León lidera a 75 municipios en controversias contra la Ley de Comunicación Social de AMLO


León, Guanajuato.- De 320 alcaldes que integran la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC), 75 ayuntamientos presentaron controversias constitucionales contra la reforma a Ley de Comunicación Social, que restringe el presupuesto para este rubro y que es parte del llamado 'Plan B' a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León y quien encabeza la ANAC, señaló que se trata de municipios de todos los puntos del país, quienes rechazan la intromisión hacendaria a los municipios.
“Son 75 con acuse de recibido de todo el país. De hecho, prácticamente las capitales de Acción Nacional están ya presentadas. Por darles un ejemplo, Mérida ya lo presentó, Chihuahua lo presentó, Puebla, Querétaro, varias ciudades de Jalisco; los municipios más grandes, los que tenemos de Acción Nacional, también lo están presentando de Ciudad de México, de Estado de México, de Sonora, de cada rincón del país”, declaró Alejandra Gutiérrez.
La presidenta municipal señaló que este 13 de febrero vence el plazo para poder presentar este recurso contra la reforma. Por ello se espera que a lo largo del lunes se cierre en un total de 80 controversias presentadas.

Alejandra Gutiérrez también hizo un llamado a los congresos a sumarse y que “no homologuen las leyes estatales con la ley general”.
“Al final de cuentas tenemos autonomía hacendaria y no puede ser posible que hoy, a través de este Plan B en el artículo 26 de la Ley de Comunicaciones, nos estén quitando esta libertad, limitándote a que solamente puedas utilizar el 0.1% de tu presupuesto. (…) También está afectando de manera directa al derecho de saber del ciudadano y digo el derecho de saber porque es bien claro”, señaló Alejandra Gutiérrez.
Rechazan el 0.1% de presupuesto en Ley de Comunicación Social
La reforma a la Ley General de Comunicación Social aplicó cambios al artículo 26, último párrafo y con el que se establece que las entidades federativas deberán limitar el gasto en materia de comunicación social a 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual.
Voces en contra de la reforma, ya vigente, sostienen que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos de los que “dispongan los poderes del Estado se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, y con ello la reforma afecta la libre disposición por cada ámbito de gobierno.
JRP