Alejandro Navarro: ¿pero qué necesidad?

CON PARED. Hace una semana se engalló muy mal asesorado y exhibiendo ignorancia del marco jurídico con el que opera el Festival Cervantino, anunciando públicamente que buscaría cobrar al FIC un impuesto sobre espectáculos. Algo inviable cuando el gobierno municipal forma parte de la organización del evento.

AL VACÍO. Fue la respuesta del alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro ante las críticas de agrupaciones civiles y ciudadanos por el respaldo que tenía una dependencia municipal a la organización del concierto de Natanael Cano, cantante de los llamados "corridos tumbados" en el Parque Aguilar y Maya.

RECULAR. Ayer en su cuenta de X, Navarro anunció que el susodicho concierto se pospone "hasta nuevo aviso" y que este jueves, los organizadores ofrecerán detalles.

NADA DE NADA. Es decir, todo pasó. El alcalde compró una polémica y gratuita con la promoción de un concierto que solo acarrearía más críticas que beneficios a la autoridad municipal y de paso, quiso ponerse el traje de gladiador sin saber en la que se metía con los jerarcas del FIC. El cobro de impuestos resulta inviable y el concierto no se realizará.

CASO DISTINTO. El problema es que no será el último concierto de esa naturaleza que pueda tener la promoción de un gobierno municipal. El mismo cantante se va a presentar en León aunque la promoción es de una empresa privada. La autoridad solo genera el permiso del espectáculo. Ya hemos comentado aquí que no es bueno que la autoridad se ponga el traje de censor.

MÁXIMA. Cierto tipo de artistas y música en la actualidad, hacen apología de la violencia y cada día ganan más adeptos. La censura no es el camino. Cada quien consume lo que quiere. El punto es que habrá gobiernos municipales que organicen ferias y de pronto, se conviertan también promotores de esos eventos. ¿Se va a aplicar el mismo rasero para todos?

LA DEL ESTRIBO...

A un mes de que concluya la actual legislatura y a casi 3 años de que el Senado dé a conocer a las 22 personas idóneas para ocupar la vacante en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, se esfumó la posibilidad de que los integrantes de la actual Cámara Alta cubran esa y las otras, casi 50 vacantes que hay en magistraturas de todo el país, incluida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta omisión provocó que de octubre de 2021 a la fecha, en el TEEG se mantenga Alejandro Javier Martínez Mejía, magistrado supernumerario quien acompaña por ministerio de ley a las magistradas Yari Zapata López y Dolores López Loza. Ya quedará para el nuevo Senado que entra el primero de septiembre.

Entre los 22 aspirantes idóneos que siguen con la veladora encendida se encuentran la actual consejera del IEEG, Sandra Liliana Prieto; los exconsejeros Santiago López Acosta y Mauricio Guzmán Yáñez ; también está el exmagistrado David Arzola y el propio Alejandro Martínez quien es magistrado actualmente.

También están en la lista Antonio Macías Pérez, secretario actual de TEEG, así como Patricia Campos y Ricardo Aguilar Torres, secretarios de ponencia de 2 salas.

LAS MUJERES PRESAS POR ABORTAR: A 14 AÑOS DE LA POLÉMICA

Hace 14 años, en 2010, cuando arrancaba el último tercio del gobierno de Juan Manuel Oliva, estallaba en Guanajuato el escándalo por las mujeres presas por abortar, que marcó su agitado sexenio.

Hace 4 años, cuando se discutían 2 iniciativas pro-aborto en el Congreso local, la líder del colectivo, Las Libres, Verónica Cruz (la misma que hace 14 años, encabezaba el activismo) ofrecía un panorama muy claro de lo que había  ocurrido entre 2010 y 2020.

Dijo que Las Libres habían registrado 138 casos de mujeres criminalizadas en el Estado cuyos testimonios fueron recuperados aunque en ese caso, pocos casos llegaron a la cárcel.

En un foro legislativo, comentó que fue en 2010 cuando se dio el caso de las 9 mujeres presas que fueron liberadas tras ser acusadas por homicidio en razón de parentesco.

Cruz Sánchez dijo que el problema de la criminalización del aborto en Guanajuato no está en la procuración y administración de justicia, sino en los hospitales públicos.

Defendió el trabajo de médicos, trabajadoras sociales y enfermeras, que no son los que llaman al Ministerio Público para acusar un presunto caso de aborto, sino que son ciertos prestadores de servicios de salud.

Hoy, en el PAN, hay cosas que han cambiado porque habrá una gobernadora que respeta la voluntad de decidir aunque sigue habiendo otras como Cristina Márquez que se niega rotundamente.

No hay una obligación de homologación o armonización respecto de leyes federales porque la competencia del ámbito federal no toca a los estados, es un tema distinto, es un ámbito de competencia completamente diferente, es federal y los estados continúan con sus legislaciones locales”.

En 2017 años, el entonces gobernador Miguel Márquez respiró hondo luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en contra de las Mujeres (CONAVIM) rechazó declarar alerta de género en Guanajuato.

“Con ley o sin ley las mujeres van a acceder al aborto, pero no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Estado. Sin embargo, nos queda claro que la despenalización social va a ser más rápida para que las leyes restrictivas se eliminen porque ya no van a tener opción”, decía Verónica Cruz.

A una década de aquel caso polémico, el rechazo en Guanajuato desde el sistema PAN se mantiene, aunque el entorno legal ha mejorado por la vigencia de la Norma Oficial.

Tendremos una gobernadora que aplica el sentido común y manda a volar los prejuicios ideológicos de los duros panistas, aunque no han sido erradicados del todo.

GUARDIA NACIONAL, POLICÍAS Y LAS CARTAS QUE GUARDAN SHEINBAUM Y LIBIA

Más allá de las fallas y las insuficiencias que han tenido las policías locales (estatal y municipal) en Guanajuato para contener el crimen y la delincuencia en el estado, está claro que la Guardia Nacional ha estado muy por debajo de las expectativas creadas al arranque de este sexenio y que, concretamente en Guanajuato, su presencia no solo ha sido poco efectiva sino lo más cercano a un fiasco.

Ayer, la titular de Causa en Común, María Elena Morera presentó en el Senado de la República su informe sobre el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, una pieza más para documentar nuestro pesimismo sobre el futuro de la seguridad en México.

No solo es lo que dijo sobre la Guardia Nacional sino lo que en Guanajuato se puede reportar de su presencia y los planes que hay para generar mejores resultados.

La ineficacia de la Guardia Nacional está probadísima. Morera dijo que de acuerdo a cifras del INEGI en su Censo Nacional de Seguridad 2022, ese año la Guardia Nacional con 128 mil elementos logró solo 2 mil 814 detenciones por presunta comisión de delitos.

La cifra es menor a las detenciones que hizo la Policía de Celaya que tiene 600 elementos, dijo la propia Morera quien también habló de la baja de los elementos pues con corte a marzo de este año, había desplegados en el estado 5 mil 394 elementos en el estado, inferior a la reportada en 2020, cuando llegaron a ser 6 mil 855 efectivos los que operaban en Guanajuato.

Y eso, cuando solo se habla del reporte simple de elementos desplegados. No hay referencia por ejemplo a lo que significó en este año electoral, el despliegue de elementos de la Guardia Nacional para cuidar candidatos de Morena, a partir del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía Gisela Gaytán.

El punto es que ese despliegue aún no concluye y solo la autoridad federal sabe cuando porque candidatos electos del partido gobernante en lo federal siguen siendo custodiados por la Guardia.

El informe de Causa en Común es más amplio porque abarca también las implicaciones de la militarización de este cuerpo en México.

Es claro que el modelo ha fracasado en su implementación en los estados. El tema hoy es mirar hacia adelante y preguntar que harán la presidenta y gobernadora electas respectivamente, Claudia Sheinbaum y Libia Dennise García.

La primera de ellas parece querer apostar al continuismo de lo que no funcionó en este sexenio y eso no genera buenas expectativas. En el caso de Libia García, poco se sabe pero tomemos un dato y parece preocupante.

María Elena Morera decía ayer que uno de los pocos signos esperanzadores que tiene la estrategia federal es la apuesta por el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ese que apuesta por el fortalecimiento de las policías locales que incluyan entre sus funciones, las de investigación de delitos.

El problema es que en lo federal, todo se quedó en la letra. En Guanajuato se fue más allá porque aquí se avanzó en una reforma que ya está dictaminada y que reglamenta las facultades de investigación de las policías municipales.

Pero oh sorpresa. La gobernadora electa habría pedido que no se apruebe en el pleno en  el período extraordinario que sigue sin fecha en el Congreso local.

Mientras Sheinbaum y Muñoz Ledo no muestren sus cartas, ni siquiera pueden tener el beneficio de la duda.