Buscadoras de Guanajuato critican informe del gobierno sobre Desaparecidos

Irapuato, Guanajuato.- A doña Conchita el Gobierno Federal le mandó un correo diciendo que su hijo se había aplicado la vacuna del Covid en otro estado, al preguntarles ¿en qué estado? Para ir a buscarlo, le respondieron que no tenían mayor información, pero que ya no lo buscara porque estaba vivo, sin entregar una prueba de vida como establece la ley.

 

 
Ese es una de las situaciones a las que los familiares de desaparecidos se están enfrentando con el nuevo censo federal que está “desapareciendo a los desaparecidos”, denunció Bibiana Mendoza del colectivo Hasta Encontrarte, durante la manifestación que realizaron este lunes frente a la Presidencia Municipal de Irapuato.
  
El pasado 14 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en México ya no había 111 mil personas desaparecidas, sino que solo había 12 mil 377, que 29 mil ya no estaban registrados como desaparecidos y otros 20 mil no tenían indicios para ser buscados.

 

“Es muy preocupante, si las autoridades locales, estatales y federales no han unido lazos para encontrar a nuestros familiares, el hecho de que están desapareciendo a nuestros desaparecidos nos tienen muy enojadas, indignadas porque lo que queremos de las autoridades es que digan que mi hermano, los hijos de mis compañeras ya fueron localizados con vida, en lugar de que ello sale a negar las desapariciones y eso es volverlos a desaparecer”, señaló.
 
Bibiana calificó este censo como asesino e inhumano, y se dijo harta y cansada de que todo se reduzcan a los partidos políticos, cuando las familias de los desaparecidos no les interesan quién gobierne, sino que se pongan a buscar a los desaparecidos, pues hay algunos que estuvieron privados de su libertad ocho meses antes de ser encontrados en una fosa clandestina, y llegó ahí porque nadie lo buscó.

 

 
“Hay que reconocer que México es una fosa clandestina”, señaló Bibiana, al señalar que los números presentados por las autoridades son irreales, cuando en el país hay 59 mil cuerpos sin identificar y tan solo en Jalisco se tienen más de 13 mil personas esperando una identificación, más las personas que aún no han sido encontradas, porque siguen enterradas no solo en Irapuato, en Guanajuato, sino en todo el país.

 

Uso ilegal de datos

La activista consideró que el Gobierno Federal está haciendo un mal uso de la información de las personas desaparecidas, porque por ley para que una persona sea considerada como localizada tiene que haber una prueba de vida, tener una entrevista con la Fiscalía General y regresar a casa.
 
Pero el censo fue realizado por la Secretaría del Bienestar que no tiene ni la facultad, ni el conocimiento para buscar y realizar un censo que es ilegal y violatorio de los derechos humanos, porque lo que dice el Gobierno Federal es que acudieron a la casa de cada uno de los familiares a preguntar si estaban de regreso su desaparecido y que la respuesta fue que sí.

 
“A nadie de Guanajuato nos preguntaron si ya estaban de regreso nuestros familiares. Nos afecta el cambio de registro porque si así no los buscan ahora los esfuerzos serán menores, no los están buscando porque al gobierno no les importan. El mensaje es claro: vamos por un país más impune, más violento y más inhumado en su totalidad, un país al que no le importa la gente que está sufriendo”, sentenció.

Buscadoras de Guanajuato Rechazan Datos del Gobierno sobre Desaparecidos

En un comunicado contundente, las Buscadoras de Guanajuato expresaron su descontento y rechazo hacia los datos compartidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reciente conferencia matutina. Acusan al gobierno de no ajustar las cifras de personas desaparecidas a la realidad y violar principios legales.

Durante la presentación de un informe sobre un supuesto censo realizado por el gobierno federal, el presidente López Obrador afirmó que el número de personas desaparecidas se reduce a 12 377, generando indignación entre las Buscadoras. Acusan violaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y al Sistema Nacional de Búsqueda.

 

 

En el informe, las Buscadoras cuestionan la falta de transparencia en las cifras presentadas, alegando una violación a los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. Además, denuncian la victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.

Las familias de personas desaparecidas rechazan el informe y no aceptan la reducción a 12 377 personas desaparecidas confirmadas. También cuestionan la afirmación de falta de datos para identificar a 26,090 personas y la declaración de la inexistencia de indicios para buscar a 36 022 personas.

 

 

En el comunicado, se critica al presidente Obrador y a sus subordinados por desconocer su obligación legal de investigar a través de las fiscalías generales y las entidades. Se destaca la incongruencia de las cifras presentadas y se denuncia la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos.

Las familias exigen el cumplimiento de sus derechos adquiridos, medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la participación conjunta en la construcción de propuestas legales. Demandan la falta de convocatoria al Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En un tono enérgico, se exige al gobierno federal la elaboración urgente de un plan para buscar a las más de 110,964 personas desaparecidas y la identificación de las más de 56,000 personas sin identificar. Además, se solicita una disculpa pública del presidente por sus declaraciones y descalificaciones hacia la lucha de las familias.

Se advierte que, de no recibir respuestas satisfactorias, se podrían tomar medidas legales, como amparos, para hacer valer sus derechos y preservar la dignidad de las víctimas de desaparición forzada. La situación evidencia la urgencia de abordar el problema de manera efectiva y respetuosa hacia las víctimas y sus familias.