Agripino y la Junta UG: opacidad y control

1.Agripino y la Junta UG: opacidad y control

En una maniobra que consistió básicamente en darle la menor promoción posible a la convocatoria para renovar cuatro asientos de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato (UG), el Consejo General Universitario decidió reelegir a quienes los ocuparon con una mayoría tan insultante, que refleja su debilidad.

Fue un proceso marcado por la máxima opacidad posible; la convocatoria de entrada se publicó ya entrado el mes de diciembre, pero con un lapso de apenas cuatro días en enero para el registro de aspirantes. La definición se tomó el 27 de enero, pero el resultado se publicó hasta el 31, día último de los integrantes que fueron reelectos.

Atrás de esta operación, no hay otro responsable que no sea el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, quien ayer afirmó que fue tan transparente que “hubo participantes”. Los hubo. Ángel Raúl Cruz Hernández y Saúl Manuel Albor Guzmán fueron descartados de plano en el camino, para dejar libre el camino a los cuatro que ya integraban la junta.

Rafael Octavio Romo Aguiñaga, Sergio Jesús Ortega Mereles, Martha Leticia Velázquez Morales y Víctor Luis Muro Salinas, se convirtieron en instrumento de la resistencia al cambio en la cúpula universitaria, pues Guerrero Agripino requiere mantener el control de la junta y, por lo tanto, de la sucesión en la rectoría.

Hay una gran incógnita en las oficinas central de la UG. No hay –como en tantas ocasiones- una figura importante buscando turno para escalar a lo máximo en la casa de estudios. En radiopasillo ha trascendido esa falta de definición que requiere mayor claridad y, sobre todo, dominio de la Junta Directiva.

De entrada, hay una necesidad coyuntural. La demanda social de una mujer al frente de la UG, habrá de ser contemplada y para ello dos cercanas a Agripino son las primeras mencionadas. La Secretaria General, Cecilia Ramos Estrada, y la rectora del campus Guanajuato, Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera.

La primera cuenta con las cartas credenciales y cercanía con el rector, pero carece de arraigo en la UG; la segunda tiene toda la trayectoria en la UG, pero no se ve tan estrecha la relación con el rector.

Lo cierto es que ninguna de las dos es una segura aspirante. Por ello, Guerrero Agripino requería del máximo control posible para asegurarse un terso camino para la renovación de la rectoría, aunque en el camino se sumen más aspirantes afines o no a él, que seguramente aquí le comentaremos.

2. SMAOT cerrado para los verificentros

El año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) a cargo de María Isabel Ortiz Mantilla, celebró el incremento en la verificación vehicular a casi el 40 por ciento de los autos en todo Guanajuato. Todo un logro luego de los acostumbrados 10 a 15 por ciento de años anteriores.

Sin embargo, en una medida desconcertante, esta dependencia decidió sacar de su operación a 51 de los 139 centros de verificación, por la falta de una certificación que, de acuerdo a los dueños de estas concesiones, les cuesta la friolera de 300 mil pesos.

Acción coercitiva o no, estos cierres se ejecutan justo al iniciar el mes de febrero en un momento decisivo para mantener el ritmo de las verificaciones, como parte del primer semestre.

Correo difunde hoy los testimonios de dueños y asociados, quienes afirman estar encontrando puertas cerradas en la SMAOT, sin posibilidad para negociar un requisito que ahora les es planteado como obligatorio y crucial para sus operaciones.

Resulta que los dueños de los centros de verificación están envueltos en un círculo vicioso; no han podido cubrir el costo de la certificación que emite la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y Mexicana de Acreditación A.C (MAAC), porque no han podido operar, pero no pueden operar por la falta de la certificación.

Incluso, la presidenta de la Asociación de Centros de Verificación de Guanajuato, Leticia Juárez Ramírez, desmintió las optimistas cifras de 2022 que SMAOT celebró en comunicados y declaraciones oficiales.

Para el segundo semestre de 2022, la dependencia reportó un cumplimiento del 39.04 por ciento del padrón vehicular, cifra que se habría incrementado en un 10.8 por ciento en comparación con 2021. Sin embargo, la lideresa de los centros verificadores sostuvo que jamás se llega a esas cifras; si acaso entre el 10 y 15 por ciento.

Hay algo que no cuadra entre las operaciones de los verificentros y las posturas de la SMAOT, dependencia que sin duda deberá explicar y argumentar una acción tan tajante como desconcertante.

3. ¿Diego Sinhue al rescate de Carlos García?

La relación de regidores del PAN, Manuel Álvarez Lozano, Érika López Gutiérrez, Rolando Monroy Galván y María Teresa Tello, con el alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, se ha tensado en las últimas semanas por las intenciones de este para que el Municipio presente el servicio de limpia actualmente concesionado a la empresa europea Veolia.

En la misma situación está la regidora -que asumió el cargo respaldada por el Partido Verde y que en julio de 2022 se declaró independiente- María de la Luz Ibarra Valdenegro, quien en cada sesión de cabildo aprovecha para hacerle ver a García Villaseñor los errores que comete en sus pronunciamientos.

Dos de los cinco ediles de Morena le han dado la espalda. Se trata de Juan Arturo Hinojosa Valdovino y de Ruth Elizabeth Granados Arvizu; esta última que a cada oportunidad solía defenderlo a capa y espada ante los regidores oposición. Hoy votan en contra de la mayoría de las propuestas hechas por Carlos García.

Así pues, ante esta tormenta política que en buena medida ha provocado el propio alcalde silaoense, para extrañeza de muchos es el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien le ha salido al quite, al menos, para darle respaldo en sus proyectos.

Incluso trascendió que los regidores del PAN recibieron la petición de Rodríguez Vallejo para apoyar, en la medida de lo posible, las propuestas a Carlos García Villaseñor.

Se trata de una encrucijada para los ediles blanquiazules que guardan silencio, pero no levantan la mano a favor. Sí se paran en los eventos de entrega y arranque de obras, pero casi siempre nada más en aquellos con concurrencia estatal de recursos.

Las bancadas de oposición se negaban a autorizar la donación del terreno para el Banco del Bienestar, pues decían que la entrega de apoyos de programas sociales tenía tintes políticos, pero hasta el gobernador habría pedido que lo aprobaran.

Vaya enredo.

CONTRA RETRATO

RAMÓN ALFARO GÓMEZ

Es uno de los funcionarios estatales que ha vivido más de cerca el histórico repunte en la atracción de inversiones en Guanajuato, en contraste con el rezago educativo y formativo en la mano de obra. Ambos fenómenos que se han atendido de forma paralela, sin un éxito absoluto hasta ahora.

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, desde 2004 su área de especialidad se ha venido desarrollando precisamente en el área de formación laboral, lo que pone en dimensión los datos que ayer ofreció sobre la situación del mercado laboral en Guanajuato.

El también exfuncionario municipal, expuso que actualmente en Guanajuato hay al menos 100 mil personas buscando trabajo, en buena medida por la falta de capacitación y espacios donde puedan vincularse. En contraste, sólo en el municipio de León hay registro de 4 mil vacantes en empresas, sobre todo de calzado.

Se trata de una paradoja que representa la brecha entre el desarrollo económico y la formación de sus trabajadores.

Aunque Alfaro Gómez defendió la recuperación de 20 mil plazas laborales arriba del 2021, según el reporte del IMSS en diciembre de 2022, reducir la brecha entre empleos y mano de obra calificada, no sólo es un reto. También es parte de la promesa de prosperidad ofrecida con esta política