Ahora en la Notaría 53 de Irapuato: cinco víctimas denuncian otro fraude inmobiliario
Notaría Pública 53 en Irapuato. Foto: Especial
Irapuato, Guanajuato.- El titular de la Notaria Pública número 53 enfrenta una demanda de responsabilidad civil subjetiva por el pago de daños por más de 3.5 millones de pesos; esto por haber dado fe y ratificado la compra-venta de 14 predios en Irapuato, que finalmente resultaron ser de otra personas y no pudieron ser escriturados.
Por este caso, en donde cinco personas se dicen afectadas por la omisión y actuación negligente del notario, también enfrenta una denuncia penal y fue presentada una queja ante la Secretaría de Gobierno en la Dirección General de Notarios el año pasado. Todos estos asuntos aún no han sido resueltos.
La demanda está radicada en el Juzgado Primero de los Juzgados Civiles y fue presentada el año pasado en donde se hace referencia de que todos los trámites se realizaron en la notaria ubicada en la colonia La Moderna, en donde la abogada Sanjuana, de quien se ignora sus apellidos, fue quien llevó el proceso para la firma de los contratos asegurando que el titular de la notaria ya conocía del tema y éste firmó los documentos.
Así ocurrió el fraude notarial en Irapuato
En la denuncia penal contenida en la carpeta de investigación 5137/2022 en donde se denuncia al titular y a la abogada de la notaria por los delitos que resulten, relatan que todo inició en febrero del 2021 con un anuncio a través de las redes sociales, particularmente en el Marketplace de Facebook, donde publicó la venta de terrenos de 10x20 en la salida a León en Irapuato a un precio de 250 mil pesos, transacción que se hizo a través de dos abogados: Raquel Imelda y Humberto Borja, cuyo dueño del predio ubicado en la calle 3 del Ejido Lo de Juárez era Saúl Villanueva.
Fueron cinco las personas que se mostraron interesadas en los predios, por lo que fueron citados en la Notaria 53, donde Sanjuana los atendió en todo momento, y al estar en una notaría asumieron que la venta era legal, ya que supuestamente el titular de la misma tenía todo los documentos en torno a estos terrenos, por lo que se realizó la firma de los contratos de compra-venta.
La Notaría 53 hizo la ratificación notarial de los contratos identificadas con el número 2254 el 9 de marzo del 2021 para un terreno con valor de 250 mil pesos; la 2250 el 17 de febrero para la compra de un terreno en donde se entregó un automóvil Mazda a cambio, todo con un valor de 250 mil pesos; la 2232 el 17 de febrero de ese mismo año para la adquisición de dos terrenos con valor de 500 mil pesos; el 16 de febrero también se firmó un contrato de compra-venta por cinco terrenos con valor de un millón 20 mil pesos y con la ratificación 2229; ese mismo día se compraron cuatro terrenos de 200 metros cuadrados cada con valor de 840 mil pesos y se hizo la ratificación 2230; y finalmente un terreno de 600 metros cuadrados con valor de 600 mil pesos en donde se entregó la concesión de placas de taxi para cubrir el pago y la notaria realizó la ratificación 2251.
Tras la firma del contrato, se quedó en el acuerdo que daría inicio la escrituración de los terrenos, pero esto ya no se hizo, pues los compradores encontraron que los terrenos estaban siendo delimitados por otras personas, que dijeron ser los dueños de los predios, y al reclamar descubrieron que habían sido engañados.
“El notario no solo validó los actos jurídicos sino que realizó ratificaciones notariales de los contratos donde se vendieron y se dieron derechos de inmuebles de naturaleza agraria y que no se encontraban en el comercio, siendo participe de cada uno de estos actos ilegales que se realizaron por sus omisiones, siendo copartícipe de la afectación económica y emocional de cada uno de los representados ya que esta falta cometida por el fedatario les arrojó un menoscabo patrimonial y a su vez incertidumbre y afectaciones emocionales”, señala el documento.
Acusan al notario por sus omisiones en la compra-venta de los terrenos
Y es que señalan que el notario no tuvo una adecuada intervención y no desempeñó debidamente su función notarial como experto en derecho para la celebración de actos jurídicos ante su fe notarial apegada a los lineamientos que le rigen, pues parte de sus obligaciones era haber prevenido a los compradores de las consecuencias del contrato que firmaban como lo establece el artículo 28 de la Ley del Notariado del Estado de Guanajuato, además de que estaba obligado a revisar que el acto que se firmaba fuera lícito.
En el artículo 31 de esta misma ley establece que el notario no podrá ejercer sus funciones si se trata de un acto contario a la ley.
En la demanda de responsabilidad civil subjetiva se pide el pago de 3 millones 460 mil pesos, que es el total del dinero invertido en la compra de los terrenos más el 6 por ciento por concepto de intereses, así como cubrir los gastos que el proceso legal ha generado a lo largo de estos años.
JRP
