Por 9 meses, dejan sin justicia a Eduardo, joven atropellado por camión de transporte en León
León, Guanajuato.- Cansados de la falta de justicia y reparación de daños que la línea de transporte Centro-Américas-Deportiva S.A. de C.V. debe aplicar por la muerte de Eduardo Morales Aguirre, los familiares de la víctima acudieron este lunes a la presidencia municipal para exigir vía oficio la intervención de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en el caso.
El accidente ocurrió el 30 de marzo a las 7:15 de la mañana en la colonia Cerrito de Jerez, mientras Eduardo de 24 años y su tío Rafael Rodríguez de 35 viajaban en una motocicleta hacia su trabajo como repartidores de la refresquera Pepsicola, cuando al dar vuelta en la calle Volcán del Jorullo fueron arrollados por el conductor de la ruta 20, con el número económico LE-967.
Con el impacto Rafael salió disparado varios metros y sufrió de una fractura en la mandíbula y en la pierna izquierda, mientras que Eduardo fue arrastrado varios metros por el chofer de la unidad, muriendo en el acto.
Nueve meses después del suceso, que aún sigue en vinculación a proceso en contra del conductor por homicidio culposo, ni la familia de Eduardo ni Rafael han recibido la indemnización correspondiente por parte de la aseguradora de la empresa transportista, pese a que tanto el peritaje ordenado por la Fiscalía estatal y el solicitado por las víctimas determinaron que el chofer de la unidad excedió la máxima velocidad permitida de 30 kilómetros por hora, yendo a poco más de 38 cuando causó el accidente.
“No nos han resuelto nada, no hubo ni disculpa ni nada, qué ocupan. Y del transporte marcan que iba a exceso de velocidad, hemos andado de un lado al otro y no hemos tenido respuesta de nadie. A Alejandra le pedimos que nos ayude, ya son 9 meses que llevamos este proceso, que nos ayude también para que Daniel Villaseñor ya se preste para la estabilidad mía, de mis hijos y de mi tío. Él era mi único sustento, tengo dos niños de 6 y 2 años y estoy batallando muchísimo porque mi mamá es la única que me ayuda” expresó Juana Guadalupe Nogales, la viuda de Eduardo.
El abogado defensor de la familia, Juan de Dios Hernández Araiza, afirmó que además se solicitó una investigación ante la Secretaría Técnica de Honor y Justicia 4 elementos de Policía Vial que intervinieron en el accidente, incluyendo al comandante en turno, quienes permitieron la fuga del chofer impidiendo entre otras cosas, que la Fiscalía pudiera realizarle una prueba de antidoping en ese instante.
Debido a que en esa investigación también se ha dilatado el proceso, la familia interpuso una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por lo que parte de la petición de audiencia con la alcaldesa también es para pedir la resolución en la investigación interna.
Piden destitución de concesionario de la comisión mixta tarifaria en León
La defensa de la familia también hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Mixta Tarifaria a dar de baja al presidente de la línea Centro-Américas-Deportiva, Gustavo Ascencio Origel, por considerar incongruente que haya formado parte de las negociaciones del aumento al pasaje mientras su empresa ha incumplido con la reparación de los daños.
“Gustavo Ascencio pertenece a la Comisión Mixta y actualmente es uno de los miembros que está solicitando un aumento del pasaje, y no se vale que a las familias las revictimicen en el tema de indemnizar. Exigimos que se dé de baja inmediatamente, sabemos que mañana se van a reunir y queremos que se difunda que esta persona no puede solicitar el aumento cuando no ha cumplido con sus obligaciones de reparar el daño a las víctimas” dijo Juan de Dios Hernández.
El abogado defensor afirmó que la negativa de pagarle las indemnizaciones a las víctimas fatales del transporte público ha sido la constante durante este año, donde ya se han registrado 11 muertes viales por atropello y la mayoría de los familiares fueron desalentados a continuar con la denuncia ante la Fiscalía.
“Ninguna de las personas ha denunciado, solamente nosotros y fue donde nos dimos cuenta que están involucrados servidores públicos, que en su momento dejan en libertad a los conductores y los sobreprotegen. Sabemos que ninguna víctima ha sido indemnizada e incluso los han hecho firmar amedrentando, nos ha tocado en Fiscalía ver personas que les dicen: no denuncien porque no van a obtener nada” expresó al respecto.
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