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ASF investiga presuntos pagos sin justificar en Irapuato por más de 800 mil pesos

La auditoría habría detectado que no se habían comprobado en formatos aceptables la fecha y quiénes recibieron servicios en Irapuato 
Irapuato

Nayeli García

ASF investiga presuntos pagos sin justificar en Irapuato por más de 800 mil pesos ASF investiga presuntos pagos sin justificar en Irapuato por más de 800 mil pesos

Presidencia de Irapuato. Foto: Eduardo Ortega

Irapuato, Guanajuato.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño al erario público a la Hacienda Pública de 812 mil pesos por parte del Gobierno Municipal de Irapuato derivados de dos contratos para el entrenamiento de funcionarios públicos para el manejo de medios de comunicación.

Esto durante la revisión de la Cuenta Pública en donde fueron auditados 8 millones 330 mil 200 pesos que llevaron a Irapuato como Participaciones Federales a través del Ramo 28, recursos que fueron utilizados para el pago del servicio de recolección de basura, para la compra de mobiliario de la oficina y para el pago de dos entrenamientos a servidores públicos.

El Gobierno Municipal pagó 324 mil 800 pesos a través del contrato OF/DRH/C01C/ENTRENAMIENTO/2022 al especialista en liderazgo y entrenamiento Ricardo Robles Sánchez para el entrenamiento en liderazgo y manejo de medios de comunicación, dirigido a la Presidenta Municipal, directores generales y directores de área de las dependencias.

A la activista y especialista en liderazgos Paulina Amozurrutia Navarro la cantidad de 487 mil 200 pesos a través del contrato OF/DRH/C01C/AMOZURRUTIA/2022 para capacitación en materia de entrenamiento media training speech dirigido a la Presidenta Municipal, directores generales y directores de área de las dependencias.

 
Esto durante la revisión de la Cuenta Pública en donde fueron auditados 8 millones 330 mil 200 pesos que llevaron a Irapuato. Foto: Eduardo Ortega

La auditoría habría detectado que no se habían comprobado en formatos aceptables la fecha y quiénes recibieron ambos servicios, y aunque hubo contestaciones por parte de la Oficialía Mayor, ésta no logró la solventar las observaciones de la Federación, pues incluso los certificados que supuestamente comprobaban la realización de los cursos en agosto del 2022 estaban fechados en el 2023, situación que justificaban que eso no indicaba que no se hubiese tomado.

“En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 812.0 miles de pesos, el cual representó el 9.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, señala la revisión de la auditoria.

 

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