Terrorismo: el delito del escarmiento
1.- Terrorismo: el delito del escarmiento
Según datos de la propia Fiscalía General del Estado, en Guanajuato se ha sentenciado a 42 terroristas de 2012 hasta agosto de 2022. Un dato suficiente para llamar la atención sobre la estabilidad en este estado sumido en una crisis de violencia que se acrecentó justo en ese mismo lapso de tiempo.
La información dada a conocer por canales de transparencia, indica que se ha detenido en total a 69 personas a las que se sumarían al menos otras ocho de los 14 detenidas que anunció ayer el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, por los negocios y vehículos incendiados durante la noche del 9 de agosto.
Este delito tiene su propia concepción en Código Penal Estatal. No habría otro estado con estas cifras, pues no se trata de un delito homologado que se mida dentro de los cortes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Lo que hay, es lo que la fiscalía soberanamente cataloga y ha buscado castigar como tal.
De acuerdo a datos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, hasta 2019 sólo existían cuatro sentenciados por terrorismo, cifra que se catapultó con 30 detenidos por la quema de patrullas de la policía municipal de Jerécuaro en octubre de 2018, más otros ocho que bloquearon la carretera en la comunidad de Santa Rosa de Lima.
Este delito ha sido aplicado en diferentes circunstancias, dada su redacción abierta y general, con penas de los 10 a los 15 años de prisión. Desde agresiones directas a bienes patrimoniales, ataques al orden público, hasta manifestaciones sociales.
El Código Penal de Guanajuato considera “terrorismo” a los actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, o aquellos que “produzcan alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
Ahora, tras los hechos del 9 de agosto, Zamarripa afirmó haber logrado la vinculación a proceso de 14 personas, de las cuales ocho estarían encuadrando en este delito que, pese a su gravedad, sólo “algunas” se canalizaron a la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su aplicación diversa, se trata de un delito que ha causado confusión hasta en casos como la detonación de un explosivo afuera de un bar en Salamanca, en septiembre de 2021, cuando el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo califico el acto como terrorista, para luego rectificar.
Con su propia concepción y aplicación al gusto del fiscal, la cifra de sentenciados por terrorismo en Guanajuato sigue creciendo, mientras el debate por este concepto ligado a causas políticas a nivel internacional sigue su curso.
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Terrorismo: el delito del escarmiento
2.- Celaya y la gobernabilidad
No se puede entender el asesinato de Guillermo Mendoza Suárez sólo como un atentado contra la persona y la familia del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez. Difícilmente este artero crimen habría ocurrido, sino fuera el presidente municipal de una ciudad tan profundamente conflictuada por la delincuencia.
Fue un ataque contra la investidura del gobierno municipal, en un escalada que ya ha sido dimensionada por su gravedad, pero quizá no en su profundidad; el agravio es a la sociedad y a la gobernabilidad de Celaya.
Es por lo anterior que la detención de uno o dos presuntos autores materiales del homicidio, no terminaría por esclarecer y castigar el delito. Si están claros los hilos que provienen del crimen organizado, no dejarlo en la impunidad es un deber que se cuelga en la larga lista de pendientes de la Fiscalía General del Estado.
Es también una llamada de alerta para el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, quien consistentemente recibió el respaldo de Javier Mendoza, incluso cuando este no había acreditado los exámenes ante el Centro Estatal de Control de Confianza.
Rivera Peralta ha reducido sus posturas públicas a las negaciones y justificaciones de la violencia, en una ciudad que ya no puede escuchar las mismas respuestas.
Por todo lo anterior, la situación de Celaya es de emergencia. La gobernabilidad está en juego y para ello se esperaría una reacción –al menos- de iguales proporciones que en la gestión de Elvira Paniagua Rodríguez, cuando la violencia rebasó a la administración municipal.
Por ahora, Javier Mendoza Márquez se reintegró ayer a sus actividades en la presidencia municipal, aunque por el momento sin agenda pública y sólo con reuniones privadas.
El primer edil se mantendrá como alcalde de Celaya y ha descartado solicitar licencia o renunciar a su cargo, lo que sin duda se puede tomar como un gesto loable, no obstante, requiere el respaldo del estado pero sobre todo, de su gabinete de seguridad.
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Terrorismo: el delito del escarmiento
3.- SMA supera el déficit
En un coyuntura donde la solicitud de deuda es planteada como el único camino viable para los municipios, hay algunos que apelando a otras medidas logran escamotear la crisis.
Orillado por las circunstancias, el gobierno municipal de Mauricio Trejo Pureco tomó el control de sus ingresos y egresos, evitando gastos innecesarios, se enfocó en consumos esenciales, pero sobre todo con la obligación de evitar actos de corrupción y daños patrimoniales.
Todo lo anterior derivado de haber recibido una administración con un déficit de 180 millones de pesos.
Según las cifras del alcalde priista, San Miguel de Allende logró un superávit por $395 millones pesos, registrado al término del primer semestre de este 2022.
Por lo anterior, se presentó una Ley de Ingresos 2022 por 1 mil 109 millones de pesos y luego de su primer semestre financiero de seguimiento a dicha estrategia, las arcas municipales crecieron 395 millones de pesos, es decir, hasta 1 mil 504 millones de pesos.
Incluso, la calificadora financiera Fitch Ratings elevó la valoración financiera y crediticia de San Miguel de Allende de ‘A+(mex)’ a ‘AA-(mex)’, que es actualmente la mejor calificación de todos los municipios de Guanajuato, pero que no debe ser motivo para perder la brújula y aumentar sus pasivos.
De momento, Trejo Pureco logra un aumento de recursos para realizar más obras públicas, pero también una muestra de lo innecesario de una deuda cuando se mantiene el orden.
¿Mantendrá esa postura? Lo veremos al tiempo.
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Terrorismo: el delito del escarmiento
CONTRA RETRATO
Tatiana Clouthier Carrillo
Es la segunda Secretaria de Economía en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con la fama de conocer a la clase empresarial, en contraste con las cruzadas y frentes abiertos de la llamada cuarta transformación. Una suerte de funcionaria híbrida entre causas sociales y privadas.
Tatiana Clouthier Carrillo, hija del multicitado y finado excandidato presidencial del PAN, Manuel Clouthier del Rincón, se ha mantenido alineada a las directrices de su jefe, pero también activa en las relaciones con la iniciativa privada, en este caso y por primera vez, de Guanajuato.
Ayer su visita a Sapica, el evento más importante de la rama de la piel, calzado y marroquinería, representó el regreso de los funcionarios federales pero también el cambio de prioridades frente al sector.
Parece que fue ayer cuando los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ofrecieron su protección e intervención ante el contrabando de calzado chino de baja calidad y bajo precio. Hoy no queda nada de eso, al reconocer que parte del problema es doméstico.
Tatiana Clouthier señaló que existe un arancel al calzado chino, pero hizo un llamado también a la industria y distribuidoras a no adquirir el calzado asiático que entra de forma irregular al país: “Hay industrias que les compran el calzado a sabiendas que viene mal”.
Actualmente, alrededor de 50 millones de pares de zapatos entran a México de forma ilegal, pero hoy la energía no está puesta en evitarlos como en otros sexenios. La misión de Tatiana Clouthier es política para buscar la credibilidad de la iniciativa privada, frente un gobierno que le es cada vez más distante.
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JRP