Incluso con plantas tratadoras, estos municipios descargan aguas negras en ríos y presas de Guanajuato
Tener una planta de tratamiento no evita la contaminación de otras comunidades que no alcanzan a tratar sus descargas.
Un ejemplo de ello es la localidad de Santa Ana Pacueco, que tiene más de 10 mil habitantes y la cual desde hace dos décadas enfrenta la necesidad de tener una planta de tratamiento de aguas negras para evitar la descarga de aguas residuales al río Lerma, en los límites con el municipio de La Piedad, Michoacán.
Municipios no tratan sus aguas residuales
Mientras el estado y el país enfrentan la crisis hídrica más grave de su historia, en Guanajuato hay cuatro municipios que siguen sin tratar sus aguas residuales, lo que significa que todas sus descargas domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias van a parar a los cauces de ríos, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo.
Comonfort, Villagrán, Jaral del Progreso y Pueblo Nuevo son los cuatro municipios que carecen de infraestructura para el saneamiento del agua residual.
Sin embargo y a pesar de que en teoría, solo cuatro municipios no cuentan con planta tratadora de aguas negras, esto no significa que se procese la totalidad de las aguas residuales que generan los 42 municipios restantes.
A este grave panorama hay que agregar que dos municipios que sí cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero una no sirve -la de Xichú-, y otra funciona de forma intermitente -Victoria-.
El ejemplo claro lo tenemos en la región Suroeste, donde los municipios de Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro y Huanímaro tienen plantas de tratamiento totalmente funcionales en la Mancha urbana, pero no tienen cubierta la totalidad de las comunidades rurales, donde las personas cierren sus aguas negras en cosas sépticas, arroyos, ríos y presas, fomentando la crisis hídrica que se vive en el estado de Guanajuato.
Tan solo en Pénjamo, aproximadamente un tercio de la población vive en la cabecera municipal mientras que dos terceras partes habitan en el medio rural. Ademas, la comunidad más grande de la región que es Santa Ana Pacueco, con más de 10,000 habitantes, no tiene planta de tratamiento desde hace más de 20 años.
Atlas de riesgos tiene años de retraso sobre acuífero Pénjamo-Abasolo
La falta de actualización de información estadística respecto a las descargas y recargas del acuífero Pénjamo-Abasolo, es algo que afecta a los planes municipales de Protección Civil. Por ejemplo, el atlas de riesgos de Abasolo, contiene información del año 2019, es decir, las cifras tienen casi media década de desfase. Esto, en un apartado donde los volúmenes de extracción y recargas debería ser puntual, máxime por tratar de un documento importante que ayuda a conocer los riesgos a los que está expuesta la población.
De acuerdo con el Atlas de Riesgos del municipio de Abasolo, elaborado y publicado por la coordinación Estatal de Protección Civil, establece en el apartado de hidrología subterránea qué los aprovechamientos de agua subterránea censados son 2926, de los cuales, 2769 corresponden a pozos, 152 a norias y cinco a manantiales.
Además establece que en el acuífero intermedio y profundo, la extracción de agua es de 675.2 millones de metros cúbicos al año cuando la recarga es de apenas 429.5 millones de metros cúbicos de agua, es decir que anualmente se enfrenta a un déficit de 182.7 millones de metros cúbicos. Sin embargo, estas cifras son del plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del año 2019, tienen casi media década de antigüedad.
Además, en lo que respecta la disponibilidad natural de agua señala que depende fundamentalmente del balance entre el agua que entra al sistema por medio de la precipitación y de lo que pierde por la evaporación de los cuerpos de agua y la evaporación vegetal, aunque en este apartado no contiene cifras, señala que es información de la Comisión Nacional del Agua del año 2014, es decir de hace 10 años.
No es el único apartado donde se encuentran cifras desactualizadas, ya que el mismo documento también menciona que en el estado de Guanajuato la agricultura consume más del 80% del agua disponible, lo que está basado en el plan municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial también del 2019.
Jaral del Progreso carece de PTAR y enfrenta desafíos en el tratamiento de aguas
En el estado de Guanajuato, cuatro municipios no cuentan con una Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), siendo Jaral del Progreso uno de ellos. De acuerdo con las normas ambientales vigentes, es obligación tratar las aguas residuales. Sin embargo, el ejercicio del presupuesto es autonomía municipal, señaló el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona.
“Lo que marca el marco normativo no está sujeto a interpretación. Aquí el tema y lo que nosotros procuramos como Estado es ayudar a los municipios para que se pueda llevar a buen puerto la construcción de las PTAR, no solo en la gestión de los proyectos, sino en la correcta operación”, indicó.
Recordó que las aguas residuales tratadas y no tratadas son vertidas a un cuerpo federal y, al ser depositadas en estos cuerpos, la federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, puede verificar si se cumple con la calidad de la descarga.
“Normalmente, cuando no se cumple con la calidad de la descarga, se sanciona de acuerdo con los parámetros no cumplidos y en base a ello se impone una multa. Cumplir cuesta, pero no cumplir también cuesta. Entonces, la elección y lo que siempre propiciaremos es que se cumpla, ya que además de ser una obligación, es una responsabilidad con el medio ambiente, y todos debemos poner nuestro granito de arena”.
Dijo que, con las autoridades de Jaral del Progreso, están trabajando para que, en primer lugar, se tengan los proyectos validados, ya que un proyecto sin las validaciones adecuadas no sirve para gestionar recursos. “Yo esperaría que el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina, podamos tener algunos avances al respecto y continuar con todo lo que implica un proyecto de esta índole”.
Agregó que luego se debe plantear la construcción de la infraestructura, algo costoso, considerando que el costo de cada PTAR es de aproximadamente 1 millón 300 mil pesos por tratar un litro por segundo. "Si es una planta de 10 litros por segundo, son 13 millones de pesos y así sucesivamente".
Lara Lona afirmó que, desde la secretaría, han propiciado la interacción con el municipio, el cual es responsable del tratamiento de las aguas residuales, trabajando en conjunto para obtener primero un análisis certero del requerimiento de infraestructura y, luego, avanzar en los pasos necesarios para lograr una infraestructura de este tamaño.
Reiteró que es responsabilidad de cada municipio el tratamiento de las aguas residuales y lo que se procura, fortaleciendo a los municipios a través de sus organismos operadores, es una tarifa adecuada. En la mayoría de los municipios que operan las plantas de tratamiento, esto está reflejado en la tarifa del agua.
“Hay mucho por hacer al respecto, mucho que hacer respecto a los servicios que estamos otorgando y que estamos cobrando. Nosotros entramos para ayudarles a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que nos permitan llevar a cabo un proyecto de este tipo”, concluyó.
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