Avanza iniciativa para endurecer medidas a conductores ebrios en León
Carolina Esqueda
León.- La iniciativa de reforma al Código Penal para castigar con 6 meses a un año de cárcel a quienes manejen en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, quedó formalmente radicada en la comisión de Gobierno, con un plazo de dos semanas para someterse a consulta con cámaras empresariales, instituciones educativas y el Colegio de Abogados.
Se espera que el 14 de diciembre se emita el documento que será enviado al Congreso.
La propuesta, que consiste en añadir el Artículo 168-A al código vigente en el estado de Guanajuato, fue anunciada desde la semana pasada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien luego la presentó formalmente ante el Ayuntamiento en la sesión correspondiente al 25 de noviembre.
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El calendario inicial para trabajar en la redacción final que será enviada al Congreso contemplaba el 7 de diciembre para emitir el documento, sin embargo, la síndica Leticia Villegas Nava y las regidoras Erika Rocha Rivera y Graciela Rodríguez propusieron que ésta sea también sometida a consulta ante la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de León, así como a la Asociación de Bares y Cantinas, Hoteles y Moteles, la de Productores y Proveedores de Eventos, el Colegio de Abogados e instituciones educativas.
Rechazan reducción de traspasos
La comisión de Gobierno emitió un dictamen en contra de la iniciativa de reforma al Artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los recursos públicos para el estado y los municipios de Guanajuato, que propone reducir a la mitad el monto de los traspasos presupuestales que los municipios pueden ejercer, además de someterlos a revisión previa del Congreso local.
La propuesta, formulada por la diputada Irma Leticia González Sánchez, de Morena, fue enviada al Ayuntamiento el 29 de octubre para someterla a revisión.
En la redacción se establece reducir al 3.25% los traspasos entre dependencias y entidades, dentro del presupuesto anual aprobado en la Ley de Egresos, además de notificar al Congreso 15 días naturales antes de realizar los movimientos, los cuales deberán contar con la aprobación final del Ejecutivo estatal.
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La legislación vigente permite realizar traspasos de hasta el 6.5% del presupuesto anual, con autorización únicamente del Ayuntamiento en el caso de los municipios, mientras que en el caso del Ejecutivo ya pasa por el Congreso estatal.
El dictamen en contra, aprobado por la mayoría de los integrantes de la comisión, consideró inviable la propuesta argumentando que el presupuesto público es una de las principales herramientas con las que cuentan los municipios para dar respuesta a problemas emergentes, por lo que se requiere que este sea flexible.
El regidor Hildeberto Moreno Faba también cuestionó la redacción de la iniciativa, asegurando que carece de elementos técnicos y jurídicos para proponer esa reducción, además de considerar que no tomó en cuenta la situación de los municipios a la hora de ser redactada.
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