¿Qué medidas tomará Norma Piña de SCJN para proteger los fideicomisos del Poder Judicial?
Norma Piña. Foto: Especiales
Ciudad de México.- Un video filtrado en redes sociales ha capturado la atención del público y los medios, mostrando a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prometiendo proteger los fideicomisos amenazados del Poder Judicial de la Federación. Esta declaración llega en medio de la inminente cancelación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, lo que equivale a más de 15 mil millones de pesos.
La cancelación de estos fideicomisos podría ser votada el próximo lunes, 16 de octubre, en el pleno de la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha argumentado que esta medida "casi no afectará" a los funcionarios del Poder Judicial, ya que son fideicomisos que rara vez utilizan los jueces y magistrados. Según AMLO, estos fideicomisos actúan como un tipo de "guardadito" para mantener privilegios judiciales y no para sus funciones cotidianas.
Sin embargo, en el video filtrado, Norma Piña asegura que desconoce cómo el Poder Legislativo votará sobre la cancelación de los fideicomisos. A pesar de esto, enfatiza que la SCJN está trabajando con prudencia para no obstaculizar las acciones dirigidas a proteger a los trabajadores del Poder Judicial.
Piña admite que ya no puede detener el proceso de eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, ya que este asunto se encuentra en manos de la Cámara de Diputados. No obstante, insiste en que el silencio de la SCJN no significa inacción y que están evaluando cómo pueden proteger a sus trabajadores en esta nueva realidad.
La ministra presidenta también solicita que se transmita su mensaje a jueces, magistrados y a todos los miembros del Poder Judicial. Ella asegura que ministros, consejeros y diversos funcionarios de la Corte están dedicados a velar por los derechos, la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
Si se llegara a aprobar la extinción de los 13 fideicomisos, alrededor de 15,451 millones de pesos deberían ser devueltos a la Tesorería de la Federación, lo que plantea preguntas sobre cómo se mantendrá el funcionamiento y la autonomía del Poder Judicial en el futuro.
