Prodheg ordena a SSC de Irapuato emitir disculpa por agresión a periodista
La policía de Irapuato reprimió de manera violenta la manifestación realizada el 20 de junio del 2023.
Irapuato, Guanajuato.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) ordenó Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del director de la Policía Municipal emitir una disculpa al fotoperiodista José Luis Cervantes por haber violado su derecho a la libertad de expresión e integridad física a través de la represión durante una manifestación realizada el 20 de junio del 2023.
La resolución del expediente 1190/2023 fue emitida el pasado 31 de enero al Gobierno Municipal en donde establece que sí hubo una violación a los derechos humanos de José Luis Cervantes cuando éste tomaba fotografías de la detención que realizaron elementos de la Policía Municipal a un grupo de manifestantes a las afueras de un evento en donde se encontraba el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa Lorena Alfaro García.
Niega Benavides agresiones
El fotoperiodista declaró ante las autoridades que ese día fue tomado por elementos de la Policía Municipal de Irapuato por la parte superior de su cuerpo impidiéndole que tomara fotografías y luego lo golpearon, tiraron al suelo y dañaron su cámara fotográfica.
Al respecto, Ricardo Benavides aseguró que todo era falso y negó que sus elementos hubieran realizado un acto de violencia en contra del reportero, “pues únicamente se limitaron a brindarle seguridad”.
No obstante en el análisis de las videograbaciones y fotografías, la Prodheg determinó que José Luis sí fue sometido por el cuello y brazos por elementos de la policías, mientras que las personas que grababan incluso gritaban “es prensa”, “déjalo es prensa”; cuyo acto derivó en la omisión de salvaguardar como autoridad los derechos de la libertad de expresión e integridad física que contempla la Ley para la Protección de Periodistas que establece que:
"...las agresiones se configuran cuando por acción u omisión se daña la integridad física, psicológica, moral, patrimonial o económica de las personas periodistas; así como cuando se violenta su derecho humano de libertad de expresión a través de censura o represión".
Las recomendaciones establecen que:
- Se deberá de emitir una disculpa por escrito dirigía a José Luis Cervantes.
- La autoridad deberá identificar a los Policías Municipales que participaron en la represión e iniciar una investigación al respecto para deslindar responsabilidades por no haber salvaguardado los derechos humanos de la víctima.
- Otorgar compensación por los daños a la cámara del periodista y recibir atención psicosocial.
- José Luis será incluido en el registro estatal de víctimas de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
- Incluir en los expedientes de los Policías Municipales responsables una copia de esta resolución.
- Capacitar a los policías responsables sobre protección de derechos humanos énfasis a personas periodistas, a la libertad de expresión y a la integridad física, y ampliar la capacitación a más autoridades si se cree necesario.
Renuencia ante Derechos Humanos
El Gobierno Municipal ha acumulado una serie de recomendaciones sin cumplir por parte de Derechos Humanos, entre ellas las dos disculpas públicas que heredó la administración de Ricardo Ortiz Gutiérrez, una de ellas en contra de la jueza administrativa Sandra Baeza a quien el gobierno anterior intentó despedir realizando comentarios denostativos en su contra.
La segunda recomendación, la 55/21-B entorno al niño Giovanni de 11 años que fue asesinado por un policía municipal, quien incluso ya fue sentenciado. En este caso el Gobierno Municipal argumentó que la familia no había respondido a los citatorios para realizar la disculpa pública, sin embargo la familia dijo desconocer a ciencia cierta para qué era citada y mucho menos conocían que les tenían que dar una compensación económica, pues solo les entregaban papeles, sin mayor orientación sobre el caso.
Aunque el Municipio sí respondió casi de forma inmediata a la disculpa pública derivada de la represión de las feministas el 01 de mayo del 2022, en donde también se hacía referencia a una capacitación a los policías municipales, la rapidez en su respuesta no fue la misma cuando se trató de ofrecer una disculpa, aunque ahora por escrito a la familia del empresario Jair Martínez.
En el caso de Jair Edgar Antonio Martínez la familia denunció que en marzo del 2023 cuando publicaron la desaparición del joven empresario, el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides en lugar de apoyarlos a encontrar a Jair, a quien ya habían ubicado mediante la ubicación de su celular casi seis horas después de haber sido privado de su libertad, el funcionario los amenazó de bajar sus publicaciones y no crear pánico en Irapuato, y finalmente las autoridades actuaron 30 horas después de su desaparición cuando ya había sido asesinado.
En el caso de la agresión a José Luis Cervantes, el Gobierno Municipal ya se había adelantado a reponer el costo de la cámara fotográfica, pero no así a establecer protocolos de actuación con los periodistas de la ciudad, pues si bien la presidenta municipal Lorena Alfaro García se reunió con los reporteros de la fuente días después de la represión, no hubo continuidad a ninguna acción de respeto al derecho a la libertad de expresión ya sea por censura o por represión.
LC
