Amnistía Internacional denuncia el uso arbitrario del sistema penal contra defensoras de derechos humanos en México
Gracias a un artículo por Amnistía Internacional se denuncia el uso arbitrario del sistema penal para perseguir a defensoras de derechos humanos en México.
Ciudad de México, México.- En México, la lucha por los derechos humanos se ve ensombrecida por la práctica cada vez más frecuente de utilizar el sistema penal de manera injusta y arbitraria contra quienes denuncian violaciones, investigan y acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación integral del daño.
Gracias a un artículo por Amnistía Internacional se denuncia el uso arbitrario del sistema penal para perseguir a defensoras de derechos humanos en México. (Foto: Twitter)
Esta preocupante situación ha sido señalada en el último informe de Amnistía Internacional México titulado "Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México".
¿Quiénes son las tres mujeres perseguidas?
Gracias a un artículo por Amnistía Internacional se denuncia el uso arbitrario del sistema penal para perseguir a defensoras de derechos humanos en México. (Foto: Twitter)
El informe, presentado hoy, documenta los casos de tres valientes mujeres defensoras: la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti. Estas mujeres fueron objeto de investigaciones indebidas y espionaje por parte del Estado mexicano, bajo la acusación de presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
La intervención de las autoridades se llevó a cabo sin contar con evidencias suficientes que demostraran la relación de las defensoras con los delitos mencionados. Estas acciones tuvieron lugar mientras las tres mujeres trabajaban, desde sus respectivas disciplinas, en esclarecer las masacres ocurridas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron cuerpos de personas de diversas nacionalidades.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, hasta la fecha se desconoce si continúan en curso. Esta incertidumbre, que persiste desde hace ocho años, ha dejado a las tres defensoras en una situación de vulnerabilidad, con la amenaza constante de ser investigadas sin garantías de un debido proceso.
"Desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. El caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático de cómo el Estado mexicano utiliza el sistema penal de manera arbitraria para perseguir, amedrentar y criminalizar a las personas defensoras", declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Las autoridades responsables del espionaje y la investigación pertenecen a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes contaron con autorización de altos niveles jerárquicos. Hasta el momento, ningún funcionario ha sido investigado por las presuntas violaciones a derechos humanos detalladas en el informe.
Gracias a un artículo por Amnistía Internacional se denuncia el uso arbitrario del sistema penal para perseguir a defensoras de derechos humanos en México. (Foto: Twitter)
El informe revela cómo el personal de la FEMDO desvió recursos de la investigación de las fosas de San Fernando para espiar a las defensoras, utilizando el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada de manera injustificada para solicitar información de telecomunicaciones de las tres mujeres.
Las acciones de la FEMDO violaron los derechos fundamentales de privacidad, libertad de expresión, defensa de derechos humanos, no discriminación y debido proceso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes. Estas violaciones no han sido reparadas, y las defensoras han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró la queja interpuesta por las defensoras sin un análisis adecuado sobre las violaciones denunciadas, reabriéndola solo después de que presentaron un amparo y realizaron múltiples intervenciones.
Mientras se perseguía a estas mujeres defensoras, las graves violaciones a derechos humanos en San Fernando siguen impunes, sin ninguna persona sentenciada hasta la fecha.
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