Juez otorga en Irapuato primera suspensión contra adhesión de GN y Sedena

Tras un amparo contra la adhesión de la Guardia Nacional, se ordena que en un máximo de tres días se restituyan los recursos

Nayeli García
Irapuato.- El Juzgado Noveno de Distrito otorgó la suspensión provisional al amparo interpuesto para evitar que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto al considerar esta medida inconstitucional que afecta los derechos no sólo del quejoso, Ángel Castro Gómez, sino que es de interés colectivo.

Por ello, ordena que en un máximo de tres días se restituyan los recursos de la guardia. De lo contrario, habrá sanciones que implican hasta nueve años de presión al funcionario que no acate la resolución de este amparo.

El amparo lo presentó el defensor de los derechos humanos Ángel Castro Gómez. Esto como parte de las acciones que las organizaciones Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1 país. También Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek, y diversas organizaciones civiles han realizado para evitar la militarización del país.

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Militarización no es la respuesta, aseguran

Ellos han presentado de septiembre a octubre un total de 53 amparos en contra del Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejérctio y Fuerza Aérea Mexicanos en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre.

“Las organizaciones se han mantenido luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la administración de Enrique Peña Nieto en el 2018. Acuerdos militares para efectos de seguridad pública en el 2020 con Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos insistiendo que la militarización de la Seguridad Pública en el país no es la solución. Debe de acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil”, señala el comunicado de prensa emitido por las organizaciones.

El amparo indirecto se encuentra radicado en el expediente 1161/2022 en el Juzgado Noveno de Distrito del Décimo Sexto Circuito, ubicado en Irapuato. El pasado 10 de octubre se concedió la suspensión provisional del acto reclamado en donde se busca declarar inconstitucional el decreto del presidente López Obrador.

El amparo establece que el quejoso cuenta con interés legítimo, ya que, prima facie, el derecho impugnado contiene normas cuya sola entrada en vigor inhibe o amedrenta el ejercicio de derechos esenciales en una sociedad democrática. Algunos son la libertad de tránsito, la intimidad y la inviolabilidad del domicilio o la integridad personal. Esto ya que cualquier persona que se halle en territorio mexicano es sujeto potencial de contacto con operativos de seguridad pública efectuados por miembros de la Guardia Nacional de forma cotidiana, -no extraordinaria-.

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Inhibe derechos

Además, el quejoso expuso que el hecho de que la Guardia Nacional esté bajo el mando militar inhibe el ejercicio de derechos esenciales en una democracia, como la libertad personal o la privacidad de las comunicaciones. Dado que los elementos castrenses carecen de formación o adiestramiento para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por ejemplo, para realizar actividades de prevención del delito o de proximidad ciudadana, para imponer multas administrativas con motivo de infracción a reglamentos de tránsito o fungir como policía procesar en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El Juzgado Noveno de Distrito establece que el decreto impugnado sí amedrenta e inhibe el ejercicio de los derechos alegados. Esto dado que el ejercicio del uso de la fuerza, el armamento y el equipo empleado de la SEDENA son distintos a las tareas de seguridad pública, y en la Constitución establece en el artículo 129, distingue la función de las Fuerzas Armadas  a la del poder civil que en este caso es las instituciones de seguridad pública y la Guardia Nacional.

Otorgan suspensión temporal

Se concede al quejoso la suspensión provisional solicitada para que las cosas se retrotraigan al estado que guardaban antes de la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Ante ello se dispone:

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El amparo establece que todas las autoridades involucradas deberán de acatar la resolución. Incluye a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ante la suspensión provisional para atender el tema de la transferencia de recursos. Para ello, se tienen tres días a partir de la notificación para informar sobre el cumplimiento de la suspensión.

De no cumplir con la suspensión del amparo, se tendrá una multa equivalente a cien unidades de medida que ascienden a 9 mil 622 pesos. De igual manera, una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días de destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. Esto tal como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo.

Consiguieron fallo contra Fuerzas Armadas

Ya desde el año pasado, la Asociación Civil Fuerza Ciudadana Irapuato logró ampararse del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. Fue el abogado Joan Antonio Ochoa Sada quien obtuvo el fallo en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato.

La juez Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, concedió el amparo indirecto a la Asociación Civil Fuerza Ciudadana Irapuato del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria.

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Para Fuerza Ciudadana Irapuato, esta sentencia representó un logro en las acciones que realizan en favor de la transparencia. Exhortaron a funcionarios e instancias oficial a cumplir la sentencia.

EZM

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