Activista Norma Nolasco está en desacuerdo en que le quiten protección de las FSPE
Activista en contra de que le quiten escoltas; asegura que el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no conoce su situación real
Nayeli García
Irapuato.- La activista Norma Nolasco consideró como grave e irresponsable la petición del Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de retirarle la protección policiaca.
Asimismo, el consejo envió un oficio al mecanismo federal, para que analice retirar la protección a Nolasco, luego de una nueva denuncia pública sobre el uso indebido de esta medida de protección.
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Por consiguiente, dijo que quienes integran el consejo, no conocen su situación real de riesgo. Nolasco recibe protección desde el año 2009.
Se acusa a uno de sus guardias de agredir a una mujer durante un velorio, lo que negó la activista.
Activista en contra de que le quiten escoltas
Así también, dijo que hay investigación tanto de Derechos Humanos como por la propia corporación y hasta el momento no hay una resolución al respecto.
“Me parece pues que si el consejo estatal emita una opinión como lo ha hecho, es una opinión totalmente irresponsable y me paree muy grave que estén juzgando a priori”, expresó Nolasco.
Explicó que hubo una riña en un funeral en donde estaba presente, pero que sus escoltas intervinieron para calmar la situación y no para agredir.
“Cualquier servidor público de cualquier corporación tiene la obligación de llamar a la paz, de calmar la situación de conflicto y fue lo único que ellos hicieron”, enfatizó.
Asimismo, Nolasco argumentó que tiene protección desde 2009 pues ha sido víctima de agresiones.
“El Consejo no tiene la información completa, en lo personal el Consejo nunca se ha acercado conmigo, no saben mi situación real”, insistió.
En entrevista, aclaró que la orden de protección es federal, decretada por una jueza.
Recibe protección desde 2009
Se han comprobado agresiones en su contra, intentos de asesinato y una serie de situaciones que la vulneran como activista de derechos humanos.
Puntualizó que, cada año es sometida a una evaluación por parte de la Secretaría de Gobernación para ver si se requiere o no de seguir con la protección.
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Recordó que su hermano fue secuestrado para sacar información sobre su persona y aunque en aquella ocasión lograron liberarlo, dos años después fue asesinado y su muerte aún no ha sido esclarecida.
“Me queda claro que el precio que estoy pagando por ser activista es el precio de mi libertad, pero estoy comprometida a seguir haciéndolo”, finalizó.
JAS
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