INE advierte riesgos a la democracia con el Plan B a la reforma electoral ¿En qué consiste?
Este martes el secretario de Gobernación presentó en San Lázaro Plan B de la reforma electoral, la cual busca modificar la estructura del INE
Redacción
México.-El pleno del Senado de la República discutirá y votará el llamado ‘Plan B a la reforma electoral’ que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en qué consiste y que implicaciones tiene para la democracia en México.
Luego de que los legisladores rechazaran la reforma electoral, López Obrador mandó al Congreso de la Unión el ‘Plan B a la reforma electoral’ que propone modificaciones a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales de acuerdo con el organismo electoral podría en peligro la democracia en el país y sería un retroceso.
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¿De qué trata el Plan B de la reforma Electoral?
El Plan B de la reforma electoral contempla una reducción en los salarios de los consejeros del INE, que se eliminen los fideicomisos y la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional.
También modificaría las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, por lo que su titular Edmundo Jacobo Molina tendría que dejar el cargo. Cabe mencionar que lleva 14 años en el puesto y es una de las personas más cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.
“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma.
Una vez que lo destituyan del cargo, el Consejo General del INE nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. Es decir, que en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023 designarían al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029.
En el caso del voto en el extranjero el documento contempla que los mexicanos podrán hacerlo solo por internet, lo cual viola el artículo constitucional que establece que el sufragio debe ser libre, secreto y directo
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Plan B beneficia a los aliados de Morena
A petición de los partidos aliados de Morena, es decir, el PT y PVEM el documento tuvo una modificación en los artículos 12 y 15. En específico a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con estas obtuvieron beneficios que evitaría que estos partidos pierdan su registro.
La reforma toma de la Constitución que al partido político nacional que no obtenga, al menos, 3% del total de la votación válida emita en cualquiera de las elecciones que se celebraren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le cancelarán el registro.
No obstante, se agregó un párrafo que los partidos pierdan su registro local, obteniendo al menos 3% de la votación válida emitida en al menos 17 estados en una elección concurrente. Es decir, en una jornada donde hay elecciones locales y federales, o en la elección donde se elija al presidente de la República, senadurías y diputaciones federales.
Además, modifica el significado de “votación valida emitida”. Esta originalmente es la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Y ahora se deberá restar también los votos correspondientes a las candidaturas independientes. Así como de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de la votación.
Proponen instituto para consultas
Asimismo, el dictamen ratifica la creación de un nuevo órgano Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). También cambiarían la elección de los consejeros y magistrados por medio del voto popular.
Este proceso sustituiría el actual, establece que un Comité Técnico de Evaluación que calificaría a los mejores perfiles de personas en materia electoral. Además, los magistrados se elegirían por elección popular y desaparecerían los organismos de los estados y los tribunales locales.
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INE advierte que procesos electorales estarán el peligro
Por medio de un pronunciamiento, el INE advirtió que el ‘Plan B de la reforma electoral’ presenta deficiencias que, “ponen en peligro la operación de los procesos electorales”. La primera es que no hubo apego a la Constitución ni consenso para su creación con los actores políticos.
“Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución. Pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales. Y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía”, dice el documento.
En segundo lugar, dice que el INE tiene al menos 300 Juntas Ejecutivas Distritales que desaparecerían de aprobarse la reforma. Lo que pondría en riesgo la constitución del Padrón Electoral, la instalación de casillas y el cómputo de votos.
Más violaciones a la Constitución
Además, no podrían monitorear las estaciones de radio y televisión para la fiscalización de los partidos durante las campañas. Tampoco podrían garantizar que los candidatos cumplan con las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
“Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos. Se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales. Lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna”, se lee en el pronunciamiento.
