AMLO: respeta decisión, pero no será cómplice si Suprema Corte invalida prisión preventiva
El mandatario federal acusó que invalidar la prisión preventiva oficiosa solo hará que México siga siendo el país de la corrupción y la impunidad
Staff Correo
Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide invalidar la prisión preventiva oficiosa, respetará la decisión, pero no desea ser cómplice.
“Si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice”, declaró.
Insistió en presionar que esta medida garantizará que México siga siendo el país de la corrupción y la impunidad.
“No quiero que el día de mañana, que ustedes me digan ‘oiga, ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco?’, y tener que repetir ‘pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial, pero ya salió’. Y entonces México seguirá siendo el país de la corrupción y la impunidad”.
El Gobierno de México explicó que la prisión preventiva oficiosa resulta fundamental en ciertos delitos. Así se asegura que los presuntos criminales no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
Jueces que no trabajan por el pueblo: AMLO
Las críticas del presidente López Obrador contra el Poder Judicial también son frecuentes. Señala que los jueces no son inmunes al dinero y no representan al pueblo de México.
“La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad (…) No resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados”, señaló en la conferencia matutina de este 30 de agosto.
“No representan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo. Entonces es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba”.
Derechos Humanos apoyan remover la medida
En días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por eliminar las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana.
Esto al considerar casos como el de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva en México.
Además, los especialistas en derechos humanos advierten que la prisión preventiva oficiosa ha dificultado a las fiscalías desarrollar capacidades de investigación. Dijeron que es un chantaje que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, diga que esta decisión terminaría con la estrategia de seguridad.
El senador Emilio Álvarez Icaza afirma que la estrategia de seguridad fracasó independientemente de la prisión preventiva.
Se abusa de esta medida
De acuerdo con especialistas citados por La Jornada, alrededor de 40 por ciento de las personas detenidas en el país están bajo prisión preventiva. Si bien no todos están por prisión preventiva oficiosa, esto muestra el abuso que se hace de este recurso.
Los especialistas consultados por separado tuvieron la misma conclusión, que eliminar el recurso no dejaría a cientos de criminales en las calles. En su lugar obligaría a agentes del Ministerio Público y jueces a trabajar en la revisión caso por caso.
Aseguraron que hay los elementos jurídicos necesarios para que los detenidos peligrosos o que representen riesgo de fuga se mantengan detenidos.
Además, señalaron que, tras la modificación a la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa, en 2019, el catálogo de delitos que requieren la medida automática se amplió.
De tal modo equipara delitos contra la salud, narcotráfico, desaparición forzada o delincuencia organizada, a la par de robo a casa habitación, delitos electorales y robo a transporte de carga
No todos de acuerdo
Sin embargo, figuras públicas y políticas como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, han mostrado su desacuerdo.
Este último opinó que quitar esta medida dejaría a las víctimas, testigos, denunciantes y a los propios jueces en una situación de riesgo. De tal modo que vulneraría el Sistema de Justicia.
“La disyuntiva que plantea la Suprema Corte es simple, ¿proteger a las víctimas o victimarios? Ahí no hay dilema, es claro, debe estar la Constitución Mexicana y el Estado. Sin embargo los ministros de la Suprema Corte se preparan para declarar que es inconstitucional nuestra Constitución, es decir pretenden desconocer el artículo 19”, apuntó.
La semana pasada la Corte pospuso la discusión para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Estos temas se reagendaron al lunes 5 de septiembre.
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LC
