¿Ser antivacunas es extremismo o ‘libertad individual’? Cuestionan filósofos

Redacción

Madrid, España.- Los filósofos españoles Javier Gomá, Victoria Camps y Francisco Savater han reflexionado sobre la ética de las medidas impuestas por la pandemia y los movimientos contrarios a ellas, como los antivacunas, a quienes han avisado de que la defensa de la “libertad del individuo pase lo que pase” es “un extremismo que nunca es bueno”.

Libertad ‘pase lo que pase’ es peligrosa

En el marco de la situación actual de la pandemia y ante los grupos contrarios a las restricciones, Camps defendió que las medidas han sido “proporcionadas” al “peligro” y la “incertidumbre” que ha generado la Covid-19.

“En la pandemia ha sido perfectamente justificable dar prioridad a otros bienes y darse cuenta que tenían más valor que la libertad individual”, dijo para Europa Press en referencia al valor de la salud pública, la seguridad y la protección de los sistemas sanitarios.

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Y continuó: “se justifica plenamente el restringir las libertades, y no digamos las vacunas, que se ha demostrado que son eficaces“, además calificó a los movimientos contrarios a las restricciones y a los antivacunas como “estrictamente politizados”.

A su juicio, estos, “asociados con el negacionismo“, muestran rechazo a cualquier imposición “sin razonar, sin pensar, sin relativizar incluso las necesidades de cada momento”.

“Es una expresión de una concepción extremamente neoliberal de la libertad, la libertad del individuo pase lo que pase y por encima de cuáles sean las consecuencias. Esa posición no es lógica, es absurda. Es un extremismo que nunca es bueno, y a la larga se muestra que tampoco son posturas que se puede universalizar porque no conducen a un bien colectivo”, ha aseverado.

No obstante, ha instado a valorar todas medidas desde la perspectiva de la situación de cada momento y en función sobre qué se debe favorecer “en primer término”.

“No se puede decir siempre que por delante tiene que ir la libertad ni la recuperación económica ni la protección de la salud, todo depende. Y ese depende impide dar respuestas a priori y obliga a discutir los necesarios puntos de vista discrepantes”, ha incidido.

De este modo, ha apelado al “espíritu cívico“, que, desde su punto de vista, es “intentar prescindir de intereses individuales, partidistas, parciales y politizados, en el peor sentido de la palabra, y reflexionar sobre qué es lo mejor para salir de la crisis actual”.

Ya vivimos en constantes restricciones

El filósofo Fernando Savater ha subrayado, por su parte, la moralidad de las medidas tomadas en la pandemia “en el sentido de que son las que la Administración tiene la obligación de tomar porque ofrece los servicios para tratar a las personas”.

“Como es una responsabilidad del Estado ofrecer ese servicio, tiene también derecho a exigir ciertas conductas para evitar, en este caso, la saturación de hospitales”, apuntó.

Savater ha incidido en que lo único que se puede cuestionar es si las restricciones “son eficaces” y si habría otras más eficaces, o “si habría posibilidad de con menos restricciones obtener los mismos resultados”, si bien, según ha advertido, “eso ya no es una cuestión moral”.

Igualmente, ha afeado ir en contra de las medidas con la bandera del respeto a los derechos fundamentales, ya que estos “se restringen constantemente” para permitir la “convivencia”.

“El derecho a deambular libremente se restringe cada vez que llegamos a un semáforo y tenemos que parar, porque está establecido así la circulación (…) o el de libertad de los padres con la obligación de educar a los hijos”, ha ejemplificado defendiendo estas normas. Y es que, en sus palabras, “los derechos fundamentales están acompañados de obligaciones fundamentales”.

Sobre los antivacunas, ha tildado su conducta de irracional y se ha referido al movimiento actual como un conjunto de “chalados” (locos, en español de México). Igualmente, les ha recordado que las acciones tienen “consecuencias”.

“Uno no puede querer realizar acciones en contra de lo que la sociedad pide como no vacunarse o, incluso, contagiarse, y esperar que luego los demás le sigan a uno cuidando como una persona libre y responsable. Lógicamente, le tomarán por alguien que está actuando de manera peligrosa para él y sobre todo para los demás”, ha avisado.

Homicidio involuntario

Por su parte, el filósofo Javier Gomá ha reconocido sentirse “sorprendido” por el movimiento de aprensión a la vacunas: “me ha sorprendido tanto como si me dijeran que hay un sector de la sociedad que objeta en conciencia, incluso poniendo en peligro su vida, ducharse por las mañanas o ponerse unos leggings”.

Entre los objetores, ha dividido a quienes aducen prudencia o miedo por unas posibles secuelas, lo que “podría entenderse”, y ha señalado que son los que, posteriormente, “sopesan que lo está en juego es la vida y, en su mayoría, superan esa primera objeción”.

La segunda clase de objetores son los “lunáticos” que creen que con las vacunas algunos malvados se proponen dominar las conciencias y convertirse en los amos del mundo entero. Estos, en su opinión, son “mentalidades infantiles y supersticiosas que necesitan maduración emocional y mental”.

Para Gomá, la vacunación ha hecho que la enfermedad sea ahora “más molesta que peligrosa. Por tanto, el riesgo de contagiar es ahora mucho menos peligroso y el reproche ético, en consecuencia, es menor”.

Sobre otras medidas, como las restricciones, ha llamado a valorarlas desde la “oportunidad temporal” y ha indicado que las del inicio de la pandemia, en un momento letal fueron “justificadas”.

“Por el valor en juego, la vida humana, sobre todo de los más vulnerables, lo jurídico se correspondía con lo moral”, defendió. Asimismo, advirtió que desarrollar una conducta negligente que propicie el contagio de un tercero podría incluso “ser interpretado como una colaboración al homicidio involuntario“.

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En cuanto a la perspectiva de los derechos fundamentales, instó a “no olvidar” que la Constitución “permite su limitación por los estados de excepción y alarma”, pero ha lamentado, como ya hiciera cuando se acordó, que su aplicación por meses, como se hizo en España, es “ilegal” y “contrario a una sociedad democrática.

Con información de Europa Press

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