Revelación inmediata y… pendientes
1.- Revelación inmediata y… pendientes
El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, rompió el silencio en el Caso Javier Barajas Piña, miembro del Comité Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas asesinado en Salvatierra el 30 de mayo por el cual la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidades y otras organizaciones nacionales e internacionales han exigido justicia y aclaración, pues existe la sospecha de que sea un acto intimidatorio para evitar más investigaciones de desapariciones forzadas en el estado. Zamarripa reveló que identificaron a los responsables de la “ejecución”
La posición de la autoridad procuradora de justicia en el estado de Guanajuato, parece una respuesta “compensatoria” por la presión ejercida por estos organismos para la atención del caso y la protección de los familiares de las víctimas y los acompañantes de la sociedad civil a fin de continuar sus actividades sin más trabas gubernamentales; sin embargo el fiscal habló de localización y orden de aprehensión, nomás.
La importancia del Caso Barajas también conlleva a la investigación del Caso Lupita -su hermana- desaparecida y encontrada asesinada en una fosa clandestina, junto con decenas de víctimas más. La respuesta de Zamarripa Aguirre, todavía está a la distancia, pues la Fiscalía aún no aprehende a los asesinos de Javier Barajas, ni presenta el quid deseado: causas por las que asesinaron al buscador.
2.- El escrutinio público
En un nuevo giro del caso de las casas intestadas de la fallecida estadounidense Carmen Beckmann Macías en San Miguel de Allende, que pasaron a manos de terceros cuando debieron formar parte del patrimonio de la Universidad de Guanajuato (UG), el Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato (OEC-GTO) anuncia que presentará una denuncia por la posible comisión de delitos y advierte la sospecha de “un posible encubrimiento de parte del actual rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino”.
El Observatorio, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, y que preside José Miguel Juárez Velázquez, empuja una investigación con trazos independientes, necesaria para la salud pública, pues la autoridad universitaria no había emitido una respuesta oficial y todo lo habían dejado a una respuesta “aclaratoria” de índole personal de la entonces apoderada legal, María Isabel Rodríguez Aguilera.
Anoche, en la víspera del anuncio del OEG-GTO, el abogado general de la UG, Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, tuvo a bien emitir un comunicado deslindando de responsabilidad al rector Guerrero Agripino y citando que se hicieron los esfuerzos para recuperar la casona que debió pasar a la Casa de Estudios, pero que antes fue “donada” a una particular, reconociendo que sí se observaron irregularidades, y se abrió un litigio por la propiedad y un proceso interno por la posible comisión de actos de corrupción, dirimido en un tribunal. No se pelea sin interés.
Las investigaciones que emerjan de la denuncia de este organismo público creado para combatir la corrupción,
promover la participación ciudadana y la cultura de la denuncia, más lo que aporten ciudadanos como los integrantes del Frente Amplio Cívico Sanmiguelense, delinearán los alcances de las responsabilidades de los involucrados e inclusive del propio juzgador que entregó el bien a un particular. Lo importante es que el tema no quede impune y, de ser posible, se recupere lo que debiera ser patrimonio público.
3.- La oportunidad
La lucha por los derechos civiles resulta inacabada en el estado de Guanajuato.
Por enésima vez la mayoría panista –conservadora- en el Congreso Local, que lidera J. Jesús Oviedo Herrera, tiene en sus manos la oportunidad de modificar el Código Civil a fin de que puedan contraer matrimonio todo tipo de adultos, sin distingo de su sexo, bajo el concepto de “matrimonios igualitarios”.
Hasta esta fecha, el panismo hegemónico ha cerrado la puerta a cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eliminar del Código Civil todo rasgo discriminatorio, primordialmente en el caso de los matrimonios, que en Guanajuato se circunscriben a las parejas hombre-mujer, un derecho que a la luz de la Corte no debe distinguir sexo ni orientación sexual, debe ser igualitario para todas las personas.
A la par, se ofrece la posibilidad de que se incorpore al Código Penal la tipificación de los llamados crímenes de odio, los motivados “por un sesgo o un prejuicio respecto a la membresía de la víctima en un grupo específico, como raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa”. El castigo de esta conducta permite transitar a una sociedad tolerante y plural. El PAN tiene en sus manos la oportunidad de mostrar que en cuanto a los crímenes de odio, esto va más allá de la orientación sexual, motivación de los iniciantes del Partido Verde.
De la Valija. Momias al rescate
¿Qué sería de Cuévano sin sus venerables momias? En este momento de crisis, de nueva cuenta irán al rescate de las arcas públicas y de paso promoverán a los sectores, turístico y comercial, de la capital, promociones, en la Feria de Verano en León.
En la víspera de la fiesta mayor, la de San Juan, el alcalde Alejandro Navarro lo notificó: las momias acompañarán al “Castor”, Juan Carlos Muñoz Márquez, como gran atractivo; eso sí, por módicos 25 pesitos, que “íntegros” permitirán realizar trabajos de mejoramiento urbano en Guanajuato Capital. Los “cuerpos áridos” no llevarán charamuscas, sino cuponeras para sus fans.
Daniel Alberto Díaz Martínez
El encargado de la salud de los guanajuatenses debe estar consciente de que no puede resolver agendas particulares de personajes del orden público, sino atender el interés social. Por ello, destacó su respuesta sobre el aforo que el Patronato de la Feria de León calculó para la “sui generis” Feria de Verano, dos millones de visitantes. El galeno consideró: decisión y responsabilidad de la población acudir al evento.
Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, sorprendió, se esperaba mesura, por las responsabilidades de su cargo que dicta la ley, antes que plegarse a decisiones de otras instancias, que no son responsables de la salud pública y que, eso sí, deben ser supervisadas por la SSG. Al menos tendría que señalar el aforo.
La pandemia de COVID-19 ha impactado a la humanidad y deben supervisarse los eventos masivos con lupa. Sí, como Japón y sus Juegos Olímpicos. El secretario Díaz Martínez, es probable, tiene más responsabilidades en la Feria de Verano que una persona común que asista al evento. Se espera que no esté usando la pandemia para la práctica política, como ya fue planteado.