El limbo de la sobrepoblación carcelaria
1.- El limbo de la sobrepoblación carcelaria
Sólo dimensionando los números de la población carcelaria sin sentencia, que además define en buena medida el exceso de internos en los Centros de Reinserción Social de Guanajuato, se podría entender la opinión expresada por el magistrado del Poder Judicial del Estado, Plácido Álvarez Cárdenas, hace poco más de un mes.
El jurista calificó “las cárceles son verdaderas escuelas del crimen” que no abonan en la reinserción social y “están generando una bomba de tiempo en el estado”, al rechazar la iniciativa del PRI para incrementar la punibilidad mínima en homicidio de 15 a 25 años con el objetivo que no obtengan su libertad condicionada en 5 años.
Es decir, el Poder Judicial que preside Rosa Medina Rodríguez está más que consiente de la sobrepoblación que hay en las cárceles, pero que además uno de cada tres de esos reos esperan una sentencia condenatoria, lo que evidencia una necesidad primaria de revisar el sistema judicial.
Los datos duros están a la vista. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, no tiene empachos en informar que nueve de las once cárceles de Guanajuato están excedidas, pero basta voltear a ver la situación particular de algunas para entender que esto tiene su causa en los tiempos del proceso judicial.
En el Cereso de Celaya, por ejemplo, la sobrepoblación del 85 por ciento se explica en que 724 de las 755 personas que están recluidas, están a la espera de una definición. Algo similar al de Irapuato, donde el 57 por ciento de sus 442 internos está tras las rejas sin que haya una sentencia condenatoria en su contra.
En total, la capacidad instalada de las 11 cárceles de Guanajuato a cargo del estado es para recluir a 6 mil 043 personas. Sin embargo, con corte al 27 de junio, estaban encarceladas 7 mil 212, es decir, 1 mil 169 más que el aforo establecido.
Por lo anterior, el tema antes de ser de infraestructura es de sistema.
Si el problema está detectado como lo reflejó el magistrado Álvarez Cárdenas, ¿Por qué no se actúa en consecuencia? Si la raíz de la indefinición de los casos y sus detenidos está en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Carlos Zamarripa Aguirre ¿por qué no se explica de esa manera?
Definitivamente el Poder judicial de Guanajuato tendría mucho que aportar al análisis del problema, más allá de una capacidad reactiva para detener iniciativas infructuosas.
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2.- ¿Quién debe pagar la multa millonaria en León?
El gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos debe asumir la responsabilidad para que los leoneses no terminen pagando una multa millonaria por omisiones u excesos cometidos en trienios pasados. Por elemental derecho, los funcionarios o exfuncionarios negligentes que provocaron un daño económico lo deben pagar vía sanción y no a cargo del erario.
Lo anterior es lo que queda en el aire luego de que el municipio de León fue sentenciado a pagar una indemnización de 6.9 millones de pesos a un ciudadano, al que se le expropiaron dos terrenos sin notificación previa ni pago de afectaciones.
Los hechos proceden de 2014 cuando gobernaba Bárbara Botello Santibáñez, al abrir el derecho de vía para la construcción de un bulevar que finalmente se realizó durante la administración de Héctor López Santillana.
La omisión fue clara. El afectado acudió en 2017 ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) cuando le llegó una cuenta de predial de 69 mil 786.36 pesos por la superficie original del terreno, pues resultó que la Tesorería en su momento a cargo de Roberto Pesquera Vargas, no lo desafectó de su propiedad.
El proceso estuvo lleno de irregularidades y quedó documentado en el expediente de la Prodheg, pues se constató que la dirección de Derecho de Vía y la Tesorería municipal del municipio de León realizaron la expropiación del predio desde el 21 de noviembre de 2014, pero sin declararle causa de utilidad pública ni el pago de las afectaciones.
Es con estos ingredientes que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) encontró elementos de sobra para que fallar a favor del ciudadano afectado e imponer una multa de 6 millones 974 mil 435 pesos.
Lo que llama poderosamente la atención, es que a pesar de ser un asunto que justo trascendió entre las administraciones, con la resolución del 12 de septiembre de 2018 entregada a López Santillana, este hecho no motivó investigación alguna contra los funcionarios responsables que estuvieron en el gobierno de Bárbara Botello.
De manera que nos encontramos ante un caso que sí tiene viabilidad y que no es impulsado por cuestiones partidarias. Cargar esta multa a nombre de los verdaderos responsables, es un deber en defensa del erario.
3.- Sindicato de telefonistas, la ineludible crisis
Por cuestiones de mercado y legalidad, la crisis que atraviesa el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana es ineludible. Aunque ayer levantó la huelga que estalló el jueves tras llegar a acuerdo con Telmex, las bases de un obligado cambio en sus relaciones están echadas.
La empresa de Carlos Slim Helú y el sindicato liderado por Francisco Hernández Juárez iniciarán una mesa técnica de diálogo para los próximos 20 días hábiles para resolver el pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas y al futuro esquema de pensiones, lo que ya son palabras mayores.
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¿De qué tamaño es el problema?
A números redondos, el sindicato a nivel nacional tiene 60 mil agremiados, de los cuales al menos 30 mil están jubilados. De las 30 mil plazas existentes, 23 mil están realmente activas, por lo que no se han repuesto 7 mil entre despidos y renuncias.
En la sección matriz hay 14 mil plazas de trabajo, mientras que en las nueve secciones de Guanajuato se tiene registro de hasta 6 mil trabajadores del sindicato. Las secciones más importantes están en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Coatzacoalcos, San Luis de la Potosí y León, donde se calculan 800 plazas activas.
Tal pasivo laboral se debe simple y llanamente a que Telmex como empresa ya no los necesita. Con el cambio en las comunicaciones, la evolución en el mercado de las telecomunicaciones y el auge del internet, Carlos Slim ha intentado reconfigurar el sindicato lo que se antoja francamente difícil.
En juego está el statu quo con Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana de 1976 a la fecha, y Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de noviembre de 1997 hasta la actualidad. Las concesiones que consiguió están ligadas a un monopolio que hace años fue destronado.
Así pues, las miras de la empresa están en intensificar su presencia en la actualidad real de las comunicaciones.
Hoy por hoy los servicios de internet muestran números significativos a nivel nacional como en Guanajuato, donde el acceso pleno lo tiene el 62.1 por ciento de la población mientras hay un 38 por ciento que es público meta para Telmex y Slim, siempre y cuando superen esta crisis que no resulte una ventaja para sus competidores.
CONTRA RETRATO
Samuel Ugalde García
En 2019, llegó como un viejo conocido procedente de Irapuato donde sobrellevó los años violentos del inicio de la pugna armada entre grupos criminales. Arrancó su tercer periodo como Secretario de Seguridad en Guanajuato capital, así que no había duda sobre su conocimiento de la plaza.
Ahora Samuel Ugalde García se enfila para cumplir otros tres años en el encargo para proteger la capital del estado, con nuevas complejidades, vulnerabilidades y riesgos que para una ciudad turística son un reto mayor.
Ayer presentó su Plan de Seguridad de cara al 2024 en el que contempla una
modernización tan necesaria como retardada de la Policía Municipal, con la construcción de un Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) que inevitablemente ocupará una inyección de recursos estatales.
Más allá de las expresiones alegres del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, quien no perdió oportunidad para lanzar sus ya coloquiales frases, Ugalde planteó también la implementación del sistema de justicia cívica; la creación de la Policía Municipal Investigadora y del Sistema Guardián.
Es Guanajuato capital una ciudad con inminentes riesgos a su seguridad. En más de una ocasión la violencia ha tocado a la puerta, además de delitos como la extorsión que hacen el terror en plazas como Celaya y Salamanca. Contener y evitar estos ilícitos son una misión gran calado cuando se depende del turismo.
Por ello, con sus diversas etapas al frente y sus contactos directos en el gobierno estatal, Samuel Ugalde ostenta un cargo que no tiene margen de error en los tiempos aciagos que vivimos.
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