Los focos ‘rojos’ del desarrollo económico
1.- Los focos ‘rojos’ del desarrollo económico
Que el desarrollo económico sea el tema estandarte de los gobiernos del PAN en Guanajuato, no los aleja de los claroscuros. Reveladora resultó la Herramienta Subnacional de Obstáculos Empresariales (HESOE), desarrollada por los consultores Ethos y el Consejo Coordinador Empresarial liderado a nivel nacional por Francisco Cervantes Díaz, al exhibir las grandes áreas de oportunidad que, en el caso de Guanajuato, se creían superadas.
El lugar 24 que el estado recibió en esta medición como uno de los estados con mayores obstáculos para la apertura de empresas, sin duda es contradictoria dentro de una narrativa que presumía el crecimiento de las aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional (PIB), atracción de trasnacionales y generación de empleo. El estudio identifica las barreras que enfrentan los empresarios para abrir y operar un negocio en las entidades federativas, que en el caso de Guanajuato resultó con un puntaje general de 42.5.
Está compuesta por más de 120 indicadores agrupados en siete sectores como los problemas regulatorios, servicios e infraestructura deficientes, incertidumbre jurídica, instituciones poco confiables, inseguridad, corrupción y carga fiscal elevada. Todos se promedian para sacar un ranking nacional. Guanajuato está entre los 10 primeros a nivel nacional donde los empresarios enfrentan más obstáculos para abrir y operar un negocio.
Lo relevante es que los tres reactivos que resultaron más mencionados, son la carga fiscal, la inseguridad y la corrupción. Focos rojos que tiran por la borda cualquier esfuerzo en el tema económico. Son estos diagnósticos los que merecen la atención de funcionarios como el Secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro Gómez, quien justo ayer agregó que la falta de experiencia y de capacidades en procesos especializados de la industria son las principales razones por las cuales algunos guanajuatenses no logran insertarse al sector productivo.
Eso sí, estimó que para el 2023 se concreten alrededor de 18 proyectos de inversión en Guanajuato, que representarían un monto total de 1 mil 500 millones de dólares.
Una atracción nada despreciable, pero insuficiente para cubrir las necesidades de una política que continúa como el tema dominante en los informes de gobierno
2.- León: sin reflexión ante la represión
El 22 de agosto de 2020 la policía de León desplegó un operativo para detener a manifestantes feministas, que se hicieron escuchar aquella tarde en la explanada del Templo Expiatorio. Su motivante fue el hartazgo e indignación ante el caso de una joven que días atrás sufrió abuso sexual de parte de dos elementos.
La movilización policiaca de ese día fue inusual. Durante la protesta se mantuvieron expectantes protegiendo la caseta de policía, que se ubica justo en el punto donde se originaron los hechos de aquella denuncia, sacando fotos a las manifestantes.
Al terminar, realizaron detenciones desordenadas cuando los contingentes de protesta se dispersaron. El desconcierto ante la arbitrariedad cundió por la noche cuando los agentes violentaron a participantes, mujeres periodistas que cubrían la marcha y ciudadanos que sólo pasaban por el lugar.
Como suele suceder en estos casos, el escándalo fue mayúsculo ante la alevosía mostrada por los agentes que siguieron el script de sus superiores. Esa noche, se realizaron 23 detenciones arbitrarias y se violentó el libre derecho a la protesta.
Por supuesto, el hecho mereció denuncias y quejas directas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) que ayer se declararon cumplidas por parte del municipio, al tiempo que el Consejo de Honor y Justicia exoneró de toda responsabilidad administrativa a tres de los cuatro mandos responsables.
El actual director general de la Policía municipal Jorge Guillén Rico, la comandante Sandra Érika González Calvillo, quien ese día fue la encargada general del operativo y el comandante Paulín Ramiro Granados Aguirre, encargado del grupo que participó como apoyo, fueron exentados de responsabilidad alguna.
El exdirector de Operaciones Policiales, Juan Pedro González Pérez, fue determinado como el único responsable por lo sucedido, causando su baja de la corporación. De esta manera, el la administración municipal que encabeza Alejandra Gutiérrez Campos, le da carpetazo a hechos que motivaron el intento de creación del Reglamento para garantizar el derecho a la libre manifestación, cuya versión confeccionada por el gobierno de Héctor López Santillana fue rechazada.
Al final, el tema quedó en una respuesta de cajón ante las recomendaciones directas de la Prodheg, además del arrojo al olvido de una recomendación general que buscaba un marco normativo que para estas alturas, sería la única garantía de no repetición.
3.- Asalto al Río Laja
Ante los ojos del gobierno municipal de Comonfort que lidera el panista Claudio Santoyo Cabello, sujetos han estado extrayendo arena del rio Laja a la altura del puente de Guadalupe. Los hechos alertaron a los habitantes de la zona, pues se trata de una actividad que requiere concesión, permiso o motivo justificado. El descaro es tal, que incluso se ha estado utilizando maquinaria pesada para esta atracción que perpetra un daño irreparable al ambiente. Al tratarse de aguas nacionales, el caso ya ha llegado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que encabeza Blanca Alicia Mendoza Vera, así como a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a cargo de Germán Arturo Martínez Santoyo, pero la lentitud se impone. Hasta el momento el reporte ciudadano indica no hay ningún permiso sino una red de complicidad y corrupción donde están involucrados funcionarios públicos, concretamente señalan a Rafael García Paramo, director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC).El pasado viernes 25 de noviembre, personal de la CONAGUA acudió al lugar señalado pero no hay mayor información de Vicente Zepeda López, director Local de Conagua en Guanajuato. Por lo pronto, con toda tranquilidad la maquinaria baja al río por el estacionamiento junto al templo de Guadalupe y allí mismo se resguarda, lo que implica que el gobierno municipal tenga conocimiento pleno sobre lo que se está realizando, sin poner alguna resistencia. Es así como el silencio cómplice permite la explotación de un recurso natural necesario para ciertos giros productivos, pero imprescindible para el equilibrio natural.
CONTRA RETRATO
JORGE IGNACIO LUNA GARCÍA
Estuvo dirigiendo a la policía de San Miguel de Allende por seis años, el último trienio de Ricardo Villarreal García y los tres de la última gestión de Luis Alberto Villarreal. En una vista hacia atrás, arrastra penosos antecedentes, por delante, se le vislumbra la nada fácil misión de dar certidumbre a la policía municipal de San José Iturbide. Jorge Ignacio Luna García fue presentado ayer como director de Seguridad Pública, por la alcaldesa iturbidense Cindy Abril Arvizu, quien hace más de medio año apenas y pudo frenar un revuelta de la corporación en la exigencia de mayores prestaciones. Aunque los elogios a la trayectoria de Luna García afloraron remitiendo sus antecedentes en Aguascalientes, en San Miguel de Allende muchos lo recuerdan más por sus tropiezos que por sus aciertos, como la vez que atropelló a un hombre en la comunidad de Cañajo a bordo de una patrulla. Incluso, en el historial del nuevo director de seguridad de San José Iturbide se encuentran recomendaciones de Derechos Humanos por detenciones arbitrarias en 2017, que no fueron impedimento para que los hermanos Villarreal lo ratificaran en el cargo. Por ahora, se dijo dispuesto a comenzar por verificar la línea de proximidad social, así como la incidencia delictiva, que en un municipio como San José Iturbide suele ser engañosa con relativa tranquilidad que es interrumpida por episodios de violencia y criminalidad. Al tiempo, Jorge Ignacio Luna García dará cuenta de que llega a San José Iturbide, en una coyuntura emergente.
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