Gobierno de Celaya enfrentará indemnización de 45 millones por despidos de "Fedepales"
Celaya, Guanajuato.- El actual gobierno tendrá que pagar al menos 45 millones de pesos por indemnización laboral de 66 ex policías municipales de los llamados "Fedepales”, que demandaron a la administración por despido injustificado.
El Director Jurídico de la presidencia municipal, Carlos Esteban García González, informó que las demandas laborales de los 66 expolicías “Fedepales” vienen de la anterior administración y todos los casos los “dan por perdidos”, ya que el procedimiento de despido estuvo mal realizado.
García González señaló que originalmente fueron alrededor de 180 ex policías que fueron despedidos con irregularidades en el proceso de destitución, pero el actual gobierno ya solo recibió 66 demandas laborales en proceso.
El anterior gobierno, presidido por Javier Mendoza, omitió enviar los expedientes de los policías despedidos al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cual establece el reglamento.
El abogado explicó que el Consejo de Honor y Justicia debe aprobar los despidos de los policías y como no lo hicieron y mandaron a los elementos directamente a la Oficialía Mayor, cayeron en una irregularidad.
“Son de los asuntos anteriores a esta administración. En esta nueva administración no tenemos ningún caso registrado de despido de Fedepales que nos haya llegado, la anterior administración a efecto de despedir a los Fedepales no cumplía con el procedimiento (de despido), el cual tenía que ser a través del Comité de Honor y Justicia y determinar su causa de rescisión y después mandarlos a Oficialía Mayor para su finiquito, el hecho de no cumplir con el procedimiento del Comité de Honor y Justicia automáticamente presupone el despido, son asuntos que no se cumplieron y que por ese hecho están perdidos técnicamente, porque no hay forma de defendernos de eso”, informó Carlos Esteban García González.
El Jurídico de la presidencia señaló que se le hace raro que se haya omitido que cada uno de los despidos fueran aprobados por el Consejo de Honor y Justicia, ya que la ex Oficial Mayor de la presidencia, Samantha Cruz Soria formaba parte de este y la exfuncionaria "dejó pasar ese detalle", aun cuando sabía que era un procedimiento que se tenía que cumplir.
“A mí me sorprende que siendo la Oficial Mayor miembro del Comité de Honor y Justicia le llega el primer despido de un oficial de seguridad pública, lógico debió de haber tomado conocimiento y cuestionar porque me lo estás mandando así, ya que no cumple con el procedimiento del Comité de Honor y Justicia. Al primer caso, debió de haber reaccionado, pero le llegaron ciento y tantas demandas”, señaló.
El abogado dijo que, según los cálculos realizados, son al menos 45 millones de pesos que se tienen que pagar en indemnizaciones por despido injustificado, pero podría aumentar la cantidad, ya que depende de cuánto se tarde la sentencia de cada una de las demandas.
Agregó que el monto de 45 millones de pesos de pago es gravoso, y en cada caso de los ex policías es diferente la cantidad a pagar puesto que depende de su salario, el tiempo que tenía laborando en la corporación policiaca y sus respectivas prestaciones. Señaló que están a la espera de la sentencia del juez.
“Es un monto aproximado de 45 millones de pesos y digo aproximado porque todo depende del momento en que emita la resolución, hay que actualizar, puede variar si resuelven ahorita o en junio o julio, lógico el monto aumenta y es de acuerdo a lo que ellos ganaban, es proporcional a su salario, tiempo de antigüedad y las demás prestaciones que la ley les concede”, señaló.
En el presente gobierno no se tiene al momento ninguna demanda por parte de los ex policías “Fedepales” despedidos del 10 de octubre a la fecha, pero en caso de que la hubiera ese gasto es absorbido por el bufete jurídico que se contrató para los despidos de los agentes, aseguró García González.
El director jurídico de la presidencia municipal, Carlos Esteban García González, informó que el gobierno municipal actual recibió 784 juicios en proceso, de los cuales sí se les informó durante las mesas de transición, así como sus avances. De esta cantidad ya solo son 704 litigios.
Dijo que la mayoría de los procesos legales que enfrenta la presidencia tienen que ver con multas e infracciones, ya que hay ciudadanos en desacuerdo que demandan al municipio.
Detalló que de los 704 procesos legales que lleva la Dirección Jurídica de la Presidencia, 593 son administrativos, 10 agrarios, 9 amparos, 100 civiles y 46 penales 46, dando un total de 704.
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