Yucatán prohíbe las 'Terapias de Conversión' en un paso histórico para los derechos LGBTQ+
Además, en Yucatán quedaron pendientes, la reforma a la Ley del Registro Civil local y las demandas contra el Gobernador del PAN para prohibir los ECOSIG
En Yucatán aún quedan pendientes en el reconocimiento y restitución de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Foto: Especial
Yucatán, México.- Después de intensas presiones de la sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, finalmente publicó la reforma que prohíbe las conocidas como "terapias de conversión" en el estado. Esta decisión llega después de dos años de espera desde que fue aprobada en el Congreso local, y se hizo efectiva sin mayores argumentos para detener su entrada en vigor.
El pasado viernes 8 de septiembre, en la edición vespertina del Diario Oficial del Gobierno de Yucatán, Vila Dosal dio a conocer el Decreto 667/2023, el cual modifica el Código Penal para prohibir estas prácticas, que ya han sido calificadas por las Naciones Unidas como tortura psicológica. De esta manera, la reforma quedó en vigor exactamente dos años y dos semanas después de su aprobación.
César Briceño, activista local y vocero del Colectivo Por Todas las Familias en Yucatán, uno de los grupos que junto con Kanan Derechos Humanos presentaron una demanda para que el Gobernador del partido Acción Nacional (PAN) cumpliera con sus obligaciones constitucionales, destacó la influencia de la presión de la sociedad civil en este proceso. Según Briceño, el Gobierno no mostraba intención alguna de publicar la reforma antes de que estos grupos iniciaran el proceso de juicio de amparo.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones subrayaron que, aunque la promulgación era un deber constitucional del Gobernador, para erradicar verdaderamente estas prácticas, el Gobierno de Yucatán tiene que avanzar en la prevención y atención a las víctimas, aspecto que puede y debe ser abordado a través de programas sociales y políticas dirigidas a la comunidad LGBTQ+.
En Yucatán “no existe voluntad política para saldar la deuda histórica con la comunidad LGBTQ+. Todos los derechos conquistados en esta administración han sido arrebatados por la sociedad civil a través de amparos y litigios estratégicos”, indicó Briceño.
¿Qué sigue en la defensa de DDHH en Yucatán?
El activista, más allá de los éxitos obtenidos en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, destacó que aún quedan cuestiones pendientes por abordar en Yucatán. En particular, mencionó la necesidad de modificar el Presupuesto de Egresos de Yucatán para el año 2023. En junio pasado, tanto el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán como AMICUS lograron obtener un amparo que requiere que tanto el Gobernador como el Congreso local incluyan en el presupuesto un proyecto destinado a la comunidad LGBTQ+.
“Esta partida deberá crear políticas públicas integrales, para atender, restituir y garantizar el derecho de las personas LGBTQ+ en Yucatán. Seguimos a la espera de que hagan el cambio, ya tienen la orden del Juez”, aclaró Briceño.
Además, hizo hincapié en la importancia de reformar la Ley del Registro Civil local para que se reconozcan las identidades trans. Esta iniciativa, explicó, ha estado estancada desde el 19 de abril. “Es uno de los temas que urgen. El otro punto es que esa iniciativa de reforma viene incompleta porque no incluye a Identidades No Binaries: esos serían los dos temas que están en fila en el Congreso”, concluyó.
“Terapias” que no lo son
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que las denominadas "terapias de conversión" son conocidas en realidad como "Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género" (ECOSIG). Estas prácticas abarcan diferentes tipos de intervenciones, como sesiones psicológicas, terapia psiquiátrica, enfoques religiosos, charlas académicas, entre otras, y tienen como objetivo cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas homosexuales, bisexuales y trans para ajustarlas a lo que se considera como normativo, es decir, una heterosexualidad binaria cisgénero.
Es relevante destacar que, en 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) eliminó la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, aunque en ese momento todavía se consideraba un “disturbio de la orientación sexual”. No fue hasta 1986 que la asociación retiró completamente la homosexualidad de dicho manual. Además, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también excluyó la homosexualidad del CIE-10 y ha mantenido esta misma postura en su última actualización, la CIE-11.
El consenso científico ha enfatizado que la homosexualidad no es una enfermedad y, por lo tanto, no es una condición que se pueda ni deba curar. La Asociación Americana de Psiquiatría ha subrayado que estas "terapias de conversión" carecen de fundamentos en investigaciones científicas o psiquiátricas sólidas y se basan en teorías y literatura cuya validez científica es cuestionable. Además, estas prácticas no solo pasan por alto el impacto del estigma social en la motivación detrás de los esfuerzos para cambiar la orientación sexual, sino que también contribuyen activamente a estigmatizar la homosexualidad.
El Congreso federal se estanca
En octubre, el Senado de la República de México aprobó una reforma que penaliza las conocidas como "terapias de conversión", las cuales han sido utilizadas durante años en perjuicio de las personas de la comunidad LGBTQ+. Esta reforma incluye la adición de un capítulo titulado "Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas" al Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley General de Salud.
Según el dictamen, se impondrán penas de prisión de dos a seis años a aquellos que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de terapia de conversión que busque cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La sanción se duplicará cuando estas conductas se dirijan hacia personas menores de dieciocho años, adultos mayores o personas con discapacidad. La reforma fue aprobada con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, siendo la mayoría de los votos a favor del partido PAN.
La iniciativa para esta reforma fue impulsada desde 2019 por las senadoras de Morena, Citlalli Hernández; de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado; y del Partido Verde Ecologista, Alejandra Lagunes. Sin embargo, la reforma se mantuvo en espera y no se presentó en el pleno del Senado hasta septiembre de 2020, cuando fue finalmente propuesta.
En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en comisiones, pero debido a la limitación de tiempo legislativo, no se consideró para su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados durante el período anterior. “No hay nada que curar”, dijo el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Emmanuel Reyes Carmona.
Fuentes de Morena indicaron que esperan que la reforma federal se apruebe en el último año de la LXV Legislatura, que incluye dos períodos ordinarios de septiembre a diciembre, así como de febrero a abril de 2024. Se considera posible que sea aprobada durante este período.
Sin embargo, la reforma se había retrasado debido a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inválido un artículo del Código Penal de Baja California Sur que establecía sanciones para funcionarios públicos que obligaran a otras personas a someterse a estas "terapias de conversión". La SCJN consideró que estas sanciones eran desproporcionadas e inválidas. A pesar de este obstáculo, las comisiones de la Cámara de Diputados decidieron avanzar con el dictamen de la reforma.
*Con información de Sin Embargo
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