Ayuntamiento de Cortázar ofrece disculpas a síndico por violencia política en razón de género
El alcalde de Cortazar y la síndico Ana Isabel Aguilar Capulín. Foto: Especial
Cortazar, Guanajuato.- Atendiendo la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, los miembros del Ayuntamiento de Cortázar se disculparon con su compañera la síndico Ana Isabel Aguilar Capulín al haber cometido violencia política en razón de género contra ella.
Luego de un año y medio de haber denunciado los diferentes hechos que impidieron o afectaron su trabajo, Ana Isabel Aguilar recibió disculpas de sus compañeros en una sesión de ayuntamiento celebrada este lunes. Al menos dos de ellos dieron una amplia disculpa a la regidora, mientras que otros, como el presidente municipal Ariel Corona, sin levantar la mirada, se limitó a leer su disculpa escrita en una hoja. Excepto la regidora Erika Patiño, quien dijo que impugnará la decisión.
Pero la sentencia no termina allí, pues el tribunal ordenó también otras sanciones, como multa económica que deberán pagarse a la síndico de la siguiente manera:
- Ariel Enrique Corona Rodríguez, presidente municipal: multa por 12 mil 893 pesos.
- Alejandro Perea Castro, secretario del ayuntamiento: multa por 11 mil 353 pesos.
- Eduardo Ojeda Ortiz, tesorero: multa por 10 mil 969 pesos.
- María Andrea Aguilar Oviedo, regidora: multa por 11 mil 353 pesos.
Además, los regidores Luis Martín López, Hugo Ernesto Arias, María Hilda Macías, Erika Patiño, Carlos Durán, Jairo Montero y Roberto Rojas deberán pagar 12 mil 508 pesos cada uno. Sin embargo, la regidora Erika Patiño dijo que impugnará. Además, la disculpa debe asentarse en el acta de la sesión de ayuntamiento y ponerse en la página oficial de internet para la consulta de la población a fin de cumplirse con la publicidad.
En máximo dos meses, todos los responsables deberán tomar un curso o taller presencial con una duración mínima de 10 horas en materia de violencia política como máximo. El Ayuntamiento deberá programar una jornada de promoción de derechos de maternidad en el ámbito laboral, con al menos tres días de actividades abiertas a la ciudadanía y la intervención directa y personal de todos los sancionados. Además, deberá implementar un protocolo de actuación respecto de mujeres en estado de embarazo, puerperio y lactancia.
Se ordena la inscripción de los sancionados en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por Violencia Política de Género, por al menos 3 años. El Ayuntamiento deberá incorporar en su papelería oficial una frase o lema alusivos al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Se deberá reincorporar a la síndico a la comisión de hacienda de la que fue removida de manera injustificada, y se deberá otorgar a la síndico el personal de apoyo, oficina y el material de trabajo que a su cargo corresponden, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia. Sin embargo, el tribunal añadió que, si la sentencia es impugnada, el recurso no tiene efectos suspensivos y las sanciones deberán cumplirse.
