Organizaciones rechazan violencia contra periodistas y población tras ataques en Culiacán

Agresiones contra periodistas en Culiacán dejan 4 robos de vehículos de la prensa, 5 de equipo de trabajo y varias amenazas con armas de fuego

Staff Correo

Sinaloa.- De acuerdo con información compartida por Article 19, el día de ayer se registraron múltiples enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y autoridades tanto federales como estatales. Esto, dio como resultado bloqueos, quema de vehículos, enfrentamientos armados y agresiones a la prensa y a la población en general.

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Captura del presunto líder del cártel de Sinaloa

Los hechos se dieron después de la captura del presunto líder del cártel de Sinaloa, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, implementarán un operativo donde lograron detener al agresor.

Algunos periodistas de diversos medios de comunicación, lograron documentar varias agresiones en contra de los trabajadores de los medios de comunicación. Esto dio como resultado al menos 4 robos de vehículos de la prensa, de los cuales uno fue quemado. Además de cinco robos de equipo de trabajo, entre ellos, dos celulares, dos computadoras y unos audífonos. También hubo varias amenazas con armas de fuego por lo que algunos se refugiaron en hoteles y otros lugares ante la falta de seguridad.

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No es la primera vez

En el 2019 se dieron hechos parecidos en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, debido a varios ataques, balaceras y amenazas. Estos hechos reflejan la gravedad que atraviesa el país en crisis de seguridad y violación de derechos humanos.

Estos sucesos son la muestra de que, hasta ahora, no hay garantía para ejercer el trabajo periodístico de manera libre y segura. Pues de acuerdo a información proporcionada por Article 19, “se agrede a periodistas y medios de comunicación en promedio cada 14 horas por ejercer su labor”.

Hacen un llamado a las autoridades para que los tres niveles de gobierno se coordinen e inicien acciones para prevenir la violencia, “desde políticas públicas integrales de protección; investigaciones diligentes de crímenes contra la prensa y combate a la impunidad; hasta el fortalecimiento de mecanismos estatales y federales de protección a periodistas”, agregaron.

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Hacen llamado a los dueños de medios de comunicación

También hablan acerca de la necesidad de que los dueños de medios de comunicación fortalezcan tanto sus medidas de protección, así como sus protocolos de seguridad para los reporteros. Incluyendo una mejora en las condiciones laborales, proporcionar equipo de protección y presentar protocolos estrictos para monitorear la seguridad de los mismos y cubrir los riesgos.

Debido a estos sucesos que llaman a la violencia y la impunidad en México, ARTICLE 19, CPJ y RSF piden al Ejecutivo Federal, al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la SEGOB y a la Fiscalía General de la República a trabajar en conjunto para rechazar tales eventos y brindar medidas urgentes de protección tanto a la prensa como a toda la población.

Amnistía Internacional urge seguridad

De igual manera Amnistía Internacional se posicionó ante los sucesos de violencia ocurridos en varias zonas de Sinaloa como Culiacán, Los Mochis y Guasave. Señalaron que “Lo que ocurre en Sinaloa es un ejemplo claro de la violencia que viven diversas comunidades en gran parte del país, promovida por la presencia del crimen organizado”.

Sin embargo, la organización enfatizó que la militarización de México no es una solución factible ante este tipo de eventos, pues “la presencia de elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no ha conseguido disminuir sustancialmente los homicidios”.

De acuerdo con Amnistía Internacional, aumentaron las quejas contra abusos de las fuerzas armadas, quienes violentaron derechos humanos contra la población. Así mismo, destaca que el crimen organizado incrementó acciones como la extorsión y la privación de la libertad.

“Desde Amnistía Internacional y el Colectivo #SeguridadSinGuerra hemos exigido en diversas ocasiones al gobierno poner fin a la militarización de la seguridad pública, e instado a crear una estrategia nacional para lograr el desarme del país, un plan para el retiro progresivo de las fuerzas armadas, y una estrategia efectiva para lograr el cese de la violencia”, se lee en su posicionamiento a través de su página web.

Ante ello, exigieron a las autoridades una serie de peticiones entre las que resalta: implementar medidas urgentes para garantizar tanto la vida, como la seguridad y la integridad de los ciudadanos de Sinaloa. Además de la implementación de políticas que deriven en la disminución de los delitos, así como buscar un plan a corto, mediano y largo plazo para la desmilitarización del país.

MM

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