Prisión preventiva a debate
La implementación de la prisión preventiva en México ofrece una visión con doble rasero. Por un lado, la necesidad de definir justamente las causas penales que ameritan un encarcelamiento inmediato con su debido sustento, así como su uso obsesivo alimentado con la negligencia.
En palabras de Olga Sánchez Cordero, exministra, exsecretaria de gobernación, hoy senadora de la república, ha sido un tema muy complicado y nefasto; hay muchísimas personas que están en prisión preventiva que no deberían de estarlo y hay otras que sí deberían de estar y no están.
Y es que la iniciativa inicial contemplaba integrar delitos como actos de corrupción y defraudación fiscal, pero terminó siendo un Frankenstein con los agregados de todos los partidos en el Congreso de la Unión -que llegaron hasta los delitos de robo a casa habitación- que hoy está puesta en vilo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese contexto, la eliminación de la prisión preventiva fue tema durante la segunda sesión ordinaria 2022 de la zona occidental de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, donde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo advirtió una controversia ya no en tribunales, sino en una sociedad que traduce la justicia con la cárcel.
La prisión preventiva en Guanajuato es precisamente un mecanismo invocado frecuentemente por funcionarios estatales como el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, quien ha insistido en la necesidad de aplicarla cuando es detectada la portación de armas.
Es por lo anterior que precisamente es la acción a la que más recurre la Fiscalía General del Estado, ante actos de violencia.
Precisamente ayer, al terminar el encuentro de fiscales en San Miguel de Allende, uno de los sujetos detenidos como presuntos autores de la masacre en el bar el Pantano de Irapuato, fue liberado al no encontrar elementos para que fuera encarcelado de manera preventiva.
Interesante es que al solicitar al juez de control prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los dos, la agente del ministerio público, señaló como prueba el arma que tenía uno de ellos ligada a 45 carpetas de investigación, pero no se justificó esa responsabilidad.
Es así como los hechos mostraron los bemoles para la declaración de la prisión preventiva, que requiere de un cabal trabajo de investigación. De otra manera, con o sin ella, el sistema de justicia no podrá cumplir su cometido.
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2.- Curitas para el campo
Hasta septiembre de 2022, la mayor disminución en la producción de maíz a nivel nacional se dio en Guanajuato, que pasó de una producción de 6 mil 937.2 toneladas a solo 540, es decir, una baja del 92.2 por ciento.
Lo anterior, es solo un ejemplo del impacto de la sequía que en Guanajuato alcanzó al menos 26 mil hectáreas de temporal siniestradas. Un golpe mayúsculo para la producción alimentaria local en tiempos de inflación, falta de reacción del estado y del abandono federal.
Fue precisamente el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, quien festejó que el envío de apenas 10 millones de pesos este mes, 6 millones 300 mil pesos en noviembre y otros 10 millones para diciembre.
Tomando en cuenta que se pagan del seguro 1 mil 500 pesos por hectárea, en promedio se entregarán 13 mil pesos por productor al tratarse de 26 millones de pesos, para apoyar un promedio de 2 mil productores.
Para quién no sembró su temporal no se entregará apoyo, en cambio se anunció un programa para sembrar semillas como garbanzo en dos o tres hectáreas, que apenas ha permeado en municipios como Acámbaro, Uriangato donde se ha tenido que cambiar a un cultivo de ciclo más corto.
El funcionario, dijo que, en el tema de temporal, están invirtiendo cerca de los 12 millones de pesos, pero esa cantidad además de insuficiente requiere de la aportación de los municipios en incluso de los propios productores.
Se trata de curitas para un mal crónico y cíclico que enfrenta el campo guanajuatense. Mientras los tiempos encarecen los productos y el clima hace sus estragos, el rezago se mantiene provocando un circulo repetitivo en el que no hay una mejor de raíz en un sector que se suponía primario y prioritario.
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3.- Silao y sus costosos ediles
En el 2015, último año de su gestión, el entonces alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, se incrementó el sueldo en más de 40 mil pesos, para quedarse con un sueldo mensual de 150 mil 375 pesos, convirtiéndose en el presidente municipal mejor pagado de Guanajuato.
Desde entonces, esa tabulación pervertida permitió que el salario del alcalde de un municipio de poco más de 200 mil habitantes, se equiparara nada más y nada menos que al del gobernador.
Uno tras otro, los sucesores de Solís Arzola han jugado con el tema para al final no hacer verdaderos movimientos. A nadie le dan pan que llore.
Aquel 2015, llegó a la alternancia con Juan Antonio Morales Maciel del PAN, quien de plano ni prometió analizar la tabulación que le beneficiaba con un sueldo excepcional; su entonces Secretario del Ayuntamiento, Antonio Trejo Valdepeña, comenzaba a usar el tema como bandera.
En 2018 llegó Trejo como alcalde y luego de prometer ajustes en la nómina, dejó pasar el trienio sin hacer un solo ajuste.
Ahora el alcalde de Morena, Carlos García Villaseñor -quien curiosamente es amigo personal de quien comenzó con el ignominioso incremento salarial- enfrenta las presiones para ajustar de forma definitiva la cantidad mensual que de acuerdo a las recomendaciones del Congreso del Estado, debería oscilar los 118 mil pesos.
Ayer en sesión de cabildo llegó el primer empellón por parte de la regidora independiente, Luz Ibarra Valdenegro, quien reprochó las desigualdades en los pagos a los empleados de la Presidencia Municipal; el ajuste a los sueldos del Ayuntamiento fue una “promesa de campaña”, pero que hasta el momento no se ha cumplido.
No es cualquier ajuste, pues este irremediablemente abarca los actuales 180 mil 344 pesos para el alcalde, 92 mil 616 pesos para síndicos y 82 mil 105 pesos para regidores.
Por lo pronto se envió el tema a análisis de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el objetivo sería tener una determinación para el ejercicio fiscal 2023. Ahí se verá si se rompe una seguidilla de abusos, o se mantiene con argucias.
Para saber más de: Alcalde de Silao pide reconsiderar donación de terreno al Banco del Bienestar
CONTRA RETRATO
Carlos Zamarripa Aguirre
La falta de acusaciones formales le dan vida extra. No importan los señalamientos políticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si estos no vienen acompañados de un proceso formal para retirarlo de la Fiscalía General del Estado. Por eso se mantiene dominante del escenario, en medio de una realidad violenta de la que es corresponsable.
El fiscal Carlos Zamarripa Aguirre no se mueve ni un milímetro, manejando los asuntos que le atañen frente a la prensa y aprovechando los trascendidos superficiales a su conveniencia. Hasta se da tiempo de presumir trayectorias limpias y pruebas de confianza superadas.
Ayer encabezó la segunda sesión ordinaria 2022 de la zona occidental de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, como si su nombre no hubiera sido foco de señalamientos en los últimos 15 días. Atendió largo y tendido a los periodistas con respuestas para cada caso y con tiempo para revirar las críticas.
“No. Es una cuestión que ni siquiera me ofende”, dijo el fiscal al cuestionarle sobre la ficha de registro en la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no le ubica relaciones criminales.
“Yo creo que de las personas que ha hecho más exámenes de control de confianza conforme a los períodos, me toca a mí. He sido puntual y siempre ha sido aprobado, si no, no estaría aquí”, recalcó para luego negarse a contestar las declaraciones más recientes de López Obrador.
De esta manera, el fiscal Carlos Zamarripa nuevamente surfea sobre los cuestionamientos, sin una sola causa o acusación que lo cimbre. Se sabe respaldado y dueño de los datos que le hagan ver una eficiencia, aunque que no logre tener contacto pleno con la realidad del ciudadano común.
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