Exoficial Mayor de Celaya acusa alcalde de despidos ilegales y acoso laboral
Celaya, Guanajuato.- La exoficial mayor, Araceli Morales reveló que el acalde de Celaya Miguel Ramírez Sánchez le ordenó realizar procedimientos administrativos y laborales, entre ellos los despidos de trabajadores municipales que estaban fuera de la ley, sin sustento jurídico, sin seguir protocolos y violando los derechos humanos de los empleados.
Morales Mancera advirtió sobre las consecuencias legales y financieras para el municipio si se ejecutaban los despidos de la manera en que se lo estaba solicitando el presidente Juan Miguel Ramírez. Sin embargo, el alcalde ordenó que se cumplieran sus peticiones, lo cual ella no ejecutó, informó la ahora exfuncionaria.
Araceli Morales acusó al presidente municipal de acoso, presión y hostigamiento laboral, violencia política y de género en su contra, además de dañar su imagen pública.
“Recibí órdenes de despidos fulminantes y fui reprendida verbalmente por teléfono y en persona, según el dicho del presidente electo, por ‘no obedecer’ sus órdenes. De estos hechos, di cabal respuesta por escrito y expliqué el proceso legal para evitar incurrir en faltas administrativas o en atropellos a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
“Durante días, (el presidente municipal) ha destinado tiempo para agraviarme, tiempo que nunca me permitió para explicarle que sus órdenes contravenían el principio de legalidad, que establece que los poderes públicos deben actuar conforme a la ley en el municipio de Celaya y que todo acto que no lo haga es inválido. Este principio es uno de los que fundamentan la Constitución de un Estado de derecho”, señaló.
Morales destacó que también tuvo “presiones y amagos” de “funcionarios de primer nivel para dar de alta a sus equipos políticos” y se le solicitó que hiciera “filtros extraoficiales” para aprobar los documentos del personal del primer círculo del presidente.
La exfuncionaria, acompañada de su equipo de abogados, entre ellos Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, ex consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), informó que se seguirán los trámites legales conducentes y analizan si será por la vía penal, civil, laboral o administrativa, o por todas.
Morales Mancera narró la manera en la que fue despedida, mencionando que solo le informaron que por órdenes del presidente Juan Miguel Ramírez se le daría de baja. Esto fue dicho por dos abogados originarios de León, que ella no conocía y que eran ajenos a la administración municipal. En el acto estuvieron presentes la directora de Personal, María Alma Rosas López; Jesús Paz Gómez, secretario particular del presidente municipal; John Guerra Meuse (director del área resolutora) de la Contraloría Municipal; Concepción Cristina Muñoz Ochoa y Alejandro Martínez Ramírez, de la dirección de Control Patrimonial.
“El día 31 de octubre recibí la visita en mi despacho de la Oficialía Mayor de dos personas, que identifico como los abogados del despacho de León, a quienes conocí en la Comandancia Norte, y otra persona que se identificó como Carlos Esteban García González. Los tres no mostraron ninguna identificación oficial ni cargo administrativo municipal. Uno de los abogados del despacho jurídico externo se dirigió a mí y me dijo: ‘Venimos a ejecutar una instrucción del presidente: tu despido, porque, uno, por tu culpa el Licenciado Carlos Esteban García González no está dado de alta como director jurídico del municipio; y dos, porque no diste de baja a las personas que te indicó. Por lo que te pedimos que entregues el puesto de Oficial Mayor’”.
Tras informarle que el despido se debía a que no acató las indicaciones del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, la exfuncionaria explicó que no realizó algunos procedimientos porque estos contravenían la ley y los reglamentos.
Araceli Morales destacó que el presidente municipal ha dañado su imagen pública con las declaraciones emitidas en torno a su despido, exponiéndola a posibles ataques.
“En virtud de la forma intempestiva y las irregularidades en el procedimiento, así como los argumentos que verbalmente señalaron como motivo para la entrega del puesto, advertí públicamente actos de acoso, hostigamiento y presión que vulneraron mi derecho a un trato con perspectiva de género y un enfoque diferencial.
“A partir de estos hechos, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha realizado una campaña institucional en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, generando una impresionante descalificación de mi persona con alcance estatal, dañando mi imagen pública y mi dignidad. Por ello, lamento, por un lado, el uso de recursos públicos para la denostación, porque son infundadas sus afirmaciones”, indicó.
También reprobó que el alcalde haya declarado que se le despidió porque no obedeció y porque tenía visiones diferentes.
“Obedecer, en principio, es un concepto patriarcal y machista si viene de un hombre empoderado hacia una mujer. Obedecer es un rol que normalmente se asigna a las mujeres; por ello, es un estereotipo violentador que se da en un marco del ejercicio público. En segundo lugar, en ese momento, ambos éramos servidores públicos, y soy enfática: nadie está por encima de la ley. No es posible atender ninguna indicación que incumpla las disposiciones legales o que violente derechos humanos. Siempre lo expliqué así al alcalde de manera respetuosa, presentándole los argumentos correspondientes”.
Araceli Morales estuvo en el cargo 21 días y defendió que no está influenciada por nadie. La exoficial mayor también resaltó que ha sido víctima de amenazas por parte de familiares cercanos a Juan Miguel Ramírez Sánchez.
Dijo que desaprueba la manera en la que ocurrió el procedimiento de despido y recordó que apoyó a Juan Miguel Ramírez en su proyecto político, y al final, el presidente la denostó. “En lo personal, me lastima su ingratitud, su malicia y la falta de respeto”, afirmó.
Morales Mancera afirmó que no busca llegar a un acuerdo y tampoco dará un paso atrás en las denuncias y/o demandas que se deriven.
Una estancia complicada
La exoficial mayor, Araceli Morales Mancera, informó que durante su estancia al frente de la dependencia se logró dar de baja a 183 ex policías federales, conocidos como “Fedepales”, de forma pacífica y se logró desarticular dos amotinamientos que los elementos pretendían realizar debido a la inconformidad que tenían porque se les despidió sin haberse pagado su finiquito.
Sin embargo, después de llegar a un acuerdo con los ex policías despedidos y de que ella y su equipo de trabajo de la Oficialía Mayor realizaron el trámite administrativo, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez contrató a un despacho de abogados del municipio de León para que realizaran el procedimiento de despido que previamente ya había hecho la exfuncionaria.
Cabe destacar que hace tres semanas la exfuncionaria declaró que el trámite para finiquitar a los ex policías lo podía realizar la Oficialía Mayor; sin embargo, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez dijo en rueda de prensa que se necesitaba la contratación de un despacho externo para realizar el trámite y así ahorrar presupuesto. Sin embargo, el presidente se ha negado a revelar el nombre del despacho jurídico, los nombres de los abogados contratados y cuánto se les pagará.
“Una de las jornadas que de manera extraordinaria tuve que atender fue el análisis de la baja de 334 servidores públicos de seguridad, operativos de policía, conocidos como Fedepales, acorde al artículo 61, capítulo XIX del Reglamento de Administración para el municipio de Celaya, Guanajuato, que señala que deberá ser con base en los términos de la normatividad aplicable, es decir, de acuerdo a las leyes laborales.
En medio de la actual crisis de inseguridad y violencia que se vive en nuestro municipio, gestioné el proceso de 153 bajas de policías bajo un clima de tensión, pero sin generar inconformidad o agresiones, a pesar de haberse manifestado dos momentos de amotinamiento previos. Sin ninguna protección especial, mi equipo de trabajadores de ese momento, a los cuales les doy mi más amplio reconocimiento por su diligencia y apoyo en horas y días inhábiles, pudimos estar en la Comandancia Norte durante 4 días y en jornadas de más de 8 horas, entregando los finiquitos de los despedidos, en colaboración con dos abogados de León contratados por el alcalde, quienes entregaban personalmente los documentos para la firma y certificación”, señaló Morales Mancera.
La exoficial mayor señaló que hasta el jueves 31 de octubre estaban listos 183 finiquitos de ex policías federales (de un total de 334), cuyo procedimiento se realizó de forma pacífica y apegada a derecho.
El alcalde Juan Miguel Ramírez señaló inicialmente que el despido de los “Fedepales” costaría 30 millones de pesos, pero en Sesión de Ayuntamiento se autorizaron traspasos de recursos para pagar los finiquitos de los ex policías, y la cifra subió a 42.9 millones de pesos.
Araceli Morales acusó al alcalde Juan Miguel Ramírez de violencia de género
El despido de Araceli Morales, ex Oficial Mayor del municipio, ha escalado más allá de un conflicto laboral y se ha convertido en un problema familiar. Morales acusó al alcalde Juan Miguel Ramírez de violencia de género, acoso laboral y de obligarla a realizar despidos ilegales. El presidente municipal negó estas acusaciones, pero aclaró que se defenderá legalmente si ella decide demandarlo.
Juan Miguel Ramírez también explicó que este conflicto lo ha afectado profundamente, pues su madre de 90 años ha sufrido mucho debido a la situación. Durante las declaraciones de Morales, Ramírez notó que su hermano, José Luis Ramírez, estaba presente, lo que empeoró el estado de salud de su madre, quien, según el alcalde, asocia el conflicto con un problema familiar.
El alcalde destacó que, aunque su madre está afectada por este asunto, él ha decidido no continuar ventilando el caso en los medios de comunicación. Sin embargo, dejó claro que no reincorporará a Araceli Morales a su puesto, y que no tiene la intención de seguir discutiendo públicamente sobre el tema.
A pesar de las acusaciones, Juan Miguel Ramírez defendió a Morales como una “muy buena profesional” y aseguró que nunca fue su intención ejercer violencia de género. Afirmó que sus instrucciones para ella fueron siempre claras, y que las acciones que ella tomó, como presentar múltiples oficios, sacaron de contexto sus decisiones. Finalmente, Ramírez aseguró que defenderá su postura por la vía legal.
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