Verdad histórica de Ayotzinapa incluye a militares, encubrimiento y tortura
La ‘verdad histórica’ del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa señala encubrimiento por parte del Ejército y de altos funcionarios
Redacción
México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió que les permitan revisar las pruebas que se integraron sobre el caso Ayotzinapa. También que los padres y madres de los 43 desaparecidos vean los reportes antes que se hagan públicos.
Lo anterior, tras el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el pasado 18 de agosto.
“Conocimos el contenido del informe sólo a partir de la exposición del 18 de agosto del 2022, cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la Comisión en presencia del Presidente de México y altas autoridades del Estado. El texto completo nos fue entregado a las 9 de la noche del día 18 de agosto de 2022″, informó en un comunicado.
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Familia debe conocer información del caso primero
El GIEI celebró que existan nuevas revelaciones en torno al caso de los normalistas, aunque insistió en que la información debe ser primero de conocimiento de los padres y madres.
Dijeron que han recobrado con la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en su informe de marzo de 2022. No obstante, no ha tenido acceso directo al “material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe”.
Tampoco han tenido acceso a los peritajes sobre el material. Razón por la que pidieron que se les dé lo que se incluyó en el informe y lo que se extrajo y a los dispositivos desde que se obtuvo la información.
“De igual manera hemos pedido que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía (UEILICA), tanto los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”, subrayaron los expertos.
Comisión para la Verdad no señala a los responsables
El GIEI aseveró que a la Fiscalía General de la República (FGR) y los fiscales son independientes, así como el Poder Judicial y sus jueces; por lo que a ellos les corresponde evaluar la información.
De igual forma aclararon que no ha participado en la redacción del informe de la Comisión para la Verdad y que no ha señalado presuntos responsables.
¿Qué dice el informe?
La semana pasada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, informó que lo que pasó hace 8 años en Guerrero fue un crimen de Estado. Además de que el Ejército tuvo responsabilidad por no actuar a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil.
Él sabía lo que estaba pasando. Asimismon retomó la posibilidad de que la desaparición de los 43 normalistas esté vinculada al tráfico de heroína en la zona.
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Tomás Zerón se niega a colaborar
El subsecretario de Gobernación y presidente de la comisión, Alejandro Encinas, dijo que no hay indicios de que los estudiantes sigan con vida. Incluso declaró que le han ofrecido a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, involucrado en el caso y prófugo en Israel que colabore.
A Zerón se le acusa de tortura y desaparición forzada. Hasta el momento se ha negado a colaborar con la justicia, por lo que siguen los trámites para su captura con fines de extradición.
‘Verdad histórica’ no es creíble para la actual fiscalía
De acuerdo con la ‘verdad histórica’, la noche del 26 de septiembre del 2014 policías municipales de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esto con el apoyo de corporaciones de seguridad y delincuentes.
El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto dijo que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado. Luego los asesinaron e incineró los 43 cuerpos en un basurero del municipio de Cocula.
No obstante, tanto expertos internacionales bajo el amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la actual Fiscalía niegan la versión del basurero. Y es que insiste que los 43 no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Aunque han identificado a tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales habían torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Todo fue un ‘crimen de Estado’
Alejandro Encinas declaró que los miles de documentos nuevos confirman que todo se trató de un crimen de Estado. El cual habría sido organizado en el más alto nivel del gobierno. Pues asegura que este habría alterado las escenas del crimen y ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo.
Aseveró también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el Ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse. Mientras que la Secretaría de la Defensa no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
La otra historia sería la del narco
El subsecretario también comentó que hay la hipótesis de que el tráfico de heroína de esa región del sur de México pudo estar en el epicentro del crimen. En el 2016 un grupo de expertos internacionales pidió investigar esa posibilidad.
Y es que, según sus informes, la Policía Federal había bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse. Luego escoltó el vehículo hasta la salida de la ciudad. Lo que les hacía sospechar que podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, y que los estudiantes pudieran haberlo tomado por error.
México pidió información a Estados Unidos sobre este tema. Pero apenas se confirmó que ese autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las fuerzas federales y “nunca fue detenido”, señaló Encinas. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual era o droga o dinero.
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26 personas clave ‘murieron’
Encinas anunció que presentaron en la FRG los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó. Lamentó también que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”.
Desde finales de 2020 el Gobierno hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos. Entre los que se encontraban militares y policías federales.
Este 2022 el GIEI aseguró que la Marina manipuló y ocultó pruebas en la investigación posterior. Asimismo tuvo acceso a interrogatorios de 50 detenidos que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática.
Solo hay 50 detenidos
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 por este caso, pero la mayoría excarceladas por irregularidades en sus procesos o cuando se demostró que habían sido torturadas. Solo unas 50 siguen en prisión.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”, dijo.
MJSP
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