Penales estatales: la bomba de tiempo
1.- Penales estatales: la bomba de tiempo
Tal vez hablar de violencia en las cárceles del estado no sea novedoso, pero que venga de un magistrado del Poder Judicial de Guanajuato en tono de alarma, el tema ya adopta otro cariz.
Las afirmaciones y argumentaciones del magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, que las calificó como “verdaderas escuelas del crimen”, fueron ilustrativas al descalificar el incremento de penas como una medida que sirva de contención frente a la escalada de asesinatos que persiste en Guanajuato.
La verdad es que esta propuesta simplista y facilona –en este caso impulsada por el priista Adolfo Alfaro Reyes-, palidece frente a los verdaderos alcances de la violencia en los penales que acertadamente Álvarez Cárdenas dimensionó.
Ni más ni menos, la presencia de grupos antagónicos está generando una bomba de tiempo. Una bomba que ya en diversos capítulos ha dado muestras de su impacto, con revueltas al interior de Centros de Reinserción Social como el de Valle de Santiago, o ejecuciones de custodios en León y Celaya.
“… Hay verdaderas escuelas del crimen con el hecho de que tengamos en las prisiones más bien grupos antagónicos; ha generado una dificultad enorme en el sistema penitenciario que parece ser que no podemos y no sabemos controlar”. El magistrado no se guardó nada.
¿Por qué hay que tomar con toda seriedad las palabras del jurista? Pues se trata nada más de un representante del poder público encargado de procesar los casos, dictar prisiones preventivas cuando aplican y dictar las pocas sentencias posibles, dentro del marginal número de detenidos versus los diez asesinatos que se comenten cada día en promedio.
“La pena de prisión no resuelve absolutamente nada y me parece que está generando un problema y es una bomba de tiempo que en este momento tenemos”, sostuvo ante los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
Estos y otros argumentos pesaron lo suficiente para derivar en un dictamen en sentido negativo, pero lo que desnudaron es la visión de un magistrado sobre una violencia que crece y se retroalimenta, incluso, paredes adentro de las penitenciarías del estado.
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Ver nota: Cárceles son ‘escuelas del crimen’, subir penas no acabará delitos en Guanajuato: STJE
2.- Auditorías van y auditorías vienen
Es un hecho que las solicitudes de auditorías se han convertido en una herramienta para materializar las acusaciones políticas. En el Congreso de Guanajuato, las fracciones han recurrido en diversas ocasiones a esta medida como parte del golpeteo, pero también en una necesidad de esclarecimiento que a nadie hace daño.
Ayer la Comisión de Hacienda y Fiscalización que preside el panista Víctor Zanella Huerta, desechó 16 solicitudes de auditorías de las cuales 11 fueron de Morena, lo que no deja de darle un carácter faccioso al asunto.
Si bien es cierto que algunas solicitudes reiteraban ejercicios ya revisados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) encabezada por Javier Pérez Salazar -presente en la sesión- el archivo en bloque no deja de ser un recurso político para eliminar de tajo la posibilidad de echar ojo a otros temas presentes en la palestra pública.
De ahí la amarga inconformidad de la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández, que pedía la revisión de los recursos públicos destinados a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (Infospe) durante este año.
Pero además la expectativa estaba en la posible auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), cuyo ejercicio en 2021 motivó el ceño fruncido de más de uno en la reciente glosa.
Se trata del fideicomiso conformado a partir del incremento del .3 por ciento en el impuesto sobre la nómina del que se reportó una disminución de 102.1 millones de pesos por reversión del patrimonio en la cuenta pública de 2021.
Aunque en el manotazo se fueron otras auditorías que la ASEG ya debe hacer ordinariamente, como a los recursos de desarrollo social y humano, otras para auditar municipios como León y Guanajuato en lo que va de este 2022 corrieron con la misma suerte.
En cambio, revisiones a las gestiones morenistas de municipios como Acámbaro y Salamanca, sí se quedaron.
Esta determinación fue tomada con la mayoría del PAN. El argumento fue no duplicar trabajo a la ASEG, amparados en un plan de auditorías aprobado con 272 actos de fiscalización para este 2022.
Sin embargo, en la gestión pública existen imponderables no sujetos a una agenda predispuesta. Ahí no se duplica, se reacciona.
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Ver nota: Diputada de Morena arremete contra panistas por rechazar solicitud de auditorías
3. Trámites motorizados
Hasta el último censo del INEGI había registradas en el estado 410 mil 166 motocicletas. La cifra se multiplicó 22 veces en dos décadas.
En municipios como Uriangato y Moroleón prevalece el uso de este vehículo. A finales de 2021, el director de Vialidad de Uriangato, Omar Baeza Hernández, reveló que llevaban tres años sin un módulo para la revisión y plaqueo de unidades, y sin respuesta de gobierno del estado.
El funcionario reiteró la queja en abril. Detalló que no era posible aplicar multas por transitar sin placas, porque en toda la región no hay dónde tramitarlas, los motociclistas deben trasladarse hasta Celaya o Irapuato.
Los titulares de Movilidad de Moroleón y Yuriria se sumaron a la petición, dirigida a la Fiscalía General del Estado; solicitan el servicio del módulo móvil, dos veces por mes.
Luego de que un escrito enviado en febrero fuera ignorado, los representantes de los tres municipios unieron fuerzas y mandaron otro el pasado 8 de junio.
Omar Baeza refirió que en las oficinas centrales de la Fiscalía los atendió Diana Guadalupe León, quien no ofreció una solución e impuso un trámite extra: un censo de motociclistas sin placas.
Moroleón, Yuriria y Uriangato, iniciarán ahora una campaña para que los ciudadanos se anoten en sus correspondientes direcciones de Movilidad.
Hasta tener un número, la Fiscalía procederá. O casi… Al conocer la cifra, dependiendo de las necesidades de cada municipio, se determinará la dinámica para el plaqueo.
En la región circulan más de 50 mil unidades, y entre el 20 y 30 por ciento no tienen placas, estiman los funcionarios que emprendieron la burocrática misión. Regularizar urge, porque además, la Fiscalía pide a las áreas de Movilidad revisar a los usuarios sus documentos, que incluyen… sí, las placas que no facilitan tramitar.
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Ver nota: Esperan por 3 años módulo de revisión vehicular en Uriangato, Moroleón y Yuriria
CONTRA RETRATO
Libia Dennise García Muñoz Ledo
Con el encargo de encabezar el Poder Ejecutivo a cuestas, la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, realizó una gira por Celaya que llama la atención por su carácter anticlimático con las urgencias de una ciudad sacudida una y otra vez por la violencia.
Una ejecución por hora fue el ritmo que marcaron los grupos criminales, que nuevamente convulsionaron las colonias de la ciudad cajetera, sin dejar de lado las recientes masacres que han marcado la vida pública estatal.
Sin la participación del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, la aspirante a la gubernatura retomó el ineludible tema en entrevistas con medios de comunicación, con el discurso ya reiterativo de la parte reactiva y el consumo de drogas como “la causa de la violencia”.
En una suerte de visita de cortesía, se dio el tiempo para reunirse con integrantes del Colegio de Notarios Públicos de la región Laja-Bajío, a semanas de una jornada de desagravio por la repartición de las llamadas notarías auxiliares que en una primera vuelta indignaron al gremio.
También le hizo los honores a un alcalde Javier Mendoza Márquez, resuelto a no abordar más el tema de la seguridad ante la prensa, con la visita de corte social a una fábrica de cajeta.
“Estoy aquí justamente como secretaria de Gobierno, estoy aquí en Celaya para decirle a las y los celayenses que estamos trabajando y que estamos todos los días tratando de construir esta paz…”, recalcó en estaciones de radio sin precisar los ‘cómos’, a excepción de las conocidas mesas de seguridad interinstitucionales.
Así, con reuniones e interlocutores que le permitieron discursar, Libia Denisse ensayó líneas para el futuro, ese en el que se vislumbra como una candidata y gobernadora viable, pero aún sin una diferenciación necesaria ante un panorama de franca crisis.
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