del litio en México de Andrés Manuel López Obrador, irrumpió no sólo en la coyuntura de la revancha por la desechada reforma eléctrica, también con el desconocimiento generalizado sobre la presencia de este elemento en el suelo nacional.
De saberse pobre poseedor en el panorama nacional, ahora sabemos que México sí cuenta con el litio ubicado en el décimo lugar mundial, de acuerdo con estimaciones recientes del mercado privado, no obstante, su industria está en pañales.
Por eso llama la atención las estimaciones hechas en el nuevo mapeo del litio en México, en las que ubican tres zonas dentro de Guanajuato; dos rocosas en Silao y San Francisco del Rincón y una dentro de las aguas salinas de Valle de Santiago.
Si la justificación a la nacionalización en buena parte se basó en estos lugares antes no contemplados ¿explotarán lugares como Rincón de Parangueo, donde el ecoturismo ha venido ganando terreno? ¿con qué presupuesto y medidas de remediación van a hacerlo?
En el caso de Arperos en Silao ¿se abrirá la extracción a cielo abierto en los linderos de la carretera a San Felipe? Y qué decir del caso de San Francisco del Rincón, donde no hay más datos que refieran la ubicación exacta del litio en el municipio.
Las condiciones de cada punto detectado, son sin duda diversas. Aunque los beneficios son innegables para municipios como Bacadéhuachi, en Sonora, las condiciones territoriales podrían traer consecuencias como la especulación o de plano la resistencia social.
Ver nota: ¿Litio en Guanajuato? Tres regiones del estado podrían ser viables para la extracción del mineral
litio en México
2.- PAN: empleo para todos
Salir derrotada tras contender por la diputación Local Distrito XIV, estuvo lejos de significar que la panista Karina Padilla Ávila debiera resignarse a vivir fuera del presupuesto.
Ser militante blanquiazul desde enero de 1997 y su amplio kilometraje en diferentes áreas de gobierno –fue procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, diputada federal, regidora en Salamanca, coordinadora de Finanzas de Irapuato y súmele al menos cuatro cargos más—, le valieron para merecer una subsecretaría en la SICOM (Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad), e iniciar así una nueva etapa dentro de la nómina gubernamental.
Aunque nadie duda de su experiencia en el servicio público, resulta notable la capacidad de los leales al PAN para siempre caer parados y acomodarse en la burocracia estatal.
Ejemplos hay de sobra.
Ni una semana transcurrió desde que Paulo Bañuelos Rosales dejó la diputación local cuando ya despachaba como secretario de Desarrollo Agroalimentario. Su compañero de bancada, Jesús Oviedo Herrera, dos semanas después asumió la Sedeshu (Secretaría de Desarrollo Social y Humano).
El 31 de octubre, a días de dejar la alcaldía de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez fue nombrada subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político. Al exsecretario general del Congreso del Estado, José Ricardo Narváez Martínez, ese día lo designaron subsecretario de Inclusión e Inversión para el Desarrollo Social.
No le alcanzarán los dedos para contarlos.
Al exalcalde de León, Héctor López Santillana, le dieron la dirección de Guanajuato Puerto Interior; pero también algunos de sus colaboradores ya recibieron cobijo en el gobierno.
El extesorero Enrique Sosa Campos –el mismo que autorizó descontar el predial al Club Campestre— es hoy director de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. A Rodolfo Ponce Ávila, exdirector de Desarrollo Rural, lo premiaron con la subsecretaría de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria pese a que se acreditó su colusión en el mismo caso.
El exdirector del IMUVI, Amador Rodríguez Ramírez, despacha como director Asentamientos Humanos y Vivienda; y el ex subsecretario de Atención a la Comunidad, José Luis Manrique Hernández, hoy es subsecretario de Servicios a la Comunidad en la Secretaría de Gobierno.
Ver nota: PAN: buscará aumentar pena para quien obligue a jóvenes a cometer un delito
litio en México
3.- Sapal: cuentas pendientes
Ochenta extrabajadores que se encargaban de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sapal, se mantienen en el peor de los mundos posibles: engañados por Ecosys -como su patrón legal- y evadidos por la paramunicipal.
A partir de la finalización de la concesión legal en septiembre de 2020, los nubarrones llegaron. Sapal tomó la PTAR de golpe y porrazo mientras Ecosys acusaba irregularidades que antes calló. Al final, fueron los trabajadores los que se quedaron sin empleo ni liquidaciones pese a tener una mano de obra en suma calificada.
El juicio laboral inició, mientras el propio Sapal se encontraba ante la obligación apremiante de mantener en funcionamiento unas instalaciones excepcionales en dimensión y demanda.
Como bote pateado, Sapal logró alargar los tiempos ante la desaparición de los patrones legales, sin embargo un amparo concedido a los extrabajadores devuelve el caso a la justicia que deberá dirimir las obligaciones legales que siguen sin cumplirse.
El caso ahora deberá ser retomado por el nuevo consejo directivo encabezado por Antonio Morfín, quien ya pintó su raya del otro caso derivado de la toma de operaciones de la PTAR: la muerte de cinco trabajadores en el accidente suscitado el 13 de noviembre de 2020.
La cuentas pendientes por resolver persisten, como persistente es la necesidad de regularizar las operaciones de la planta de tratamiento más grande del orbe.
Ver nota: Tras dos años, conceden amparo a extrabajadores de PTAR de SAPAL
litio en México
Jesús Rivera Peralta
“No es obligatorio, es una cortesía”, dijo el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, sobre el examen de control y confianza del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta. El funcionario llegó a su gobierno avalado por la federación, lo que es “más que suficiente”.
Desde hace más de un mes están pendientes los resultados de la evaluación a nivel estatal practicada a Rivera.
Medio año en el cargo y control no hay en Celaya, que entra y sale del top 10 de los municipios más violentos del país. En cuanto a la confianza, la del presidente municipal es absoluta, este martes Mendoza reiteró por enésima ocasión su respaldo al secretario y negó los rumores de un resultado reprobatorio, “no veo la posibilidad”, dijo.
A su llegada, Jesús Rivera se comprometió a “atender personalmente al ciudadano”, sobre todo en las zonas conflictivas.
El pasado 23 de marzo, durante su primer informe de resultados, reconoció un aumento del 24% en homicidios. En la presente administración suman cinco los policías municipales y dos elementos de tránsito caídos a manos de criminales. Extorsión a comerciantes, delincuentes cada vez más jóvenes, un presunto abuso de autoridad (que negó, contundente), son solo algunos conflictos que sufre Celaya.
La población busca respuestas en las autoridades, el alcalde afirma que la Secretaría tiene un buen líder, y el propio Rivera dice que cumple con su trabajo.
Javier Mendoza admite que no hay un plan B si Rivera reprobara el examen de control y confianza. Los ciudadanos víctimas de la inseguridad, tampoco tienen otra alternativa más que sobrevivir.