Presenta Morena iniciativa de reforma contra terapias de conversión LGBTIQ en Guanajuato
Guanajuato, Guanajuato.- El grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado y al Código Penal con la finalidad de combatir los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género (ECOSIG), también llamados terapias de conversión, desde un enfoque de prevención y sanción.
El diputado Ernesto Prieto Gallardo refirió que las orientaciones sexuales e identidades de género de la diversidad solían ser clasificadas como enfermedades y trastornos mentales hasta finales del siglo XX. Además, mencionó, todas las investigaciones psiquiátricas y psicológicas modernas han confirmado que la orientación e identidad de género no son condiciones patológicas. Sin embargo, indicó que detrás de las terapias de conversión que cuentan con enfoques psicoterapéuticos, médicos y espirituales, se encuentra el supuesto de que las orientaciones e identidades no hegemónicas son una enfermedad que debe ser curada.
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El legislador dijo que los ECOSIG abarcan infinidad de prácticas que vulneran la dignidad e integridad de las personas, aplicando prácticas tan agresivas como reacondicionamiento masturbatorio, privación de la libertad, abuso por contacto, violaciones supuestamente correctivas, o procedimientos quirúrgicos de lobotomía o castración.
“Hoy sostenemos, como lo hemos hecho sistemáticamente, que la diversidad no es una enfermedad, sino una condición de vida, tal como la heterosexualidad. Por esto, no hay nada que curar, y es necesario combatir el ataque a la dignidad humana que suponen los ECOSIG, que puede presentarse en todos los espacios sociales, de los que Guanajuato no está exento”, dijo.
La iniciativa propone incorporar al Código Penal del Estado el tipo penal denominado Delitos Contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, el cual contemple la imposición de una sanción de dos a seis años de prisión y multa de 1 mil a 2 mil UMAs a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Se prevé un agravante en caso de que la víctima sea menor de edad o de que quien comete el delito tenga una relación de superioridad jerárquica, emplee violencia o se valga de la función pública.
